Para este jueves la Municipalidad de Ibicuy convocó a una audiencia pública “para socializar el estudio de impacto ambiental” de una planta de lavado y clasificación de arena para fracking petrolero. Pero la Fundación Cauce junto con otras entidades interpuso un pedido de impugnación urgente por “irregularidad en el proceso” que se haría a través de una transmisión de radio en una FM local. En la presentación a la que accedió ERA Verde se señaló que “estas actividades dañosas claramente no tienen licencia social por parte de la ciudadanía entrerriana”.

 

Ante un “pedido prioritario gestionado por nuestro municipio”, para este 17 de septiembre, a la hora 10, la Municipalidad de Ibicuy convocó a una audiencia pública que permita habilitar el funcionamiento de Cantera El Magrullo, que gestiona la petrolera estatal YPF con sede en esa localidad. La procesadora, que ya se ha instalado y cuenta con un alto grado de avance de obra, está pensada para el “lavado y clasificación de arena” para ser usada en el sistema fractura hidráulica para la extracción de combustible no convencional, que tiene en la Argentina epicentro en la cuenta neuquina de Vaca Muerta.

 

“Dicha audiencia –se señaló a través de los canales oficiales del municipio–, es la primera en realizarse en nuestra localidad cumpliendo así con un requisito legal impostergable aún en el marco de esta pandemia. Estará a cargo de especialistas en la materia que contestarán todas las consultas. Y se llevará a cabo de manera radial el jueves 17 de septiembre a las 10:00 por Fm Lider”, se indicó.  “Previamente se dispondrá de un espacio de información para que puedas exponer tus consultas/dudas y observaciones en #PuntoDigital a partir del día Lunes 7 de septiembre hasta el viernes 11 en el horario de 08 a 12”, se explicó, así como también se podían evacuar consultas al mail audienciapublicaypf@gmail.com.

 

Pero ante la premura y polémica del proyecto, la Fundación Cauce ingresó “con carácter de urgente” una impugnación a esta “audiencia pública sobre planta de YPF para procesamiento de arenas silíceas como insumo para fractura hidráulica (fracking)”. La entidad ecologista planteó que esta instancia “propone legitimar una actividad que no tiene licencia social en la provincia, como tampoco en el municipio de Ibicuy, ya que su objetivo es contribuir a una producción altamente contaminante y prohibida en la localidad y la provincia: la extracción de hidrocarburos a través del método de fractura hidráulica o fracking. Además, por las graves irregularidades que presenta la convocatoria de dicha audiencia y el proceso previo de acceso a la información pública”, se indicó en el escrito. Es por esto que plantearon que “no debe avanzarse en el proceso de autorización de la actividad de extracción y procesamiento de arenas silíceas”.

 

Entre las consideraciones, Cuace indicó la legislación provincial y municipal anti fracking. También que el estudio de impacto ambiental “no fue correctamente puesto a disposición de la ciudadanía para su adecuado y efectivo estudio y análisis, violando así los principios que inspiran el derecho de acceso a la información pública” y que se no se garantizó el acceso a la información vía digital, dado el aislamiento que rige en todo el país.

 

Por otro lado, a ONG ambiental señaló que “el área donde desarrollará sus actividades YPF es un área sensible por ser de humedales y se encuentra dentro de un área natural protegida (Ley Provincial 9718). En tiempos donde los humedales están en grave peligro, es urgente que se frenen autorizaciones de actividades extractivas con impacto directo en nuestros humedales.

Estas actividades dañosas claramente no tienen licencia social por parte de la ciudadanía entrerriana, que mediante el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y petición a las autoridades, exige a la provincia y la nación una ley de humedales donde se garantice la preservación y conservación de los mismos y se prohíban determinados usos. Más aún en este tiempo de pandemia, creemos necesario evitar mayor conflictividad social”, se afirmó.

 

La presentación, que también acompañan en la firma el Foro Ambiental de Gualeguay, 350.org Argentina, MNR Gualeguaychú (universitarios por el ambiente), el partido GEN Entre Ríos; la Asamblea Ciudadana Concordia, Agmer Paraná, Libertad de los ríos, y Viva el rio Gualeguay, solicita “la inmediata suspensión y anulación de la audiencia pública convocada” haciendo una “expresa reserva legal de accionar judicialmente”.

 

 

De la Redacción de ERA Verde