La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, ordenó “el Cese Inmediato del desmonte en los predios” perteneciente a la inmobiliaria y ganadera SYS SA de la ciudad de Viale. Esta firma y la anterior propietaria, la división agropecuaria de la bodega Salentein Argentina BV, fueron encontradas “Responsables del Daño Ambiental ocasionado al Bosque Nativo” ocurrido en campos ubicados en Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay y que fuera denunciada por la Fundación Cauce. La resolución a la que accedió ERA Verde también “exhorta” al Estado entrerriano a que actúe prontamente ante esto casos. La jueza no hizo lugar al pedido de remediación del perjuicio ocasionado y tampoco para que el Estado realice una actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). Las partes apelaron la decisión de la magistrada por distintas razones, por lo cual no quedó firme y se resolverá en instancia superior.

 

La Justicia hizo lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental presentada por Fundación Cauce, en una resolución conocida este jueves 29 de mayo. Desde la entidad ecologista se calificó la sentencia como “ejemplar, bien fundamentada tanto en lo fáctico como en lo jurídico, que representa un importante avance en la defensa del bosque nativo entrerriano. El fallo establece el cese inmediato de los desmontes ilegales, declara la responsabilidad ambiental de las personas y empresas involucradas y obliga al Estado provincial a actuar con celeridad”, se precisó.

 

En efecto, según se lee en el escrito conocido por ERA Verde, Giachello se pronuncia en “declarar Responsables del Daño Ambiental ocasionado al Bosque Nativo a los Sres. Jorge Osvaldo Rodríguez, Martin Fernando Beglinomini, Luis Stertz en carácter de representante legal de la firma SYS SA, a SYS SA y a Salentein Argentina BV”. También ordena, “a partir de la notificación”, “el Cese Inmediato del desmonte en los predios” involucrados.

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EXPEDIENTE

 

Desde Cauce se recodó que la acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por su directora Ejecutiva, Valeria Enderle, quien fundó la demanda contra los privados – Salentein, SYS SA y El Choli, de Martín Bleginomini–, junto con el Gobierno de Entre Ríos por desmontes ilegales en tres lotes ubicados en zonas categorizadas como I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), donde la tala está prohibida.

 

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En el requerimiento también se solicitó el secuestro de las herramientas y máquinas, el decomiso de los productos forestales y que, declarados los responsables del grave daño ambiental, “se los obligue a remediarlo”. Este último punto no fue tenido en cuenta, por lo cual Cauce adelantó a ERA Verde que fue apelado este punto.

También se requirió que el Estado provincial como co-demandado, disponga que la Coordinación Bosques Nativos que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, realice un “riguroso control de los desmontes en todo el territorio provincial, a que desarrolle acciones tendientes a su conservación, mantenimiento y mejora de los procesos ecológicos y culturales y que se le ordene ejecutar un proceso participativo de actualización del OTBN en la Provincia”.

 

Al respecto la jueza Giachello resolvió “Exhortar al Estado Provincial a que arbitre los medios y canales conducentes a fin de dictar –prontamente– la resolución administrativa” de marzo del año 2024, en el marco del expediente abierto por esta irregularidad. También que comunique al Juzgado “en el período de 60 días hábiles, el progreso del procedimiento que lleve a cabo”, dice el en documento.

 

La magistrada consideró el dictamen del Ministerio Público Fiscal, se apuntó desde Cuace, “que entendió procedente la acción de amparo, reconociendo la necesidad de intervención judicial para frenar los daños al monte nativo”. También se hizo hincapié en que “se aplicó el principio preventivo, es decir, evitar mayores daños: ya se registraron unas 125 hectáreas desmontadas en forma ilegal”.

 

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CONSIDERACIONES

 

Sobre las pruebas técnicas, que la ONG subrayó como “contundentes”, se apuntó las “mediciones de un ingeniero agrimensor, que constató ‘abras’ (abertura) de entre 50 y 60 metros que los demandados indicaron como supuestos cortafuegos”; “Un informe técnico de Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos), detallado y preciso, que confirmó que el desmonte comenzó en junio de 2024, cuando Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso del predio por comodato”. También que se “desestimó el informe del perito (agrónomo Juan Carlos) Cian, por falta de rigurosidad técnica, tal como lo había señalado Fundación Cacuce al pedir su nulidad”.

 

Por último, se valoró que “la sentencia, con fecha 29 de mayo, reconoce la gravedad del daño ambiental que implica el desmonte de áreas especialmente identificadas de monte a proteger como son las categorías I y II (roja y amarilla), la ilegalidad del accionar de empresas y particular que pretenden saltear las áreas del Estado que están para proteger y cuidar nuestros bienes naturales y la responsabilidad que al propio Estado en el objetivo de la preservación de nuestros ecosistemas”. En este orden, se evaluó que se trata de “una decisión que sienta precedente por el cuidado de nuestros territorios. Desde Fundación Cauce celebramos este fallo como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y de nuestra Constitución. Continuaremos trabajando para que se garantice la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, concluyeron.

 

 

De la Redacción de ERA Verde