La Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay inició una campaña para reinstalar el debate público por los límites a las pulverizaciones con agroquímicos en Entre Ríos. En este orden, lanzaron una invitación a quienes tengan carga pública por sus funciones a que se sometan a estudios de sangre y orina para determinar el nivel de contaminación con agrotóxicos en el cuerpo. La propuesta se suma a un pedido de mesa de diálogo al gobernador para abordar la problemática de las distancias mínimas de protección para realizar aplicaciones. “En principio exigimos los 1.100 metros” que ya han señalado los organismos científicos, anticipó Daniel Ballester a ERA Verde. El integrante del colectivo socio ambiental también planteó que evalúan lanzar una consulta popular para que, frente a la evidencia de los daños provocados, la ciudadanía tome postura al respecto.
EL STJ rechaza revisar su fallo que convalida la ley que permite fumigar a 10 metros
A través de redes y distintos medios de comunicación, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay dio a conocer la iniciativa que los principales responsables del Ejecutivo entrerriano, legisladores y funcionarios judiciales se presten a análisis de sangre y orina para determinar en qué grado presentan pesticidas en sus cuerpos. La idea nació a partir de la investigación que llevó adelante la técnica Virginia Aparicio, quien registró altos niveles de plaguicidas en la población. La profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es víctima de la censura y persecución por su trabajo que da cuenta que el 84% de las personas analizadas presentaron presencia de glifosato en las muestras de orina. Este estudio forma parte un proyecto internacional, el de Transición Sostenible de Protección Vegetal (Sprint), que en la Argentina también arrojó datos donde los evaluados presentaron en su organismo un promedio de entre 6 a 13 plaguicidas distintos de un preocupante «cóctel químico».
“Hay antecedentes científicos documentados y suficientes como para decir en voz alta que nos siguen envenenando”, lanzó Ballester en diálogo con ERA Verde. El integrante de la Asamblea Ambiental refirió que los análisis podrían ser coordinados por Damián Verzeñassi, reconocido profesional que coordina los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La idea es que se lleve adelante una estadística, sin identificar a quienes se realicen los análisis. “Estamos instalando en los medios y redes la posibilidad de pedirle a los funcionarios más jugados en promover el achique de las distancias de fumigación”, desafió el activista.
Ballester criticó las actuales distancias mínimas que fija la Ley de Buenas Prácticas de Fitosanitarios 11.178 que permite fumigar a partir de los 10 metros de las viviendas si se utiliza drone, algo que recientemente avaló el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ante una acción de amparo ambiental llevado adelante por vecinos y una familia del departamento Diamante. Este límite contrasta con los propuestos por el Campamentos Sanitarios de la UNR, que señaló que deberían aplicarse a partir de los 1.100 metros, señaló el asambleísta.
“También (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) Conicet afirmó que en el lecho del rio Paraná hay glifosato. ¿Y en los peces también? Son los mimos pescados que se venden en Puerto Sánchez (de Paraná) y la costanera de la ciudad de Rosario. El ingeniero Eduardo Cerda también sostiene que la deriva (de agrotóxicos) ha llevado este spray contaminante a la Antártida”, agregó.
MESA DE DISCUSIÓN
Ballester confirmó a ERA Verde que la Asamblea ya definió el texto de la carta dirigida al gobernador Rogelio Frigerio con esta propuesta. “Veremos qué responde”, apuntó, al tiempo que subrayó que “lo más importante es que pedimos una mesa de diálogo para saber a ciencia cierta cuál es su posición con respecto al tema. En principio exigimos los 1.100 metros” para las pulverizaciones terrestres. “Planearemos el grado de no coherencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) porque hay fallos –como el emblemático de la Escuela N° 44 «República Argentina» de Colonia Santa Anita (departamento Uruguay, Entre Ríos)–, con condena firme a productores que fue ratificado por el STJ. ¿Pero ahora aplica achicando las distancias según lo estable la ley provincial 11.178? Claramente se retrotrae”, fustigó el ambientalista.
Por último, arengó a que se revean estas posturas. ¿Qué pasa si promovemos una consulta popular para que, a partir de las altas estadísticas de contaminación, exigimos se prohíba el glifosato en Entre Rios?”, cerró.
De la Redacción de ERA Verde