Las comisiones del Senado provincial abordarán una cargada agenda de expedientes. Entre los proyectos con media sanción provenientes de Diputados se encuentra el que habilita la siembra en las banquinas que ya en las primeras discusiones ha sido observado, pudo averiguar ERA Verde. También se discutirá la capacitación ambiental para empleados públicos, aunque Entre Ríos no adhirió todavía a la Ley Nacional Yolanda N° 27.592 que establece las directrices en este sentido.  Y una iniciativa del ex diputado Pedro Ángel Báez (PJ), que planteó crear una figura jurídica inexistente en el Código Civil de la Nación para proteger a los animales domésticos. Pero el texto tendrá modificaciones y volverá a la Cámara Baja, según trascendió.

 

La Cámara de Senadores de Entre Ríos tendrá un intenso trabajo este martes 14 de diciembre. Los representantes por los departamentos se reunirán en las comisiones de Legislación General; de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que desarrollarán actividades con vistas a la sesión del miércoles 15.

 

A las 8:30 del martes, según se anunció oficialmente, en comisión Legislación General del Senado se tratará el Expediente N° 22.709 referido a un proyector de protección integral animal. La iniciativa, que fue elaborada por el ex diputado y ministro de Cultura, Pedro Ángel Báez, tiene por objeto “proteger  dentro  del  territorio  de  la Provincia  de  Entre  Ríos  a  los  animales  domésticos  o  domesticados,  con  especial  énfasis  a  los caninos  (perros),  felinos  (gatos)  y  equinos  (caballos)”, y quedando “expresamente  excluidos  los animales  de  la  fauna  silvestre”, que son alcanzados por leyes nacionales a tal efecto, se indica en el artículo 1º.

El cuerpo normativo de Báez viene aprobado por la Cámara Baja, pero cierto articulado ya ha sido puesto bajo la lupa entre las primeras discusiones de la comisión. “Tendrá modificaciones y vuelve a diputados en revisión”, adelantaron fuentes legislativas a ERA Verde. En este orden, se explicó que el año pasado cuando comenzó a tratarse, se observó que la letra tal como llega está reñida con el Código Civil de la Nación, y esto le fue planteado a las asociaciones proteccionistas que impulsaron la norma.

 

Resulta que el proyecto de Báez plantea en el artículo  2º, que se declare “de  interés  público  provincial  la  protección  de  todas  las  especies de  animales  como  sujetos  de  derecho  no  humanos  e  integrantes  esenciales  de  la  naturaleza”, un figura que no existe en el marco jurídico argentino. Esta declamación se realiza a los efectos que “los  habitantes  de  la  provincia  tienen  la  obligación  de  protegerlos  en  su  salud  y  bienestar,  así como  el  deber  de  observar  los  derechos  de  los  seres  vivos  animales  y  hacer  respetar  el cumplimiento  de  la  presente  Ley”.

 

Según pudo saber ERA Verde, la ley conservaría el espíritu aunque se le corregiría la mala letra. Así, el Estado provincial conservaría la promoción de acción para «la salud de los animales domésticos, asegurándoles, según la especie y determinadas formas de vida, las condiciones adecuadas para su existencia, higiene, salud y bienestar general. Asimismo, emprender acciones para erradicar el maltrato y de los actos de crueldad animal, entre los que se encentra la prohibición de “la  tracción  a  sangre  de  animales  de  carga,  tiro  o  labor  en zonas  urbanas,  cuando  su  finalidad  sea  la  explotación  económica” (artículo 18º).

 

A LA BANQUINA

Por otro lado, a las 10 de la mañana está citada la comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción para trabajará un proyecto del diputado Néstor Loggio (Frente Grande–Creer), que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, cuyo objeto es fomentar la forestación de la zona de camino de las rutas provinciales en sus márgenes y adyacencias. La idea es promover el impacto positivo de la vegetación nativa como elemento de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, respetando las normas en materia de diseño vial y seguridad.

 

La norma, se indicó, será aplicable “en la zona de camino y márgenes de las rutas provinciales, municipales, comunales y las concesiones viales de la provincia” y la autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Vialidad.

 

Pero la cuestión aquí es el artículo 11º del proyecto de Loggio (expediente N° 24.501), autoriza a Vialidad “a  otorgar  permisos  precarios,  onerosos  e  intransferibles  de  uso  de los  márgenes  y  las  zonas  adyacentes  de  las  rutas  y  caminos  provinciales,  mediante  concursos públicos  de  proyectos  integrales  de  utilización  productiva”. La contradicción de este punto con los propósito de la normativa es que el uso para siembra de las banquinas científicamente está comprobado atenta contra la diversidad vegetal. El proyecto así como está también ha tenido “varias observaciones” en el anterior tratamiento en comisión, por lo que se invitaría a la secretaria de Ambiente provincial, Daniela García, a tratar de aclarar algunas cuestiones.

 

LEY YOLANDA PENDIENTE

Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación en 1973.

Luego de analizar estos proyectos, en el orden del día figura una iniciativa del diputado Julio Solanas (PJ-Creer) que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Entre Ríos (expediente N° 24.309).

 

Para abordar estas temáticas estarán invitados a la comisión la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela García, y el director de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc.

 

Respecto de la capacitación, se indica que los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la economía circular, a la eficiencia energética y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente.

 

Igualmente se señala que la Secretaría de Ambiente provincial, que será la autoridad de aplicación de la norma, deberá difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los poderes del Estado provincial.

 

Pero aquí la cuestión con la iniciativa de Solanas es que ha pasado por algo la normativa nacional sancionada a tal efecto el 17 de noviembre de 2020. Se trata de la Ley N° 27.592 conocida como Ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz, doctora en Química y primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina cuando fue creada en 1973 por el entonces presidente Juan Domingo Perón.

 

La Ley Yolanda apunta a una capacitación en materia ambiental de las y los trabajadores de los tres poderes del sector público. Entre sus objetivos tiene el garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático.

 

Entre Ríos es una de las pocas provincias en la Argentina que no adhirió aún a la Ley Yolanda.

 

 

De la Redacción de ERA Verde