A raíz de las restricciones a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales impuestas a través de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, las entidades del agro se reunieron en Gualeguyachú y adelantaron que harán una movilización hacia Paraná si el gobernador no les da una respuesta a sus reclamos antes del miércoles. Según entendieron, se ven amenazados por grupos docentes y ambientalistas, así como ven una campaña que pretende generar una grieta con la sociedad.
Concretamente las entidades del campo reclaman una regulación del Ejecutivo entrerriano frente a la decisión judicial que impuso una prohibición de las fumigaciones terrestres 1.000 metros alrededor de los establecimientos educativos, y en 3.000 metros a la redonda en caso de ser una aspersión aérea.
Los productores fueron convocados este viernes 9 de noviembre a una asamblea en un campo lindante a la Autovía 14 por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina. En el lugar debatieron un documento para la difusión pública y además advirtieron al gobernador Gustavo Bordet que harán una marcha hacia la capital provincial si no encuentran respuestas a sus planteos.
Según consignó APF, el encuentro reunió a una importante cantidad de productores y vecinos preocupados por esta situación. Participaron el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto; el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, Matías Martiarena; el presidente de FARER, Raúl Boc-Ho; de Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, Walter Feldkamp; el vicepresidente de Federación Agraria Argentina. Elvio Guía; así como dirigentes de distintos lugares de la provincia.
En la proclama indicaron: “Nuestro sector agropecuario se encuentra hoy amenazado, ya no sólo por todos las dificultades conocidas, como lo son el clima, los mercados, la falta de rentabilidad, los problemas de infraestructura, entre otros, sino que desde hace algún tiempo por el accionar de algunos sectores docentes y ambientalistas, un grupo de dirigentes políticos y también ahora por la justicia», apuntaron.
“Por esto estamos hoy acá, para expresarnos, para decir a todos los vientos que no somos cómplices del deterioro del medio ambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida. Intentan enfrentarnos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, sin fundamento alguno y con el sólo objetivo de sacar miserables réditos personales y sectoriales”, agregaron en el texto.
“Sin dudas, muchos de los que estamos afectados por el fallo de la justicia, tendremos graves problemas para poder sostener nuestras familias, nuestras estructuras productivas, desmoronándose así una pirámide de efectos positivos que conlleva esta actividad. Y en lo inmediato, a lo largo y ancho de la provincia nos encontramos con miles de productores que ya han sembrado y perderán sus cosechas por no poder realizar aplicaciones, arrendatarios con contratos en marcha, otros que no podrán hacer frente a los créditos solicitados porque les han prohibido producir de la noche a la mañana, entre otras realidades”, añaden.
“Hoy debemos apelar a las autoridades provinciales para pedirles que actúen con urgencia, que adopten las medidas necesarias para lograr un poco de razonabilidad en las decisiones que toman, y buscar el punto de equilibrio que nunca se debió perder entre la sustentabilidad social, económica y ambiental”, reclamaron.
“Este fallo proscriptivo, más allá de no tener fundamento, en cierta medida deja un resquicio del que se aferran los jueces y es por la ausencia de una ley de fitosanitarios moderna como la que estuvo por ser sancionada por la legislatura provincial este año –en el Senado se aprobó, previo trabajo de una bicameral durante un año y medio- y que por mezquinas especulaciones políticas, fue lisa y llanamente cajoneada en la Cámara de Diputados provincial. Privar a los entrerrianos de esa norma, fue un acto de absoluta irresponsabilidad y necesita ser reparado con urgencia”, se consignó.
“Resulta perentorio que el Estado asuma su papel con firmeza y determinación, ya que esta decisión judicial significa que la prohibición de fumigación equivale a una prohibición de producción. Estamos hablando de que este fallo discrecional y arbitrario, sin argumentos científicos ni técnicos, deja sin la producir a miles de productores y a alrededor de 300 mil hectáreas”, entendieron desde su óptica.
“Nunca estuvimos en contra de los controles. Es un claro rol del Estado el ejercicio del poder de policía, es por esto que también se debe avanzar en un esquema específico de controles y un programa provincial de buenas prácticas agrícolas. También resulta necesario que el Estado entrerriano reglamente la ley a la que adhirió respecto de los Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), para un eficiente descarte de los bidones de fitosanitarios, entre otras acciones”, señalaron.
“Hay un elemento central en el que muy pocos reparan: somos parte del entorno rural, muchos vivimos en el mismo campo, o bien todos los días trabajamos en el mismo. ¿Cómo no vamos a ser los primeros en cuidar nuestro lugar en el mundo, donde criamos a nuestros hijos? Y tengan por seguro que más allá de las adversidades seguiremos haciendo lo que elegimos y sabemos hacer: trabajar, producir, generar empleo y riqueza. Eso no quita que levantemos la voz, que reclamemos por nuestros derechos. El campo merece y debe ser escuchado. Hay un pasado, un presente y seguramente un futuro, con los productores como protagonistas de la historia de esta provincia y de este país. Pero el hoy, necesita de una clara y férrea decisión política. La reparación de esta situación no está en nuestras manos. Es la hora de la grandeza y la lucidez de nuestros gobernantes”, concluyeron.
Foto: SRA Gualeguaychú
De la Redacción de ERA Verde