Ante la nulidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de un fallo de primera instancia que declaraba la inconstitucionalidad del permiso para fumigar a 50 metros de zonas pobladas, el colectivo socio ambiental Basta es Basta realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. “En plena crisis ambiental seguimos batallando en la Justicia”, sostuvieron en un texto al dar a conocer esta instancia en donde criticaron el disciplinamiento judicial del STJ provincial al querer cargar las costas por la demanda. “Vamos a ir hasta las cortes internacionales si es necesario”, dijo a ERA Verde Elio Kohan, integrante del colectivo que inició el amparo frente a un hecho ocurrido en Colonia Avigdor, departamento La Paz.
Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta efectuó el lunes de la semana pasada un presentación ante la Corte Suprema de Justicia frente a la decisión del STJ de dejar sin efecto un amparo ambiental emitido por el juez de La Paz, Diego Rodríguez, que en marzo pasado admitió parcialmente una presentación realizada por fumigaciones en Colonia Avigdor. El fallo el magistrado declaraba que el artículo 2º de la Resolución Nº 47/2004 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales provincial, que habilita la pulverizaciones a 50 metros de las viviendas violaba los “estándares mínimos de protección dictados” por el decreto del Gobierno de Entre Ríos Nº2.239/19 que restringe esta práctica alrededor de las escuelas a no menos de 100 y 500 metros, según sean terrestres o aéreas.
Pero la resolución del 16 de marzo del magistrado Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de La Paz, fue anulada por el máximo tribunal de la provincia acogiendo el planteo del procurador General Jorge Amilcar García; el fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori; y el asesor legal de la Municipalidad de Avigdor, Christian Gómez Rodríguez, que apelaron el amparo.
Ahora, el Colectivo Basta es Basta resolvió acudir a la Corte Suprema “para frenar los agrotóxicos en Entre Ríos”, señaló en un comunicado. La instancia obedece a que el STJ hace “oídos sordos” y “fallan en contra de la salud de la población”, fustigó en diálogo con ERA Verde, Elio Kohan, activista ambiental de Colonia Avigdor, donde se inició la demanda para preservar de las pulverizaciones con agrotóxicos los caseríos del ejido de esa localidad.
Sobre el camino emprendido en esta oportunidad, apuntó que “hay un enorme laburo de toda la Coordinadora, porque estamos trabajando en cuestiones colectivas más allá de nuestras ocupaciones individuales. Estamos batallando en la Justicia a la par de la iniciativa popular para declarar las fumigaciones con agroquímicos como actividad peligrosa y a la par de estar trabajando en los territorios. Vamos a ir hasta las cortes internacionales si es necesario. Es un compromiso moral con las generaciones venideras y las presentes. Estamos en plena crisis socio ambiental que interpelan a toda la ciudadanía. Hay cambios que no se pueden esperar. Mientras vamos transitando esto, acudíamos a la Justicia como una forma más de, en este caso, frenar los agrotóxicos y los daños en las poblaciones, principalmente en los gurises, que son los más vulnerables”, afirmó Kohan.
Disciplinamiento
“En plena crisis ambiental seguimos batallando en la Justicia. La semana pasada presentamos un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras haber tenido un fallo en contra por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) respecto del amparo ambiental que pedía alejar los agrotóxicos para resguardar la salud de las poblaciones, presentado en febrero de este año, fallando a favor de los demandados (la comuna de Colonia Avigdor y el Gobierno de la provincia) y nos condenó a pagar las costas de un amparo ambiental colectivo con claro intento disciplinatorio, para luego rechazar el recurso extraordinario presentado, tal como era de esperarse”, criticaron en el documento que acompaña la novedad.
“Nuestras acciones ‘a fin de proteger efectivamente el interés general’ se dan en distintos ámbitos, con el objetivo de generar conciencia colectiva no sólo de lo ya evidente y palpable (los efectos dañinos sobre la salud y el ambiente de los agrotóxicos) sino también de la necesidad de políticas públicas que atiendan estos reclamos ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que siguen una misma línea en relación con lo que le dictan los sectores económicos promotores y beneficiarios de extractivismo en la provincia. Hemos dejado en evidencia a quienes responden los tres poderes del Estado y cuáles son sus verdaderas intenciones más allá del hipócrita discurso eleccionario en torno a un supuesto cuidado de la salud de entrerrianos y entrerrianas”, recordaron.
Finalmente, expresaron: “Quienes apoyaron el amparo y festejaron el fallo del juzgado de primera instancia Civil, Comercial y Laboral de La Paz, luego quedaron con el sabor amargo de ver cómo el STJ fallaba en contra de la salud de las poblaciones, tergiversando la legislación ambiental y reduciéndola a un contradictorio propio del proceso civil. Así, buscaron cualquier artilugio jurídico para fundamentar su decisión, olvidando que ‘el derecho ambiental tiene por fin la efectiva protección de la salud pública, no el uso estratégico de la legislación de rango menor existente para facilitar la contaminación’. Frente a eso les decimos: ¡No nos rendiremos! ¡Iremos a los tribunales internacionales si es necesario! Bajar los brazos jamás estuvo en nuestros planes. Buscaremos todas y las mejores estrategias para seguir batallando, porque es una obligación moral, un compromiso con estas generaciones y con nuestro tiempo. Mientras conmueve a todo Entre Ríos la batalla de madres con sus hijos cuando el Estado no se hace cargo de los millonarios tratamientos oncológicos, del que sí se hace cargo la solidaridad entrerriana. Pero tenemos que atacar las causas que generan daño genético en la gurisada!! En plena emergencia socio-ambiental, seguimos diciendo basta de genotóxicos, basta de cáncer, basta es basta”.
De la Redacción de ERA Verde