Con una contundente objeción al proyecto oficialista, organizaciones ambientales de Entre Ríos expusieron en el Senado provincial. Su convocatoria fue para escuchar opiniones e ideas respecto al “Régimen para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado” en humedales que impulsa la Fiscalía de Estado. Los aportes giraron en torno a impugnar esta “ley express” de mero corte “productivista” y con vicios de inconstitucionalidad, para que en su lugar se pueda fortalecer la legislación y acuerdos vigentes.

Este lunes por la mañana se reunieron de forma virtual las comisiones de Legislación General y Producción de la Cámara Alta entrerriana, donde fueron convocadas una docena de entidades ambientales de la provincia y Fundación Humedales de Buenos Aires. Las exposiciones, donde las representantes inscriptos marcaron su posición, dando cuenta del amplio rechazo al borrador ingresado el 22 de julio pasado por el Ejecutivo provincial.

 

En la cita del Senado, con acceso restringido porque “el Zoom no da para muchos conectados”, se sucedieron las intervenciones escalonadas del orden de los 10 minutos cada una, donde según todas las consultas recabadas por ERA Verde, destacaron los planteos de la abogada del Foro Ecologista Paraná, Aldana Sasia; la representante de CAUCE, Valeria Enderle; junto con las propuestas de Vecinos por los Humedales del Río Uruguay, de Concepción del Uruguay; y las militantes eco feministas de Orilleras y Taller Flotante de Victoria.

 

También participaron voces de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón; Basta es Basta; Eco Urbano; UVE de Fundación La Hendija; Fundación Fundavida; Guardianes de Victoria; y la Asamblea Ciudadana de Uruguay.

 

Voces

 

Por la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE), Jorge Daneri señaló que el proyecto de ley “va a contramano” de Ley Anti Represas de Libertad de los Ríos Paraná y Uruguay Nº 9.092, y que tal como está planteada se derogan de hecho de las normas que crean las áreas naturales protegidas del Paraná Medio, de Reserva de los Pájaros y de los Pueblos Libres y de los Humedales de Victoria. El abogado aludió además los fallos en defensa de los humedales de los casos de la firma holandesa Bema Agri BV demandada por la construcción de enormes terraplenes en las islas de Victoria y el de la Corte Suprema de Justicia sobre la pretensión de realizar un barrio privado en un área de humedales, cuyos dictámenes tiene fundamento en la legislación que se anularía con la pretendida Ley de Tierras en Humedales.

 

El representante por la UVE de La Hendija también marcó la contradicción de este proyecto con el proceso de reactivación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS) y “la necesidad del ordenamiento ambiental territorial dentro de la etapa propuesta de los Faros de Conservación en el Delta propuesta por el Ministerio de Ambiente de la Nación”, así como el planteo de destrucción de las área protegidas como sitio Ramsar de conservación de humedales en el territorio provincial. Antes que esta legislación, propuso, “es fundamental avanzar de una ley de adaptación al cambio climático, de protección ambiental y evaluación de impacto ambiental que no tiene la provincia. Conformar una Agencia Provincial de Política Ambiental y aguardar que se avance con la Ley nacional de presupuestos mínimos de protección de Humedales en el Congreso”.

 

Cristina Tejedor, por Vecinos por los Humedales del Río Uruguay, explicó a ERA Verde que su propuesta fue acercar un “punto de vista opuesto al del que se está tratando de manera oficial”, porque en el fondo “se debe cambiar la mirada, el paradigma desde el cuál se realizó el proyecto, que tiene una mirada productivista que propone una ley de explotación de humedales e islas en lugar de una de protección”, aclaró.

 

Sobre estas diferencias, consideró que el proyecto que impulsa el Ejecutivo provincial plantea un paradigma “absolutamente productivista, deja el manejo de las tierras públicas de humedales e islas de toda la provincia –de las que ni siquiera se tiene el registro oficial que le ha sido ordenado realizar al mismo fiscal de Estado por ley desde al menos 2012– en manos de la Secretaría de Producción, disfrazada de única autoridad de aplicación de la Ley; incluso teniendo subordinada en su cartera a la Dirección de Ambiente”, precisó. “Nosotros proponemos una ley de protección, desde el punto de vista actualmente aceptado con el que se están debatiendo en la Nación los proyectos de Ley de Humedales, de que humedales e Islas son bienes comunes; no ‘recursos naturales’. Y que además su destino es de interés colectivo. Es decir que lo que sucede en ellos nos afecta aunque no seamos sus propietarios o incluso vivamos alejados de los mismos como se evidencia por ejemplo con los incendios en el Delta”. Y completó: “esta Ley de (Julio) Rodríguez Signes es de explotación de humedales e islas en los términos reales de lo que propone”, afirmó Tejedor.

