La coordinadora contra los agrotóxicos reiteró su convicción sobre la vigencia del amparo ambiental mediante el cual la Justicia entrerriana prohibió las pulverizaciones terrestres a menos de 1.000 metros de las escuelas rurales y en 3.000 metros en caso de efectuarse de forma aérea. Ante la publicación en el Boletín Oficial de un decreto del Ejecutivo que fija distancias menores, advirtió que recurrirá a los tribunales en caso de que se detecte un incumplimiento del fallo judicial. Exigen una ley sobre agroquímicos.

 

El 2 de enero pasado se publicó finalmente el decreto N° 4.407/18. La reglamentación del Gobierno entrerriano establece una restricción a las fumigaciones alrededor de los establecimientos educativos. Fue como correlato de una sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que hace lugar a un amparo interpuesto por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista Paraná, para preservar la salud de estudiantes y docentes que se ven expuestos a las aspersiones con agrotóxicos. Pero el Ejecutivo fijo distancias menores a las que estableció el STJ para evitar el problema: 100 y 500 metros, respectivamente. Además, reguló una serie de medidas conocidas como “buenas prácticas” agrícolas, para extremar los cuidados.

 

Ahora, con la entrada en vigencia del decreto, ambientalistas y otras organizaciones sociales agrupadas en el colectivo “Basta es Basta”, emitieron un comunicado donde se preguntan si efectivamente el decreto firmado por el gobernador Gustavo Bordet cumple con lo dispuesto por el Superior Tribunal. “Recordemos que la Justicia estableció una protección provisoria de 1.000 y 3.000 metros de las escuelas rurales hasta que la Provincia sancione una ley de regulación de agroquímicos que garantice la preservación del interés superior de niños niñas y adolescentes y la protección de su salud”, plantearon. En este sentido señalaron que “la norma exigida debe fundamentar las distancia de las pulverizaciones mediante aval científico, estudios epidemiológicos y de salud”, y tanto en la Legislatura, como por decreto, “nada de eso ocurrió”, fustigaron.

 

La coordinadora apuntó que “Bordet, con su decreto, redujo las distancias en base a una simple resolución ministerial sin control alguno, un conjunto de ‘buenas prácticas’ que niega las derivas secundarias y ensaya con agua, establecidas para fingir el cumplimiento de normas ambientales que el estado jamás verificó. Ni a 50 ni a 100 ni a 1,000 metros”, reclamaron.

 

Vuelta a la Justicia

 

Desde Basta es Basta, por último, reiteraron “la plena vigencia de la sentencia de nuestro máximo tribunal que no puede ser contrariada por un decreto del Poder Ejecutivo”, y que “cualquier incumplimiento será denunciado en la causa”. Por otro lado, adelantaron que realizarán “presentaciones judiciales pertinentes para que se determine la improcedencia e invalidez del decreto del gobernador”.

 

En diálogo con ERA Verde, la abogada del Foro, Aldana Sasia, confirmó que ante la primera denuncia de infracción de los límites impuestos por el STJ, promoverán una acción por ejecución de sentencia. Sasia reafirmó que “en ningún lugar del mundo” un decreto puede contradecir una decisión judicial. También reafirmó que el Foro concurrirá a la reunión pautada para el 15 de este mes en la Secretaría de la Producción, al espacio abierto para discutir la promoción y transición hacia producciones agroecológicas en Entre Ríos. Irán, dijo la letrada, con el único objetivo de plantear el cambio “la matriz productiva provincial de agricultura industrial hacia una agricultura solidaria de agro ecología”.

 

De la Redacción de ERA Verde