La Fundación Cauce dio a conocer un documento donde analiza los proyectos de infraestructura y energía en la región financiados por China. La organización ecologista observa que las inversiones van atadas a un paquete de condiciones secretas, establecidas en cláusulas de confidencialidad, que podrían vulnerar los derechos consagrados en los tratados y leyes existentes en Argentina. En la información actualizada a diciembre de 2023, figuran el “Cierre Energético Norte” de Entre Ríos y el puente entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Sobre este último, en el escrito al que accedió ERA Verde, se alerta que “dada sus implicancias socioambientales, requiere atención y seguimiento desde la sociedad civil”.

 

“Con el fin de conocer el desarrollo de la política pública de expansión y apertura internacional de la República Popular de China en nuestro país y la región, nos proponemos analizar brevemente las implicancias geopolíticas de su accionar, el entramado de instituciones financieras con las que cuenta, las iniciativas y proyectos que financia y los impactos socioambientales que derivan de estas inversiones, principalmente los relacionados a megaobras de infraestructuras y actividades extractivas”, señala en la introducción de su documento la Fundación Cauce, para abordar el entramado económico de algunos mega proyectos productivos e infraestructura en la región.

 

En este orden, el escrito apunta a que “en todos los casos, el accionar chino, ya sea por su financiamiento o por el involucramiento de sus empresas, se envuelve en el secretismo, estableciendo cláusulas de confidencialidad que no permiten la transparencia respecto de los contratos de financiamiento celebrados y las grandes obras de infraestructura y actividades que desarrolla en el territorio, así como tampoco tiene presentes los impactos ambientales y los costos sociales resultantes. Esto colisiona con la legislación argentina que garantiza el derecho al acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana, derechos reforzados con la reciente ratificación y vigencia del Acuerdo de Escazú, y con la protección de las comunidades y territorios”, sentencia el análisis de la Fundación ecologista que ha sido financiada por la Charles Stewart Montt Fundation.

 

En términos generales, Cauce resaltó como cuestiones preocupantes “las cláusulas de confidencialidad y la falta de políticas y marcos ambientales y sociales por parte del Estado chino y las instituciones financieras de las que es miembro o propietario”. Y que “esta situación deriva en la responsabilidad exclusiva por parte de los países que reciben su financiamiento de hacer cumplir y respetar sus propios marcos regulatorios en materia ambiental y social”. La Fundación apuntó que, en el caso de Argentina, se trata de hacer respetar su Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, las leyes de acceso a la información y participación ciudadana, la vigencia del Acuerdo de Escazú mediante Ley 27.566, los compromisos asumidos en torno al Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, entre otros”.

 

Enumeró que las iniciativas que se ejecutan o proyectan ejecutarse en Argentina, mediante actores y fondos chinos, se cuentan: la Central Nuclear Atucha III en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en El Calafate, Santa Cruz; el Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento en Malargüe, Mendoza; la Estación de Energía Fotovoltaica Cauchari en Jujuy, inversiones en la extracción de litio en Salta y Catamarca, entre otros. Y en Entre Ríos, las obras previstas con financiamiento chino son el Cierre Energético Norte y el Puente Paraná-Santa Fe.

 

PROYECTOS CHINOS

En el documento sobre las inversiones chinas que sitúa que “en febrero de 2022, Argentina obtuvo financiamiento para obras de infraestructura estratégicas y se incorporó definitivamente a la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda’ (IFR), mediante la firma de un memorándum de entendimiento en materia de cooperación, que se dio en el marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, entre el Canciller argentino Santiago Cafiero y He Lifeng, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China”. Sobre el IFR plantea que “tiene por objeto impulsar la cooperación y la conectividad entre los países a través de dos componentes principales: uno de carácter terrestre (la ‘franja económica de la ruta de la seda’) y otro transoceánico (la ‘ruta marítima de la seda’)”.

 

Enmarcado en esta Iniciativa, y citando un artículo periodístico, se enumeran 10 proyectos de interés para la financiación, entre el que figura el “Cierre Energético Norte – Entre Ríos”, para la ampliación de la red gasífera y eléctrica en la provincia. Asimismo, sobre este acuerdo entre Estados, dice Cauce, “se especula con que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina y China, abarcaría a 22 proyectos. Entre estos se halla el financiamiento del puente Paraná-Santa Fe, que se encuentra previsto hace años, pero sin consenso en torno a su traza. Ante esta cuestión, y dada sus implicancias socioambientales, requiere atención y seguimiento desde la sociedad civil”, se advierte.

 

En la información dada a conocer por la Fundación, se hace referencia a que el mentado puente entre las capitales provinciales también fue incluido “en el programa ‘Argentina Grande’, plan de obras públicas presentado en julio de 2022 por el entonces ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, que comprende las 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país”, y que entonces quedó inscripto “en estado de proyecto y bajo el paraguas de la Dirección Nacional de Vialidad”.

