Ingresó en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Paraná un pedido de la Asociación Amigos de la Montería Criolla y otros clubes de caza para que se modifique la Resolución Nº 888 con la cual al Dirección de Recursos Naturales habilitó la temporada de caza menor en Entre Ríos. La solicitud de las organizaciones se funda en que la normativa permite que se pueda realizar la actividad cinegética solamente en cotos y a través de empresas de turismo aventura. Esta privatización de la actividad, se indicó, lesiona “a la igualdad de derechos” de quienes adecuándose a la normativa históricamente lo hacen en todo el territorio. De acuerdo a lo informado a ERA Verde, la Justicia dio ingreso a la petición y giró actuaciones a la administración de Gobierno.

 

Este lunes trascendió que el 1 de junio pasado, la Asociación Amigos de la Montería Criolla, el Club de Caza Mayor y Menor y Tiro Conservación de Tierras de Palmares, la Asociación Reguladores de Mamíferos Exóticos Invasores y Federación Santafesina de Caza y Tiro Deportivo, presentaron una acción de amparo colectivo que fue recepcionado en el juzgado a cargo de Juan Carlos Coglionesse. En el mismo las entidades cinegéticas plantean que se modifique la Resolución Nº 888 de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos donde establece la temporada de caza deportiva menor para el año 2023, en el lapso que va del 19 de mayo hasta el 27 de agosto del corriente año. La discusión se centra en que la medida administrativa establece que podrá desarrollarse exclusivamente en establecimientos de turismo aventura inscriptos en la Dirección General de Fiscalización. La medida ratifica las medidas de exclusión en cuanto a áreas naturales y sitios protegidos, así como restringe a que se puedan matar liebre, perdices y patos Pampa, Bicolor, Picazo y Barcino.

 

Las organizaciones cinegéticas señalan que tal y cual está redactada la norma se lesiona el bien colectivo de “cazadores entrerrianos, santafesinos y argentinos en su conjunto, que se ve profundamente afectada por la discriminación y condicionamiento dispuesto por la Resolución nº 0888/2023”, según se describe en el expediente al que tuvo acceso ERA Verde.

 

Por estas razones, los clubes de caza piden que “se habilite la Caza Deportiva Menor en todo el territorio provincial, atento que dicho acto administrativo, lesiona a todos los sectores, no solo a los privados propietarios de campos, sino todos las personas que realizan la caza adecuándose a la reglamentación, pero como fuera expresado la resolución administrativa, realiza una lesión a la igualdad de los derechos, pues por ello consideramos que se habilite la caza menor en las condiciones que históricamente se hizo y no solamente dentro de los establecimientos de turismo aventura inscriptos”.

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De este modo, el 1 de junio, el juez Coglionesse mandó inscribir la presentación dentro del registro de procesos colectivos y libró oficios al efecto. Entre estas medidas, se solicito al Gobierno de Entre Ríos que en términos de siete días a partir de la notificación, expida “un informe circunstanciado sobre la exactitud de los hechos denunciados, dando, en caso afirmativo las razones en que fundan su actitud, haciéndosele saber que en el expediente digital obra la correspondiente documental y que la recepción del mandamiento importa el traslado de la demanda y la oportunidad de ser oída. En el mismo plazo se le requerirá la remisión de toda la documental relacionada con los presentes autos”.

 

De la Redacción de ERA Verde