La Coordinadora provincial Por una Vida sin Agrotóxicos Basta es Basta se expresó contra el proyecto de ley que habilita la siembra en las banquinas. “Rutas seguras son sin agrotóxicos: Rechazamos la privatización y fumigación en banquinas”, sostuvieron en un comunicado dado a conocer este lunes. El colectivo socio ambiental planteó que la posibilidad de otorgar estos permisos significaría un retroceso “de justicia social y ambiental”. También manifestaron la necesidad de que Entre Ríos adhiera a la Ley Yolanda de capacitación a empleados públicos en materia ambiental. Desde la Coordinadora señalaron a ERA Verde que “el contacto con los legisladores está siempre está abierto” para el intercambio.
“En un nuevo intento por ampliar la legalidad de los envenenamientos masivos, nuestra legislatura intentará este martes 14 de diciembre aprobar un proyecto de ley que habilita la fumigación con agrotóxicos en las banquinas de nuestras rutas y caminos (Proyecto 24501)”, denunciaron desde el colectivo Basta es Basta. En un comunicado dado a conocer hoy, se criticó el tratamiento de la iniciativa que impulsa el diputado Néstor Loggio (Frente Grande–Creer) en donde se plantea el uso productivo de los márgenes provinciales. Estos espacios considerados de “dominio público”, y son regulados pon la Ley provincial Nº 9.358, pero la misma no nunca fue reglamentada. Tal como anticipó ERA Verde, esta cuestión vuelve a plantearse con el tratamiento del marco normativo denominado “Forestación de rutas provinciales en sus márgenes y zonas adyacentes”. La iniciativa cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se analiza en el Senado, y en su artículo 11º otorga potestades extraordinarias a la Dirección Provincial de Vialidad para licitar la siembra en las banquinas.
Desde el Basta se apuntó a que “las banquinas son los miles de metros cuadrados públicos donde la biodiversidad resiste el embate de las fumigaciones con agrotóxicos. Pretender ocuparlas también con monocultivos contaminantes significa condenar a muerte nuestros suelos, nuestras aguas y lo que nos queda de biodiversidad junto con nosotrxs. Significaría además viajar rodeados de venenos, envenenar incluso los árboles nativos que justificaría la ley, contribuir finalmente a empeorar el cambio climático que se pretendería disminuir y un nuevo acto de privatización de lo público en pocas manos”.
Se indicó también que “esta ley retrocede en términos de justicia social y ambiental. La provincia habilitó la fumigación en banquinas en el año 2004 mediante Ley 9.583. Nunca fue reglamentada y su ejecución se ha llevado en forma desordenada y caótica. En buen tino, el Senado en 2014 con un dictamen donde se alega ‘la posible afección a la salud humana provocada por las fumigaciones que necesariamente ocurrirían’, intentó poner freno a estas prácticas nocivas (proyecto de los legisladores Natalio Gerdau (PJ-Gualeguaychú) y de César Garcilazo (PJ-Victoria). Dato importantísimo es que esta práctica ha sido prohibida a nivel nacional; para caminos y rutas Nacionales; como asimismo muchas provincias, en forma paulatina la han profundizado; prohibiendo este tipo de práctica a los fines de garantizar la seguridad vial y fundamentalmente conservar los pocos corredores biológicos que cumplen la esencial función de ser fitodepuradores con los que contamos; sin dejar de mencionar la importancia fundamental como fuente de alimento para los polinizadores. Asimismo debemos resaltar que las banquinas son tierras de dominio público provincial y por tal carácter cualquier fin que se les designe, debe ser en pos de beneficios colectivos y no un acto más de privatización de lo común”, agregaron.
INSTANCIAS PENDIENTE
En diálogo con ERA Verde uno de los voceros del Basta es Basta, Facundo Scattone Moulins, explicó que la intervención pública surgió por la necesidad de “la construcción de leyes dialogadas con las comunidades y la organizaciones que venimos trabajando. La Ley de Banquinas tiene esa falta por un lado, y la Ley Yolanda está dormida en Diputados la adhesión, y eso que son diputados del oficialismo quienes han hecho el proyecto. Entonces la postura al diálogo está”, sostuvo.
Respecto a la Ley Nacional Yolanda Nº 27.592, de capacitación en materia ambiental a trabajadores de los tres poderes del sector público, desde el Basta manifestaron la preocupación ante la falta de adhesión provincial. “La provincia intenta aprobar su propia ley sobre Capacitación ambiental (Expediente: Nª 24309); pero adherir a la nacional es medular atento a la importante plataforma y contenido que se está trabajando desde Nación; contenidos consensuados por organizaciones de todo el país, en foros democráticos de debate, que enaltecen a la institucionalidad democrática. Sería de gran valor para la provincia contar con ese respaldo como asimismo poder ser incluidos en los programas a desarrollarse; más aun siendo Entre Ríos una provincia tan fumigada, la educación que propicia la Ley Yolanda es fundamental para cambiar el modelo que nos enferma”, afirmaron.
Finalmente, las organizaciones socio ambientales celebraron “la iniciativa de forestar las banquinas con vegetación nativa acorde al lugar”, pero plantearon “prohibir la actividad productiva en estas zonas; y adherir en forma expresa a la Ley Yolanda”, según lo expresaron en representación y “el reclamo de más de 25 asambleas provinciales que trabajamos en forma conjunta, por un Entre Ríos más justa a nivel ambiental y social”.
De la Redacción de ERA Verde