 

Sobre los antecedentes del enlace, en el paper conocido por ERA Verde se rememoró que “el proyecto de construir un puente entre las capitales de Santa Fe y Entre Ríos se remonta a 1999 cuando los entonces gobernadores de Entre Ríos, Jorge Busti, y de Santa Fe, Jorge Obeid, firmaron un acta de intención. En 2014, se impulsaron estudios de factibilidad económica y técnica para la obra y en 2017 el presidente (Mauricio) Macri mantuvo una reunión con Liu Qitao, el presidente de la China Communications Construction Company (CCCC) –que tiene como subsidiaria la Road and Bridge Corporation (CRBC), principal accionista del Grupo Puentes de España–, quien manifestó el interés por el puente. El proyecto no habría prosperado por la crisis económica que sufre Argentina desde 2018, la cual incrementa las dificultades para acceder al financiamiento necesario. Posteriormente, se incorporó en el Presupuesto 2022 por USD 920 millones, pero figura dentro del marco de las denominadas operaciones de crédito público establecidas en el artículo 39º, y que conforme versa el articulado, pueden instrumentarse mediante emisiones de bonos o letras o suscripción de préstamos, es decir, su factibilidad depende de la posibilidad de acceder a préstamos de organismos financieros internacionales”.

 

ENTRAMADO DE INTERESES

 

La faraónica iniciativa quedó enredada entre la falta de consenso por la traza, tironeado por distintos intereses económicos a ambos lados del río Paraná, que pugnan por los beneficios que les acarrearía la cercanía a las bocas del puente. Se describió en este marco que, en un avance de actividades en marzo de 2015, se iniciaron dos etapas. “En la primera, que incluyó un período de cinco meses, la consultora definió y evaluó la factibilidad de ocho alternativas de traza para la conexión vial Santa Fe-Paraná. Como resultado de este proceso, y según lo difundido en distintos medios de comunicación de la región, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) habría notificado a la Municipalidad de Santa Fe la selección de las trazas 2, 1 y 7 para que la consultora desarrolle los respectivos anteproyectos en un plazo de tres meses, con lo cual quedaría desestimada la alternativa 3, que era promovida por las autoridades políticas y fuerzas productivas de la ciudad de Santa Fe. Durante la segunda etapa, que se extenderá por 18 meses, la DNV seleccionará uno de los anteproyectos para que la consultora desarrolle el proyecto ejecutivo de las obras. Para la evaluación de las ocho alternativas de traza, la consultora aplicó una matriz multi-criterio contemplando cuatro ítems: transporte, costos, hidráulica y navegación fluvial y aspectos ambientales”.

 

En otro tramo del relevamiento, sobre el proyecto del puente, Cauce recordó que “en septiembre de 2015, se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo (Expediente 5289-D-2015) sobre las razones por las que Vialidad Nacional optaba por tres trazas –indicadas como 1, 2 y 7– que no aprovechan un solo km de la Ruta Nacional 168, y otras cuestiones conexas. Entre sus puntos exigía ‘Se den a conocer los resultados de los estudios ambientales que incluyen análisis de impacto social, económico, ecológico y de tipo político-institucional de cada traza estudiada, no solamente de las trazas seleccionadas por el organismo nacional’ y a continuación solicita: ‘Se informen los motivos por los que no se ha llevado a cabo aun la Audiencia Pública prevista en el Reglamento General de Audiencias Públicas de Vialidad Nacional en la que corresponde escuchar la opinión de los ciudadanos sin distinción y de organizaciones públicas y privadas’. Aspectos estos que siguen siendo desconocidos.

 

Por último, sobre los dos proyectos financiados en el marco del acuerdo interestatal, Cauce apuntó que “ha realizado un monitoreo y seguimiento, especialmente referido a la realización y concreción del Puente Paraná-Santa Fe, el cual podría tener grandes implicancias ambientales y sociales, de acuerdo con la traza que se determine para el mismo. En primeras instancias se rumoreaba con la elección de la traza que involucra a la zona de la Toma Vieja de la ciudad de Paraná, lo que es riesgoso por las barrancas que se encuentran presentes y los ecosistemas que conforman las mismas, como así también para los habitantes de la misma. Por el momento, no hay certidumbre en la concreción del proyecto, pero sí se ha avanzado en aspectos previos, como el análisis de las alternativas señaladas previamente. Se trata de un proyecto de obra que siempre se encuentra latente, por lo cual es necesario atender a los avances e intenciones respecto de la misma”, cerró.

 

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De la Redacción de ERA Verde