La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná se declaró competente en la causa donde se pidió una “medida cautelar de prohibición de innovar contra la Municipalidad de Paraná, el Fideicomiso ‘Signature’ y la empresa constructora ‘CDS Desarrolladora’, solicitando que se ordene suspender la construcción” de la torre en avenida Estrada N° 3.267 situada en el barrio de Bajada Grande. Así, en la resolución firmada por Hugo Rubén González Elias, Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, devuelven el expediente al juez en primera instancia en lo Civil y Comercial, Juan Carlos Coglionesse, para que establezca una mediación de partes ante la demanda por la aprobación del proyecto de obra sin un estudio de impacto ambiental. En diálogo con ERA Verde, desde la demanda no se mostraron conformes ya que sostienen que la solicitud de una acción preventiva de daño debe resolverse con una acción sumarísima encuadrada en el derecho ambiental.

 

El tribunal que preside Elias, junto con los vocales Acevedo y Baridón, resolvió con fecha 19 de agosto entender como tribunal de segunda instancia en dos procesos en los que advierten sobre la carencia y los déficits en los estudios diagnósticos geotécnicos, topográficos, hidrológicos y estabilidad de suelos del proyecto de edificio en altura en la zona de Bajada Grande de Paraná que lleva adelante el fideicomiso Signature Estrada. Se trata de una torre de 15 pisos con dos cocheras subterráneas por unidad habitacional que se levanta en las barrancas que dan al río y es resistida por vecinos de la zona argumentando que el proyecto fue aprobado reñido con las normativas de edificación, los adecuados estudios de impacto ambiental y en conflicto con el Código Urbano vigente de la zona para ese distrito.

 

Este proceso que ahora entiende la Cámara se originó en el fuero en lo Civil y Comercial, en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Paraná, a cargo de Juan Carlos Coglionesse. Se inició ante las objeciones que en dos casos objetan la proyección y construcción del edificio en torre sobre avenida Estrada. Una particular por un lado, y por otro la asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) que piden que la Municipalidad de Paraná debe actuar y exigir a los responsables del negocio inmobiliario deben “cumplir las normas mínimas ambientales”. Proconsumer y la vecina litigante pretenden que previo a continuar con la ejecución del proyecto el municipio ordene efectuar los estudios pendientes, ya que advierten “daños irreparables” como efectos que podría producir la construcción proyectada sobre la barranca, el ambiente y las propiedades colindantes a la obra. Asimismo reclaman la convocatoria a una audiencia previa.

 

Pero el juez Juan Carlos Coglionesse desestimó el pedido de acción preventiva de daños y una medida cautelar de no innovar, y es por eso que fue apelada su decisión e intervino Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná. Luego de escuchar a las partes, Elias, Acevedo y Baridón  declarar su competencia, pero observó que las pretensiones tienen por objetivo “la defensa de derechos colectivos”. Es así que si bien confirmó las decisiones adoptadas por Coglionesse, observó que deben continuarse con las actuaciones según las reglas que rigen para los procesos colectivos, es decir en su Juzgado, en el que ya había ordenado una instancia de mediación objetada por la acusación dado el carácter de la demanda.

 

En diálogo con ERA Verde, desde el equipo legal de Proconsumer se apuntó que “una acción preventiva de daño es una acción preventiva de derecho ambiental”, por lo cual requiere una “medida autosatisfactiva” y “sumarísima”, por lo cual se analizarán los pasos a seguir ante la decisión de la Cámara.

 

ANTECEDENTES

Preocupa el reviente de cloacas frente a la obra de torre Estrada

En septiembre de 2021 vecinos de Bajada Grande amanecieron con los ruidos de topadoras de tierra y la instalación de un obrador en la intersección de Estrada y Eslovenia. Con estos primeros movimientos se enteraban de la construcción de una torre de departamentos de lujo en ese lugar y el plan de otra más de 10 pisos al lado de la ex Fábrica de Portland. El emprendimiento bajo la denominación Fideicomiso Signature Estrada es llevado adelante por el grupo inmobiliario Dujovne, quien comercializa los futuros 64 departamentos de dos y tres dormitorios con dos cocheras por unidad habitacional en dos niveles de subsuelos. La sorpresa de los pobladores fue mayor al comprobar que los trabajos habían sido aprobados por la gestión municipal anterior y con un diseño reñido con el marco normativo para esa zona, denominada UR6, que establece ciertas restricciones técnicas de seguridad y de organización urbana para los edificios en altura. Se aprobó “en la zona gris” existente en el Código Urbano vigente, dijo un arquitecto que participó de ese proceso cuando se trató el permiso en la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de la Normativa de Planeamiento Urbano del Concejo Deliberante.

 

La controversia por obra de la torre de Estrada fue desestimada por la actual administración municipal de Adán Bahl al señalar que los permisos los había otorgado la anterior cuando el intendente era Sergio Varisco. No obstante, los reclamos pasaron a transitar por tribunales. El escrito ingresado entonces argumentaba: “La construcción del edificio en cuestión no debe continuar sin que previamente la Municipalidad de Paraná exija a sus responsables cumplir las normas mínimas ambientales que aseguren a la actora y a la comunidad que no sufrirán peligro”. Y entre las consideraciones se apuntó que se “persigue evitar el daño previsible y de imposible reparación que podría causar la obra edilicia mencionada, autorizada de modo irregular. La medida que se solicita pretende que la situación de riesgo no se profundice y agrave evitando daños irreparables al ambiente y al territorio que le circunda”. Y se advierte que en el caso de avanzar en la construcción “las condiciones riesgosas aumentarían porque el Edificio fue autorizado sin que se cumplieran presupuestos mínimos inderogables que protegen derechos humanos y ambientales”.

 

Los fundamentos del pedido ante la Justicia están sostenidos por un estudio que realizó la consultora GEA Ingeniería y Medio Ambiente de la ciudad de Santa Fe que fue especialmente contratada para aportar una mirada técnica, así como el evaluación del Estudio del ingeniero civil Beltrán Raúl Uranga, ambos incorporados al escrito a Coglionesse.

Alertan de “daños irreparables” por la Torre de Estrada

De la Redacción de ERA Verde