El vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil resolvió fijar una audiencia para este 30 de junio en el marco de la solicitud de un amparo ambiental contra la habilitación de la caza menor en Entre Ríos. Por resolución de la Dirección de Recursos Naturales, hasta el 15 de agosto se ha permitido la matanza de aves tales como perdiz chica, pato picazo, pato sirirí pampa, pato sirirí colorado y pato capuchino. La medida fue cuestionada por distintas organizaciones a raíz de carecer de estudios sobre las condiciones de la población de especies que se permite ultimar, lo que derivó en una demanda ante la Justicia. Es por esto que el magistrado abrió el juicio a pruebas y para este jueves citó a prestar declaración a cuatro especialistas: José Osinalde, Valentín Zulpo, Gabriel Bonomi y Alejandro Giraudo, según puso saber ERA Verde.

 

Con fecha del 24 de junio, el juez Andrés Marfil resolvió abrir el “juicio a prueba” en la causa que lleva por la acción de amparo con una medida cautelar protectoria de no innovar que ingresó el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal Ong, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM) para derogar la polémica resolución de la Dirección de Recursos Naturales Nº 1099/22, que permite la caza de caza de cinco especies autóctonas. El magistrado habilitó esta instancia para admitir documental que le permita fallar.

 

Marfil además de agregar los estudios aportados por las partes, requirió al Estado provincial trabajos de investigación y de “Vigilancia Epidemiológica sobre Aves Migratoria en Influenza Aviar y otras enfermedades”, que había esgrimido monitoreo técnico para fundar la apertura de la temporada de caza.

 

El vocal de Cámara, además requirió una testimonial técnica, según la resolución a la que accedió ERA Verde, en donde se cita a declarar para este 30 de junio a “José Osinalde -cuya comparencia queda a cargo del Superior Gobierno–”; a la bióloga Valentín Zulpo y el profesor Gabriel Bonomi, propuestos por las demandantes; y a Alejandro Giraudo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), convocado por el Tribunal.

 

CIFRAS DE MUERTES DE PATOS

 

Por otra parte, desde Ceydas, se dio a conocer públicamente una estimación de la cantidad de patos que mueren en los cotos de caza entrerrianos, donde se estima medio millón por temporada, aunque oficialmente no se “presentan estudios acutale”, criticaron. “Un estudio de 2002 revela que -por temporada- se cazan más de medio millón de patos solo en los cotos de caza. El Gobierno provincial no presenta estudios ni estadísticas recientes por lo que se desconocen las verdaderas cifras actuales. Según un estudio publicado en 2002 –en base a muestreos de 1991–, realizado por la reconocida investigadora entrerriana María Elena Zaccagnini, en una sola temporada (tres meses) se cazó ‘un total de al menos 500.000 ejemplares’ de patos solo en establecimientos de turismo cinegético. El informe indica que además se llega a este exorbitante número ‘asumiendo que los cazadores respetaron rigurosamente las cantidades autorizadas’. Vale decir que estas alarmantes cifras no incluyen los ejemplares que se cazan fuera de estos establecimientos. El estudio menciona también que ‘la mayoría de los cazadores son norteamericanos’, que ‘no distinguen las especies’ y que además ‘estarían cazando especies prohibidas’”, señalaron sobre la investigación disponibles.

 

Ceydas recordó además su denuncia “que las zonas habilitadas para la caza por parte de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia coinciden exactamente con los sitios donde estos establecimientos de caza están instalados, hecho que resulta sospechosamente coincidente”. En este sentido, desde la ONG señalaron que “tanta casualidad no puede ser resultado de estudios serios con los que la dependencia dice contar pero no hace públicos”.

 

Finalmente apuntaron que “la carencia de un registro de cazadores y de estudios estadísticos recientes por parte de esta Dirección pública provincial, hace que resulte imposible estimar las verdaderas cifras actuales de ejemplares cazados en estos establecimientos cinegéticos, desinformación que resultaría muy conveniente para poder llevar a cabo este millonario negocio”.

Presentan un amparo contra la caza de animales autóctonos

De la Redacción de ERA Verde