Por Pablo Gavirati (*). «Que se vayan todos, que no quede uno solo», se escucha cantar. No es un video conmemorativo del Argentinazo de diciembre del 2001. Es el Chubutazo, que por seis días consecutivos tomó las calles de todas las localidades de la Provincia para dar vuelta el proyecto de zonificación minera. Para entender la potencia de este movimiento, debemos considerar la fuerza de la democracia asamblearia en Chubut. Aquella que comenzó con la gesta de Esquel en 2002/3 y se expandió a toda la provincia.
Ayer (martes 21) por la mañana la Legislatura de Chubut derogó la Ley de zonificación minera, que había votado el pasado miércoles 15 de diciembre. Menos de una semana fue el tiempo que pasó para revertir lo que fuera denunciado como una «traición» a la voluntad popular. Seis días de marchas cada vez más masivas en las principales localidades de la Provincia. Ya no solo en Esquel, como empezó la lucha en 2002. El epicentro esta vez estuvo en el valle y la costa, cuyas ciudades serían las principales afectadas por habilitar la mega-minería en la meseta central. En Rawson -la capital-, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. Hubo también manifestaciones en los pueblos de la Meseta, como el caso de Gan-Gan. Hubo movilizaciones masivas también en Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada, con problemas en su suministro de agua.
Así, en los días 19 y 20 diciembre, pero del 2021, el espíritu y el canto del «que se vayan todos» resonaron en Chubut. La crisis de la democracia representativa resultó evidente en la postura del gobernador, Mariano Arcioni, quien llegó al poder afirmando en campaña que respetaría el «No a la minería», pero luego impulsó el proyecto de zonificación. Hemos ya escrito sobre el conflicto mega-minero en Chubut del año pasado y sus antecedentes. Luego de un año -2020- donde hubo intentos reiterados de imponer la zonificación minera en el marco de la pandemia y la crisis provincial, los resultados de las últimas elecciones legislativas del 14 de noviembre marcaron el amplio rechazo al gobierno. El oficialismo solo tuvo 9 por ciento de los votos, quedando en cuarto lugar (detrás de Cambiemos, el PJ / Frente de Todos, y un partido provincial).
Aún en este panorama, Arcioni -referenciado a nivel nacional en la figura de Sergio Massa- continuó con su obsesión megaminera. El gobierno nacional a través del Ministerio de Producción funcionó como dinamizador político -con el silencio estampa del Ministerio de Ambiente- a pesar de la confrontación interna por el conflicto minero en el Frente de Todos y el Partido Justicialista a nivel provincial. En su última jugada, el gobernador prometió regalías a las localidades que adhirieran a la norma, e incluyó que 2 por ciento iría a los sindicatos. Es así como las conducciones de Petroleros y Camioneros, que tienen representación en la Legislatura, junto a la UOCRA se sumaron a manifestarse por la Ley. Por el contrario, Sindicatos de Marítimos y Estivadores, junto con los nucleados en la CTA -principalmente Educación- que lanzó el «paro ambiental» se mantuvieron frente al rechazo del proyecto. Recordemos que hace ya varios meses que la Provincia no realiza los pagos a sus trabajadores estatales en tiempo y forma.
El 15 de diciembre, solo un mes después de la derrota electoral, el gobierno provincial coordina para incorporar a la orden del día el proyecto de zonificación. Y en una sesión exprés, sin previo aviso, aprobó la normativa por 14 votos a favor y 11 en contra. Entre los votos positivos se encontró la mayoría del bloque oficialista de «Chubut al Frente» con 9 diputados, la mitad del Frente de Todos -2 diputados-, dos bloques peronistas unipersonales y la perla: Sebastián López, electo por el PRO y que fuera expulsado de ese partido luego del escándalo donde se lo vio en una cámara oculta pidiendo «más de 100 lucas» para hacer lobby por la minería. El episodio recordó la fotografía del 2014, donde se vio a un diputado -Gustavo Muñíz, del FpV- recibiendo instrucciones de la minera en plena sesión.
