El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martín, resolvió hacer lugar al pedido de la empresa El Mapuche SRL para retirar un cargamento de cereales de la zona insultar del departamento Gualeguay. Se trata de 730.000 kilos producidos en un lote ubicado en Islas de las Lechiguanas, frente a Ramallo, provincia de Buenos Aires. Es un campo denunciado porque allí la cerealera levantó terraplenes, bloqueó arroyos y fumigó con agrotóxicos, algo totalmente prohibido en el lugar. Por este caso, en 2020, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, dispuso un cautelar sobre todo el Delta del Gualeguay, ordenó sacar toda la maquinaria y prohibir su nuevo ingreso al humedal. Pero con lo producido adentro, el año pasado se comenzó a gestionar el traslado desde las islas. En el expediente también intervino la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quien pidió que la firma presente la documentación que avale la propiedad de lo que quiere comercializar y que el dinero por el usufructo pase a disposición del Juzgado Federal Nº 1. El magistrado de Victoria rechazó estos requerimientos. De acuerdo a lo que trascendió a ERA Verde, esta medida cayó muy mal en las entidades socio ambientales que trabajan en la zona, ya que consideran que se “avala comercializar una cosecha obtenida infringiendo la ley”.
Se conoció esta semana que el juez Federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martin, finalmente hizo lugar a la solicitud del gerente de Mapuche SRL, Fabio Ernesto Di Fonzo, para que la empresa ingrese con un tractor, una extractora de cereales silo bolsa y una tolva autodescargable a bordo de las embarcaciones “Flecha Misionera” y “Pa’ Qué Tanto” a un lote en Islas de Las Lechiguanas y retire “la cosecha que se encuentra en el inmueble objeto del litigio principal”. ¿Y cuál es el pleito? El asunto es que Mapuche SRL, para realizar la explotación agrícola en ese terreno de unas 4.000 hectáreas en el Delta entrerriano, levantó un terraplén de 12 kilómetros de extensión, con el cual taponó los drenajes naturales y cerró el acceso al Zanjón de Gregorio. Además, para sostener el proceso productivo transportó hasta el lugar, por el río Paraná, material altamente tóxico para fumigar un perímetro de unos 25 kilómetros donde sembró maíz.
Esta situación fue denunciada por las asociaciones civiles Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Cuenca Río Paraná y el Foro Medio Ambiental. Y el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, admitió un amparo ambiental colectivo a fines de noviembre de 2020. Alonso dispuso además “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el ambiente” en todo el Delta del Gualeguay, extendiendo las medidas precautorias sobre el Delta que ya regían sobre el área del departamento Victoria.
Sobre el caso puntual, el magistrado del Juzgado 2, resolvió el retiro del territorio insular “de todas y cada una de las maquinarias con capacidad para realizar movimientos de suelo (retroexcavadoras, palas, motoniveladoras, tractores duales, etc) o aplicar agroquímicos y/o herbicidas y/o plaguicidas y/o cualesquiera otras sustancias toxicas” de todo el territorio de las Islas De Las Lechiguanas., elementos estos que de existir deberán ser retirados en el mismo plazo”. Y específicamente a los gerentes de El Mapuche SRL, Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, solicitó un inventario detallado de sus vehículos pesados, prohibiéndoles “ingreso de nuevos equipos o máquinas agrícolas y/o viales”, tal como informó oportunamente ERA Verde.
LAVADO DE ACTIVOS
A raíz de este expediente judicial, el maíz sembrado quedó en las islas de Gualeguay sin poder retirado por la limitación al uso de maquinaria pesada, por lo cual en septiembre de 2022 los dueños de El Mapuche SRL comenzaron a gestionar su traslado para poder venderlo, que es lo que resolvió autorizar el Juzgado Federal de Victoria, que tiene ahora jurisdicción sobre las medidas cautelares sobre el Delta.
La cantidad de maíz que se pretende movilizar se estima en 730 toneladas, para lo cual se deben utilizar uno 6 grandes bolsones en lo que se dividiría la carga. El operativo demandaría aproximadamente 10 días, “dependiendo de la condición climática, y que el destino que se pretende es cargarlo para su posterior entrega a acopio y venta”, se especificó en el detalle en el expediente al que accedió ERA Verde.
En la resolución Martín también le hace saber a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que deberá evacuar por otras vías las solicitudes que expresaron al respecto. Esto es porque el organismo estatal argentino encargado prevenir e impedir el lavado de activos producto de una serie de delitos considerados graves, pidió que la firma agrícola presente la documentación que avale la propiedad de lo que quiere comercializar, y que el dinero por lo vendido pase a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná.
El juez de Victoria entiende que el “requerimiento de la UIF para que el producido por la eventual venta del cereal sea puesto a disposición del Juzgado Federal de Paraná N° 1, corresponde señalar que no se advierte la existencia de restricción judicial alguna en autos principales, en el presente incidente, ni en la causa criminal”. Y tampoco lo observa en el trámite que desencadenó todo este expediente “ante la Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Paraná N° 1, que impida, restrinja o limite la movilidad de los granos indicados en el objeto de la petición”.
En relación a la petición de requerir “documentación que avale la titularidad de la cosecha y su tonelaje”, Martín también “improcedente, por ser innecesaria en esta instancia”, señala en el punto VIII de la resolución.
La autorización del juez de Victoria no fue bien recibida por las entidades litigantes. De acuerdo a lo que pudo conocerse extraoficialmente, no avalan la autorización “a sacar y comercializar la cosecha obtenida ilegalmente en el Delta del Paraná”, se apuntó a ERA Verde. “Se está permitiendo además que la operación no tenga el control estatal adecuado”, se observó.
De la Redacción de ERA Verde