Representantes de dos organizaciones ambientales se presentaron este martes en la Justicia para solicitar “se investigue la probable comisión de los delitos de desobediencia judicial y/o incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, al registrarse importantes movimientos de tierra para la construcción de una muralla al margen de la ruta nacional 174 que une Victoria con Rosario. Las ONG señalan que se estaría infringiendo la resolución del Juzgado Federal 2 de Paraná que determinó “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en esa zona de humedales.

 

Las entidades Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, que obtuvieron una resolución favorable en la Justicia ante la promoción de una acción de amparo para la recomposición del daño ambiental producido por las quemas de pastizales, recurrieron nuevamente hoy a tribunales. En la presentación denunciaron la violación de la medida dispuesta por el juez Federal 2 de Paraná, Daniel Alonso, donde el 1 de julio pasado dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado”.

 

La presentación se efectuó a raíz que este 21 de agosto fuera detectada intensa actividad en un terreno al margen de la traza que une la provincia con Rosario, entre el kilómetro 43 y 44, tal como informó ERA Verde. Allí se pudo observar a una retroexcavadora levantando tierra y acondicionando un paredón de contención a un sembrado que podría ser de soja.

 

Las demandantes plantean que esta acción infringe lo dispuesto por el magistrado quien mandó poner en marcha un plan capaz de prevenir nuevos focos ígneos y que se identifiquen posibles amenazas que abarca la prohibición para levantar “diques y terraplenes de cualquier naturaleza”, según se precisó.

 

En el escrito de este martes, se aludió las autoridades notificadas de la medida cautelar de Alonso, no han aportado en el expediente “algún dato o información sobre estos hechos de los que dan cuenta los medios de comunicación  y evidenciando controles totalmente ineficaces para evitar esta degradación ambiental”.

 

Se recuerda asimismo que “el pasado 29 de abril, se dictó la ‘suspensión de toda obra y/o construcción y/o actividad que se estuviera llevando a cabo hasta tanto se dé cabal cumplimiento a la legislación ambiental vigente’ del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Nº 10.479 y de impacto ambiental decreto Nº 4977/09”, por disposición de la Subsecretaría de Ambiente de Entre Ríos.

 

“Lejos de cumplir con la clausura administrativa y violando la medida cautelar vigente, estas obras ilegales que tienen como fin la construcción de terraplenes y canalizaciones para realizar prácticas de ganadería, agricultura, o incluso emprendimientos inmobiliarios, todas actividades ilegales que causan daños irreparables al ecosistema de humedales”, plantearon en la denuncia, al tiempo que apuntaron que los hechos se podían observar a simple vista.

 

Por lo expuesto, se solicita a la Justicia que ordene la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval; establezca sanciones a los funcionarios que incumplan al orden judicial; “se remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la probable comisión de los delitos de desobediencia de la orden judicial (art. 239 CP) y/o incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, y en uso de las facultades de la Ley General del Ambiente Nº 25.675 “disponga todas las medidas necesarias para proteger el interés general que se encuentra seriamente afectado por los hechos denunciados”.

 

De la Redacción de ERA Verde