Estaban dados así los elementos para configurar una crisis política inédita en la historia de Chubut. Un gobernador sin ninguna legitimidad, con menos de 10 por ciento de los votos, desligado de cualquier noción de contrato electoral. Una Legislatura dividida al interior del Frente de Todos y el Partido Justicialista, con denuncias de corrupción por el lobby minero, con al menos un caso expuesto por cámara oculta que no fue sancionado por sus pares. Y, en ese marco, la presentación sin previo aviso y con tratamiento veloz -para no dar tiempo a organizar la manifestación en las calles- del proyecto más impopular de la historia de la Provincia. Pero ello solo no basta para explicar por qué el gobierno debió dar marcha atrás con una Ley en menos de una semana.
LOS MEJORES, LOS ÚNICOS, LOS MÉTODOS ASAMBLEARIOS
La rapidez y efectividad en la respuesta a la aprobación de la zonificación minera hay que encontrarla en el movimiento asambleario de Chubut. Es decir, no en las estructuras institucionales principales, como los propios Partidos Políticos, los Sindicatos o incluso las ONGs ambientalistas. Si bien hubo presencia de organizaciones políticas y del movimiento de trabajadores organizados, así como apoyo de organizaciones ecologistas, las distintas asambleas socio-ambientales fueron quienes lideraron la respuesta colectiva. Y para ello, un primer diagnóstico fue claro: «Nos traicionaron». El concepto de traición no se entiende aquí en el sentido partidario, opuesto a la lealtad, sino a la consigna previa que llevaban las asambleas: «Nos representan o nos traicionan».
Las asambleas lideraron la rebelión popular entendiendo la democracia participativa como un ejercicio permanente. En este punto, la coincidencia con el 20° aniversario del Argentinazo de diciembre de 2001 ofreció un marco interpretativo que resultó favorable para la comprensión de acciones directas. Aquí incluimos el ataque al edificio de la Legislatura Provincial, cuyas imágenes fueron las que más circularon por los medios masivos de comunicación, y que asambleístas han denunciado como acto de infiltrados o incluso de un auto-atentado de las fuerzas policiales. En ese marco, pocos medios se hicieron eco de la represión ejercida por el gobierno. Más allá de esto, se trató de una semana de movilizaciones históricas, simultáneas en todas las localidades de Chubut, protagonizadas por familias y «vecinos/as» (auto)convocados/as por las asambleas.
Desde ya, no se trató solo de la coincidencia en la efeméride. Como discutía en un trabajo previo, publicado en 2010, las denominadas «asambleas socio-ambientales» son la continuidad vigente de las asambleas barriales surgidas durante la crisis del 2001 y 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. En ese artículo, recuperamos el escrito «El Caso Esquel» de Pablo Quintana, en donde registra cómo las primeras marchas en esa ciudad cordillerana, a fines del 2002, estaban acompañadas de la consigna «Que se vayan todos, que no quede uno solo» surgidas en diciembre de 2001. De ese modo, la creación de «un espacio participativo llamado asamblea, tan horizontal como heterogéneo» se contraponía con «la clase política se vanagloriaba de haber logrado entregar una vez más nuestros recursos naturales».
Como remarcaron Norma Giarracca y Miguel Teubal en La rebelión de 2001-2002, publicado en 2017: «aquí reside la continuidad más fructífera entre aquellos momentos de la rebelión y el presente: las asambleas que ya no están en las plazas porteñas sino en Esquel, Catamarca, San Juan, Gualeguaychú, luchando contra la economía extractiva y depredadora, luchando contra el mercado de esta etapa del neoliberalismo y denunciando al Estado como socio». Aquí, el «vecino/a» se convierte en actor político, empoderado en su comunidad y su territorio, como está presente en el canto de las movilizaciones para interpelar y (auto)convocarse: «Vecina, vecino, no sea indiferente».
En este punto, Ana Mariel Weinstock, en un reciente artículo publicado por Intersticios, remarca también que la movilización asamblearia es «heredera del ´Que se Vayan Todos´ del 2001 que sacudió el sistema político representativo argentino». Al mismo tiempo, plantea una interesante tensión: «el movimiento asambleario estuvo (y está) en las urnas y en las calles, con los votos y los escraches, valiéndose de las leyes y de las acciones directas». En efecto, si vamos a los orígenes en Esquel, la marcha fundacional del 4 de diciembre de 2002 fue coronada con el plebiscito del 23 de marzo de 2003, donde 81 por ciento votó por el «No a la Mina». En este año, la segunda iniciativa popular (mecanismo de democracia semi-directa) que juntó más de 30 mil firmas fue rechazada sin debate el 6 de mayo por la Legislatura. A esa primera traición le siguió la del reciente 15 de diciembre.
