El anuncio oficial del marco regulatorio de las pulverizaciones alrededor de las escuelas rurales sería dado a conocer este viernes durante la visita del gobernador a Concordia, donde se hará presente para la inauguración de la Fiesta de la Citricultura, según deslizaron fuentes gubernamentales. La normativa restringiría las aspersiones con agrotóxicos a 100 metros alrededor de los establecimientos educativos en caso de realizarlas de forma terrestre (artículo 1°) y en 200 metros si es aérea (artículo 2°). La pauta sigue los lineamientos sugeridos por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, pero lejos del límite impuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que los fijó en 1.000 y 3.000 metros respectivamente, cuando la Sala Penal ratificó un amparo ambiental interpuesto por Agmer y el Foro Ecologista.
El decreto ya estaría firmado por estas horas, y comenzó a circular por WhatsApp entre algunos representantes de la Mesa de Enlace que integran a la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina. Fue filtrado para calmar los ánimos, ya que los ruralistas se mostraron molestos con la demora de esta medida que es mucho más benévola para la práctica de cultivos con agroquímicos. Esta vía de regulación del Ejecutivo había sido una promesa del gobernador Gustavo Bordet que procuró cuando el pasado 23 de noviembre fue abordado por los gremios del campo en Gualeguaychú.
Antes, el 9 de noviembre, la Mesa de Enlace se había reunido a la vera de la Autovía 14 en una asamblea tras la cual anunció una movilización a Casa de Gobierno, en resistencia al fallo judicial. Luego dieron marcha atrás con la protesta a raíz de que el mandatario entrerriano les adelantó la idea del decreto. Ahora, si no median imprevistos, la noticia con los detalles de la letra reglamentaria se conocerían en la apertura de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura, que se realizará en la noche de este viernes 7 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte de la ciudad de Concordia.
Además de fijar en 100 y 200 metros las limitaciones a las fumigaciones, el decreto establecería una serie de “buenas prácticas agrícolas” que planteó Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos cuando fue convocada a dar su opinión por la Secretaría de Producción. Entre los consejos está el extremar medidas de seguridad respecto a la deriva, tales como efectuar las aplicaciones con la presencia de un asesor técnico “y en horarios de contra turno escolar o días no lectivos” (artículo 4°). También dispone que la receta agronómica cuente con especificaciones de “velocidad y dirección del viento” (artículo 5°) y que los propietarios o arrendatarios del campo que sea intervenido comunique 48 horas a “Junta de Gobierno o destacamento policial más cercano” de las pulverizaciones que tenga alcance la reglamentación (artículo 6°).
Antecedentes
La gran controversia por las fumigaciones comenzó por un pedido de amparo ambiental realizado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista Paraná para impedir que sigan siendo afectadas las comunidades educativas suburbanas entrerrianas. El 1 de octubre la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a la solicitud de las demandantes. El magistrado ordenó el cese de fumigaciones con pesticidas imponiendo los límites de 1.000 y 3.000 metros y además condenó al Estado Provincial a que en un plazo de dos años implante “barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”, así como “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Tras este fallo de Benedetto, el 6 de octubre, la Fiscalía de Estado apeló ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ. El Ejecutivo entrerriano pidió “la revisión total de la sentencia impugnada, que establece una superficie de exclusión sin haber tenido en cuenta ni haber valorado la cantidad de hectáreas que quedan improductivas a raíz de la medida tomada por el juez de primera instancia. Es decir que ello es inviable por arbitrario e infundado”, sostuvo el fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori.
Luego, el 30 de octubre con el voto de Miguel Ángel Giorgio, al que se le sumó el de Daniel Carubia, y la oposición de Claudia Mizawak, la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ admitió el amparo ambiental interpuesto por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas. Así, con alusiones a la falta de control estatal y la ausencia en la Legislatura de un acuerdo sobre la regulación en la materia, el Superior Tribunal de Justicia dejó firme la sentencia de Cámara.
Posteriormente, en lo que hasta ahora es la última instancia judicial, el 14 de noviembre la Fiscalía de Estado presentó un pedido de recurso extraordinario ante la Sala Penal del STJ para que se habilite el camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Gobierno aspira que sea en el ámbito federal se pueda resolver el contrapunto de las limitaciones. Pero como mientras tanto el STJ aclaró que no rigen los efectos suspensivos del amparo con la presentación del recurso extraordinario, es que surgió de forma más firme la vía del decreto para sortear el mandato judicial.
Las entidades rurales apuraron esta vía al calor de haber iniciado ya las campañas con maíz, sorgo, girasol y soja, lo que se conoce como granos gruesos. El Foro Ecologista, por su parte, adelantó que “un decreto iría en contra de la orden judicial que reconoce que no existe la protección necesaria de estudiantes y docentes de escuelas rurales ante las fumigaciones”, y que llegado el caso acudirán a la Corte Suprema de Justicia “y donde sea necesario en defensa de este amparo que es fruto de la lucha de entrerrianos y entrerrianas”, anticiparon.
De la Redacción de ERA Verde