En 2020, cuando la bajante del río Paraná se extendía ya nueves meses, con proyecciones de que permanecería por mucho tiempo más, las organizaciones socio ambientales “El Paraná No Se Toca” y “Mundo Aparte” solicitaron una medida cautelar para establecer una veda pesquera. También demandaron que el Gobierno santafesino establezca un programa de protección de la fauna ictícola. Fue así que ahora la Justica sentenció al Ejecutivo de la vecina provincia a que en 150 días elabore un “plan estratégico”. En este fallo también establece que, en la medida de lo posible, se acuerde la tutela y gestión del recurso “con los restantes estados provinciales participantes de la cuenca del Río Paraná”, se indicó en la sentencia a la que accedió ERA Verde.
En un fallo que trascendió el 26 de junio, el juez en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de la ciudad de Rosario, Luciano Carbajo, ordenó al Estado de la provincia de Santa Fe a que en un plazo de 150 días hábiles, “elabore y presente” un “Plan Estratégico para la utilización sustentable del Recurso Ictícola”. El programa se deberá realizar bajo precisas recomendaciones, entre las que debe tener en cuenta información científica de acceso público; el funcionamiento efectivo del Consejo Provincial Pesquero; el control de cupos de extracción y fiscalización en los puertos; un plan de repoblación de pesquerías y acordar medidas de protección con las provincias con las que se comparte el río Paraná, especialmente la de Entre Ríos que se ubica a la misma latitud de la cuenca.
Esta manda judicial se tomó luego que las entidades “El Paraná No Se Toca” y “Mundo Aparte” presentaran un pedido de medida cautelar para proteger la fauna ictícola golpeada por una bajante que comenzaba a extenderse en la región. En un principio la solicitud fue para que Santa Fe estableciera una veda pesquera, y teniendo en cuenta el antecedente que “en Entre Ríos se había realizado una acción similar en la Justicia”, cuenta a ERA Verde la abogada Romina Araguas. La letrada refiere a la acción de amparo ambiental impulsado por la Federación Entrerriana de Clubes de Pesca y Lanzamiento por la cual, en julio de 2020, la titular de la Cámara III de Apelaciones del Trabajo Sala I, Fabiola Bogado Ibarra, ordenó por el término de 120 días reducir a la mitad el cupo de exportación de sábalo vigente para la jurisdicción que Entre Ríos posee sobre el río Paraná.
Pero además, en la demanda de las organizaciones santafesinas, se planteó poner en marcha un plan integral para la protección de la fauna ictícola, “que contara con información y que en definitiva se cumpliera con las leyes provinciales de pesca”, dice la letrada sobre lo que ahora admitió el juez Carbajo. “Primero la sentencia por la cautelar salió en diciembre de 2022, donde el juez hizo lugar a la veda pesquera, y luego de producirse mucha prueba, exigir una serie de recaudos y muchas audiencias con la provincia de Santa Fe, así como instruyendo muchas medidas cautelares, donde se ordenó que se llamar al Consejo Provincial Pesquero, y que convocara a la reunión anual conforme a la Ley. El juez emite entonces esta sentencia donde hace lugar al plan integral que requeríamos. Establece una serie de especificidades, donde colaboró la fiscal (María Florencia) Martínez que fue parte, solicitó una serie de medidas donde requiere se cumpla con la propia legislación provincial respecto a las pesquerías a través de este plan dándole 150 días para que cumpla”, apuntó.
En esta instancia es que la fiscal señala el antecedente de la veda entrerriana y en otras jurisdicciones con sus particularidades, y en el punto VIII.i, el magistrado señala asimismo que resulta “elevadamente conveniente y necesario que todas las políticas de protección instrumentadas por el plan sean coordinadas (en la medida de lo posible) con los diferentes estados provinciales que componen la cuenca”.
DETALLES
Araguas destaca la sentencia del juez Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario como “estudiada, detallada, fundada y completa”. Y en este orden describe que el “plan da especificidades en donde debe ser integral, con contenidos mínimos, objetivos, contener información científica, detallada y de calidad, tienen que estar disponible de acceso público en la página web de la Provincia. Tienen que haber un sistema de alerta temprana para cuando pasen estas situaciones de fragilidad de los sistemas hídricos. Piden que se garantice el funcionamiento del Consejo Provincial Pesquero (CPC), que debe reunirse una vez por mes en distintos lugares de la provincia. Este año se reunió solamente un mes, en abril, y todavía no se ha convocado a una nueva reunión”.
Entre otros aspectos, la letrada además resalta que el fallo “pide el cumplimiento del Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías que debería estar trabajando en mejorar la calidad de vida de los pescadores y aún se deben fondos y recién se están regularizando. Piden un control estricto de cupos de extracción, la fiscalización de los puertos de fiscalización, tanto en rutas como en los ríos, se piden auditorías de cómo se está cumpliendo esto. También se habla de metros de control y repoblación de las pesquerías y se dice que el plan debería ser en la medida de lo posible coordinado con otras jurisdicciones como la de Entre Ríos. Y que deben mantenerse actualizado”, subraya.
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De la Redacción de ERA Verde