MOVIMIENTO ASAMBLEARIO, DE LA CORDILLERA A LA COSTA
Valoramos, para finalizar, que la gesta de Esquel consiguió multiplicarse en todo el país, presentando el primer antecedente para la posterior conformación de la UAC (entonces Unión de Asambleas Ciudadanas / hoy de Comunidades) en 2006. Más pertinente para nuestro caso de estudio, desde 2008 se generan distintos espacios en la costa chubutense, como los Foros Sociales y Ambientales así como distintas asambleas de vecinos y vecinas, que se articulan en 2012 en la UAC de Chubut. En este proceso, siempre fue vital la participación en Trelew y Rawson; en esta última ciudad se encuentra la sede del poder político que tiene decisión sobre todo el territorio provincial.
Además de ello, consideramos que en esta última coyuntura la movilización en Puerto Madryn resultó determinante. Con antecedentes en 2009 con el Foro y en 2014 con la Asamblea Vecinal, en 2018 se formaliza la Asamblea por la Defensa del Territorio, que adoptó visibilidad en un espacio estratégico en dos sentidos. Por un lado, una mayor articulación con el CENPAT-CONICET, principal organismo científico, que está asentado en esta ciudad y que tuvo un rol relevante en la argumentación experta. Ello dio origen al informe presentado por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera en febrero de este año. Más aún, luego de aprobarse la Ley, el mismo organismo realizó un comunicado de manera veloz y contundente, por fuera de la posible burocracia de un organismo de esta magnitud.
Por otra parte, a nivel de la geo-política provincial, Puerto Madryn fue un lugar clave porque allí es el ámbito de actuación de los hermanos Sastre. En la mañana del lunes 20, el Intendente Gustavo Sastre anunció que vetaría la ordenanza de adhesión a la ley de zonificación, que su Concejo Deliberante había hecho en forma récord, el 16 de diciembre. Más tarde, fue el turno de su hermano, Ricardo Sastre, quien como vice-gobernador es Presidente de la Legislatura Provincial: primero convocó a la sesión del 21 y minutos después pidió tratar la derogación de la Ley. Así, las movilizaciones masivas en la ciudad portuaria, sin precedentes en la historia local, tuvieron el peso de romper la alianza oficialista que había logrado aprobar la zonificación minera.
En todo caso, las movilizaciones en toda la costa este de la Provincia fueron fundamentales y encuentran una explicación adicional. Serían las ciudades más afectadas -después de los pueblos de la Meseta- por una eventual explotación minera en el centro de Chubut. Así, si bien los argumentos pro-zonificación fundamentan que el «Proyecto Navidad» de la corporación PAS no tocará el Río Chubut: 1) no existen garantías al respecto, y 2) la ley no está hecha solo para esta empresa sino para otras decenas de proyectos que ya están en el territorio. Una afectación de la Cuenca del Río Chubut supondría una catástrofe ambiental inimaginable, en ciudades ya acostumbradas a la racionalización del agua y que se encuentra actualmente en crisis hídrica.
Como nos recuerdan Maristella Svampa y Enrique Viale, «la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional». Al mismo tiempo, la amenaza permanente de las corporaciones mineras -y los gobiernos cómplices- sobre los bienes comunes han creado la condición de posibilidad para la existencia y fortalecimiento del movimiento asambleario en Chubut. Una modalidad de ejercicio constante de democracia directa que no busca tomar el poder o gobernar, pero sí establecer los límites imprescindibles para garantizar el derecho básico a la vida y a un ambiente sano. Así también lo entendieron hace dos años en Mendoza, cuando las Asambleas por el Agua de esa provincia frenaron la eliminación de la Ley 5001 que prohíbe la mega-minería.
Como expresara Javier Rodríguez Pardo, inspirador de la gesta de Esquel con el antecedente del No al Basurero Nuclear en Gastre en 1996: “Participar, dijimos, es lo nuestro. Nuestros NO deberán tener la fuerza de imponer decisiones populares”. En Chubut, hace años que la dignidad se hizo costumbre.
Foto: Télam.
(*) Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC -UBA). Co-editor de ComAmbiental. Publicado en @comuambiental.