Los gremios de las actividades agropecuarias y organismos vinculados con el negocio del sector emitieron un documento en donde rechazaron la judicialización del conflicto por las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos. “No resuelve nada”, señalaron en un escrito donde dicen que “la prohibición lisa y llana de la actividad (SIC), la reglamentación sin parámetros respecto de las pulverizaciones y el ataque sistemático hacia los productores, no podemos ni debemos tolerarla”. Calificaron a la Justicia como “caprichosa y demagógica”.

 

Las entidades ruralistas difundieron llamativamente un duro documento en plena veda electoral. En el mismo manifiestan una “profunda preocupación por la situación que atraviesan los sectores agropecuario, agroindustrial, profesionales asociados a estas actividades, entre otros que están directa e indirectamente involucrados a los rubros productivos afines, ello en el marco de las indefiniciones por parte del Estado provincial respecto de las distancias de las pulverizaciones agrícolas”.

 

Se trata de declaraciones en directa referencia al fallo de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, a cargo del vocal Andrés Manuel Marfil, que dio lugar a un amparo ambiental y declaró nulo un decreto del Ejecutivo provincial que establecía distancias límites de 100 y 500 metros para las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de las escuelas rurales. La decisión de Marfil tiene como consecuencia además que se deja firme sentencia anterior del vocal Oscar Daniel Benedetto de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná –y que fuera ratificada el 29 de octubre pasado por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del STJ– en la que se estableció una prohibición de 1.000 y 3.000 metros respectivamente a las pulverizaciones con agroquímicos.

 

Las entidades rurales aclaran igualmente que cuando dicen Estado  se refieren a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes “han tenido responsabilidad para que hayamos llegado a esta situación de imprevisibilidad que compartimos con todos los actores del arco productivo rural de la provincia”.

 

Rehenes

 

En un documento se refieren a sí mismos como víctimas,  rehenes de una situación injusta, siendo que llevan adelante una actividad “absolutamente lícita y a pesar de ser damnificados”. Acusan elípticamente a los impulsores de la demanda ambiental, el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), señalando a “sectores que nunca han podido respaldar científicamente sus dichos”.

 

Otro tramo de la extensa declaración, entienden que hubo “miserias que llevaron a la Cámara de Diputados de Entre Ríos a no tratar la ley de fitosanitarios, hoy el decreto reglamentario emanado desde el Ejecutivo ha sido revocado por una medida judicial caprichosa y demagógica. En este sentido, nos preocupa que a la Justicia entrerriana no le interese recabar datos científicos ni del ámbito del sistema de salud a la hora de dictar una medida”.

 

Las organizaciones del agro se despachan también contra el Ministerio de Salud ya que les resulta extraño que no “tenga informes epidemiológicos” sobre la problemática, y vuelven sobre la Justicia en la que dicen privilegiaron “los mezquinos intereses políticos” que “han triunfado una vez más por sobre la razón y la justicia”. Vuelven luego sobre el “desinterés y de la falta total de dimensionamiento de la problemática que padecen miles de productores entrerrianos. En resumen, no les interesan la producción ni los productores, salvo a la hora de recoger la recaudación de los asfixiantes impuestos provinciales, los más altos por lejos de la región”.

 

Pato ajeno

 

Por último, los ruralistas plantean que “la gravedad del problema no se extingue en la faz productiva. Hay un aspecto tan grave como el económico y es la dimensión social. Dejar de producir en más de 300 mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen desarrollando muchos entrerrianos. Eso dejará secuelas sociales profundas, tal vez irrecuperables. Ninguno de los tres poderes del estado entrerriano ni los impulsores de esta medida judicial ridícula se han detenido a pensar en las familias, en los tamberos, en los pequeños productores. A nadie le importa su suerte. Subidos a una falsa e inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos de tierra adentro. Total, los micrófonos y los flashes más resonantes, los que dan más presencia mediática, están en las grandes ciudades. Mientras tanto, los productores y los vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota de empatía, para entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos dentro de una actividad lícita y pilar de la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente, somos el pato de una boda ajena”.

 

Suscriben el documento la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa Regional Paraná, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, la Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, y la Federación Entrerriana de Cooperativas, y la  Sociedad Rural Argentina

 

 

De la Redacción de ERA Verde