El Gobierno de Entre Ríos anunció que juntos algunas instituciones de la sociedad civil se encuentran elaborando un protocolo de actuación ante aplicaciones de agroquímicos cerca de establecimientos educativos suburbanas.

 

La redacción final del documento de cómo actuar ante las aspersiones con agrotóxicos se daría a conocer en poco tiempo, se indicó oficialmente.

 

De acuerdo al parte de prensa gubernamental, trabajaron en el Protocolo representantes de distintas áreas del estado provincial, gremios docentes y otras instituciones. “El documento fue elaborado en diversos encuentros que se dieron en el marco de la comisión paritaria de infraestructura escolar, donde hicieron aportes los distintos sectores”, se detalló.

 

De las reunieron participaron referentes del Consejo General de Educación (CGE), el vocal del organismo educativo, Gastón Etchepare, quien presidio los encuentros, la vocal gremial del CGE, Perla Florentín; la referente del de programa provincial de educación ambiental, Cristina Martinéz; miembros de la Secretaria de Producción; de la Secretaria de Ambiente; del Ministerio de Salud; de la Policía y Policía Rural de Entre Ríos; de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos(Agmer); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA); del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (CoPAER); de Bolsa de Cereales y del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos.

 

Como se recordará, el Foro Ecologista Paraná junto a Agmer han presentado un pedido de amparo ambiental para restringir las fumigaciones en un radio de 1.000 metros a las escuelas en caso que sean terrestres y 3.000 en las aspersiones aéreas. Esta demanda está siendo analizada por el Superior Tribunal de Justicias de Entre Ríos.

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Guía

 

Desde el Consejo General de Educación se informó que en la quinta reunión se terminó de consensuar el protocolo de actuación y denuncia ante un caso de aplicación con agroquímicos en las adyacencias de las escuelas rurales.

 

“Para la elaboración del documento se escucharon todas las voces de las instituciones y sectores involucrados, y se constituye como una guía con pasos concretos de cómo deben actuar las autoridades de los establecimientos educativos a los efectos de resguardar las pruebas; y documentar el caso debidamente con el objetivo de visibilizar una problemática que debe ser tratada atendiendo los derechos de salubridad y seguridad de la comunidad educativa. Estableciéndose, además, estrategias para el seguimiento, del efecto en la salud, de las personas expuestas a algún caso de aplicaciones”, se describió.

 

“El trabajo realizado ­–se expicó– se si hizo con el propósito de construir una herramienta para los docentes que permita establecer cuando hay o no violación de la ley; y pensando en la protección de la comunidad educativa desde la prevención y la actuación en ese momento específico”.

 

Por último se señaló que luego que se realicen las correcciones de la última reunión y se confeccione la redacción final, el documento será aprobado mediante resolución del CGE y compartido en la página oficial del organismo.

 

 

De la Redacción de ERA Verde