 

Ecología y feminismo

 

Ana Fiol junto con Diana Campos participaron de la reunión por Orilleras y Taller Flotante. “Nosotras, como somos parte de un proyecto de organización y reflexión colectiva sobre la situación de los humedales, de mujeres de islas de todo el Delta del Paraná, fuimos a llevar la voz de las poblaciones, en la voz de las mujeres. Porque las mujeres son las que sostienen la vida comunitaria en las poblaciones. Y las historias de vida de las mujeres muestran en los últimos 20 años el avance del extractivismo sobre el Delta, el vaciamiento territorial para poder entregarlo a los distintos intereses en juego”, sostuvo Fiol a ERA Verde.

 

En este orden, la activista eco feminista apuntó que de los distintos aspecto abordados en las exposiciones, “esta es una ley express a las espaldas del pueblo” y que no debiera estar tratándose en este momento. “Más trata de sacarla entre gallos y medianoche, la provincia de Entre Ríos tiene que articular con las otras provincias que tienen jurisdicción en el humedal”. Pero sobre todo que “no hace falta una nueva legislación” y no contempla el manejo sustentable.

 

Repasando algunas de la exposiciones, planteó que estas “tierras han sido dadas en negocios inmobiliarios”, sostuvo y recordó el historial de la sesión para el uso intensivo agrícola y lo que de Guillermo Luciano de Fundavida definió como “la grosera desmesura arrocera”, en relación a la ley impulsada por el ex gobernador Sergio Urribarri.

 

“Nosotras estamos pensando que necesitamos articular con Nación”, afirmó y mencionó al PIECAS. Otro aspecto importante es el “recuperar el control del manejo de las tierras; no puede ser que esto sea un secreto de Catastro al que no se puede acceder”, sostuvo Fiol para señalar que hay que tener un “manejo ecológico productivo del humedal”. Y se afirmó en la idea de “custodiar las voces de las pobladoras y sus familias y comunidades estén representadas. Porque esos territorios no están vacíos. Han intentado ser vaciados, pero no lo han conseguido del todo. Esas voces comunitarias del río tienen que estar presentes”, y no se puede legislar sin ellas.

 

Historial de luchas

 

Horacio Indio Enriquez, por Eco Urbano, dijo a ERA Verde que comparten la coincidencia en crítica y rechazo a la ley. “En un contexto dantesco en la que se están consumiendo la diversidad biológica y los servicios indispensables de los humedales para pensar el cambio climático por su fijación de carbono y todo lo que producen fundamentales para la vida, coincidir en una postura con las diferentes organizaciones”. El histórico referente ecologista destacó la relevancia del PIECAS para pensar la conservación y aprovechamiento sostenible y sustentable de los humedales.

 

Enriquez reflexionó que “Entre Ríos tiene un historial de lucha por defensa del patrimonio y bienes naturales tan importante con la defensa del Paraná Medio frente a los proyectos de represas, con la lucha de compañeros y vecinos del río Uruguay contra las pasteras que han marcado una serie de hitos sociales, políticos y legislativos que hacen que este proyecto para el colectivo de organizaciones socioambientales de la provincia no sea viable ni inteligente en este contexto”.

 

Otra de las voces que se escucharon hoy fue la de Fundación Cauce quien reiteró su rechazo al proyecto que se debate en las comisiones de Producción y Legislación del Senado, y que ya fuera expuesto junto con un centenar de organizaciones cuando fue dado a conocer.

 

«Nuestra posición es de rechazo absoluto y contundente, ya que se propone una solución jurídica parcial y fragmentada de la realidad y esto colisiona contra las Constituciones y normas nacionales y provinciales, contra la forma de legislar en materia ambiental y contra los principios del derecho ambiental moderno», enfatizó Enderle, directora de Cauce, quien cuestionó, además, «la premura con que se busca tratar este proyecto no se condice con la sensibilidad y complejidad de nuestros territorios».

 

«Somos testigos de gravísimos daños ambientales ocurridos y otros por venir. Particularmente, el fuego está afectando los humedales del río Paraná desde sus nacientes hasta su desembocadura en el río de La Plata, la integridad de los ecosistemas, su equilibrio, lo que está generando enfermedades y repercusiones negativas en la salud de las poblaciones. Sabemos, y en especial ustedes, que es deber del Estado y, en consecuencia, de las autoridades legislar de forma adecuada y oportuna en materia de gestión y política ambiental para lograr efectividad en la ejecución de estas», reitero.

 

Justamente en este contexto de emergencia ambiental y en el medio de una pandemia mundial, «la ciudadanía precisa de soluciones que se proyecten a largo plazo. Y eso, se lograr a partir de un debate serio, participativo amplio que convoque a las y los pobladores del territorio, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales especialistas en la materia y fundamentalmente a los municipios», dijo para instar a los legisladores “a que den una respuesta, a través de una ley superadora a este proyecto, ya que tal como está es parcial, fraccionado, mezquino y unilateral”.

 

«Para nosotros, los usos respetuosos son a través de la agroecología, la pesca artesanal, la producción en comunidades. Así, se podrán compatibilizar las necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las comunidades y la conservación de los bienes naturales de nuestra provincia. Por ello, entendemos que sólo a través de una ley de ordenamiento ambiental del territorio se podrá dar respuesta a la finalidad de legislar en materia de suelo», aclaró finalmente Enderle.

 

De la Redacción de ERA Verde