La Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se expidió respecto al proyecto de Ley de Agroquímicos que se trata en el Senado provincial. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y está envuelta en una controversia respecto a los recaudos que se establecen para las pulverizaciones en zonas pobladas. Respecto a este punto, que involucra la seguridad de las escuelas rurales, desde el gremio docente se apuntó que existe “como piso incuestionable e imprescindible” las que “han sido recogidas en las sentencias (judiciales) dictadas. Hacerlo de otro modo implicará una regulación regresiva”, señala el documento al que accedió ERA Verde. También piden eliminar la figura de “unidades centinelas” para vigilancia de las aspersiones a cargo del directivo del establecimiento rural.

 

“Nuestras escuelas rurales han sufrido el flagelo de las fumigaciones desde que el modelo agropecuario, basado en el uso de agroquímicos, se expandió en la región”, señala Agmer en un escrito de las últimas horas donde finalmente se conoce su posición respecto al debate que se da en comisión del Senado del proyecto con media sanción de la Cámara Baja denominado de “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”.

 

“Hay una discusión de fondo –dice el gremio docente– que nos debemos como sociedad acerca del modelo productivo predominante, que se sustenta en la promesa del desarrollo económico, pero acarrea consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que no son parte de ninguna ecuación económica. Para producir de esta manera hacen falta pocos brazos, las tierras se concentran en pocas manos y cada vez hay menos población rural. La frontera agrícola avanza sobre los montes nativos y las consecuencias del desmonte son innegables:  temperaturas extremas, períodos de sequía agobiante seguidos de inundaciones que avanzan destruyendo nuestras ciudades costeras.  Además, la exposición a agroquímicos tiene impacto en la salud de nuestra población. Cada vez que hablamos sobre los recursos de los entrerrianos planteamos la necesidad de un cambio en el modelo productivo. Sin embargo, nuestra provincia no debate hoy el modelo productivo. Lo que debate es un proyecto de ley que viene a reemplazar el marco legal vigente que regula la aplicación de fitosanitarios”.

Agemer recuerda que en Entre Ríos “hay cerca de 800 escuelas rurales”, y que el decreto 2.239/19 y su modificatorio el decreto 2.895/20) “asigna al directivo (escolar) funciones no inherentes al trabajo docente, determinando responsabilidades civiles y funcionales por fuera del contrato laboral, de resolver los conflictos que se susciten a raíz de una aplicación”. El sindicato refiere a la figura de las “unidades centinelas”, que de acuerdo a la normativa vigente deben constituirse en el establecimiento escolar, encabezado por el maestro encargado, para vigilar las aplicaciones de pesticidas en los alrededores.

 

“Como organización sindical expusimos nuestras demandas en la Comisión de Diputados hace pocos meses. Exigimos que cualquier discusión en torno al marco normativo de fitosanitarios incluya la derogación de esta norma que no sólo desnaturaliza nuestra función social y genera una sobrecarga de tareas, sino que nos responsabiliza sin la formación adecuada.  Para proteger la salud de la población el Estado debe asumir la responsabilidad de implementar programas de monitoreo que proporcionen información estadística sobre enfermedades relacionadas con la exposición a estos productos. En el caso de los trabajadores, estas enfermedades deben ser reconocidas como profesionales en la ART cuando los lugares de trabajo estén en zonas de exposición”, expusieron en un comunicado conocido por ERA Verde.

 

DISTANCIAS

 

Respecto a las distancias de resguardo, Agmer dice que siempre han sostenido –y lo manifestaron en la Cámara de Diputados cuando se discutió, “que quien regule estas actividades, tiene como piso incuestionable e imprescindible –y por tanto responsabilidad funcional– la de cumplir las que han sido recogidas en las sentencias dictadas. Hacerlo de otro modo implicará una regulación regresiva y con ello, la violación de derechos y garantías que nos otorga la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

 

En esta línea demandan “el cumplimiento del Fallo firme dictado en la causa “Foro Ecologista y Agmer c/ Sup. Gobierno de Entre Ríos Acción de Amparo” que en fecha 1/10/2018 condenó al Estado Provincial a implantar, en el plazo de 2 años, barreras vegetales a una distancia de 150 metros de todas las escuelas rurales de la provincia, medida que tiene una función de tutela de las escuelas. En el mismo sentido exigimos un protocolo de higiene con los cuidados necesarios antes de que niños y docentes retornen a la escuela luego de realizadas estas prácticas y un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones que violen las leyes vigentes”, plantearon.

 

ENFERMEDADES EMERGENTES

 

Agmer pone en foco que el proyecto aprobado y enviado al Senado incorpora la derogación del Decreto 2.239/19, que establece las zonas de exclusión y de restricción para la aplicación de agrotóxicos alrededor de escuelas rurales. Con esta baja también se “recomienda la incorporación como enfermedad profesional a las patologías asociadas a la exposición a fitosanitarios que sean denunciados por los trabajadores. Dispone la elaboración de un protocolo de limpieza y un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones por fuera de la Ley, estableciendo para el dictado de los protocolos un plazo máximo de 90 días. Establece que las aplicaciones se realicen fuera del horario escolar y que sean notificadas a las instituciones con 48 horas de antelación. Dispone la georreferenciación de escuelas rurales, la plantación de cortinas vegetales. Instruye al Ministerio de Salud a incorporar la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición a estos productos. Prevé también el monitoreo ambiental y un cuerpo de inspectores. Estos puntos son parte de la demanda histórica que como organización sindical hemos planteado en forma permanente porque constituyen un piso mínimo de resguardo de las escuelas y sus comunidades”, reconocen.

 

Pero, al mismo tiempo, desde el sindicato observan “con mucha preocupación” que existe “una reducción de las distancias vigentes que representan un retroceso con respecto a los fallos judiciales existentes, que de ninguna manera pueden ser ignorados por uno de los poderes del Estado. Resulta inaceptable que las distancias se reduzcan en algunos casos a 15 metros de las escuelas (aplicaciones con drones y mochilas) o que disminuyan las distancias como en el caso de las aplicaciones terrestres y aéreas (dispuestas en el proyecto a 100 y 500 metros respectivamente)”, insisten.

 

Finalmente reflexionan que “han cobrado fuerza discursos que reducen nuestros suelos, ecosistemas, flora y fauna, el aire y el agua a mercancías.  La defensa de los bienes naturales comunes es esencial para la vida de todos. La educación ambiental es la puerta para encontrar a quienes estén del otro lado, construir vínculos solidarios e impulsar acciones de cuidado y lucha en defensa de lo colectivo. La educación ambiental es la herramienta que nos otorgan las leyes internacionales y nacionales vigentes y, sin dudas, la más poderosa para poner en debate el modelo productivo dominante de modo de garantizar un futuro a las generaciones venideras. La defensa de la soberanía de los pueblos sobre sus bienes naturales comunes implica un compromiso ciudadano con el cuidado de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente sano, del acceso al agua y a alimentos libres de agrotóxicos, la defensa de la biodiversidad, nuestra cultura y nuestra identidad”, concluyen desde la Comisión Directiva Central.

 

De la Redacción de ERA Verde