Hacendados y propietarios de campos de los departamos Diamante y Victoria se reunieron con legisladores del bloque Juntos por el Cambio (UCR y PRO) de la Cámara de Diputados Entre Ríos. Fue para manifestarles que se oponen a la sanción de la ley que declara “Zona de Reserva Exclusiva para la Pesca Deportiva” a la cuenca del arroyo Doll. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y se encamina a ser tratada en la Cámara Baja provincial.

Dirigentes de la fuerza Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial fueron convocados por un grupo de ruralistas, dueños de hacienda y terrenos en inmediaciones de arroyo Doll, quienes les manifestaron su preocupación por el avance de un proyecto para declarar la zona de protección íctica desde la localidad de General Ramírez hasta su confluencia con el Arroyo Las Mangas. Los vecinos de la cuenca de este curso de agua propiciaban que sea declarada área natural protegida y convocaban a un encuentro abierto para debatir la idea. Y en función de esto, en el Senado avanzó un proyecto de otro carácter que protege el lugar de la pesca comercial. A ambas iniciativas se han manifestado en oposición al Comisión de Producción de la Unión Cívica Radical (UCR). Este ente es liderado por la ex legisladora nacional, Hilma Re, con intereses como propietaria de un campo en el área de influencia. Ahora, se manifestaron en el mismo tenor un grupo denominado “Vecinos y Productores Protectores del Arroyo Doll”.

El encuentro se llevó adelante en la Junta de Gobierno de Costa Grande, departamento Diamante, a mediados de mes, en donde participaron los diputados provinciales de la UCR Gustavo Cusinato y Gracia Jaroslavsky, así como el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara; el de Libertador San Martín, Raúl Jose Casali; los presidentes de las juntas de Isletas, Lucas Eichmann; Costa Grande, José María Trossero; Chilcas, Rogelio Fuchs y Rincón del Doll, Roque Torroglosa González, todos ellos de la alianza Juntos por el Cambio, consignó el sitio Informe Litoral.

 

Pedido

Los ruralistas expresaron que el proyecto aprobado en el senado a fines de diciembre fue “inconsulto, desinformado y generador de conflictos”, sostuvieron en un comunicado dado a conocer a la prensa. Y que los senadores por los departamos Diamante y Victoria, Claudia Ester Gieco (PJ–Creer) y Gastón Bagnat (UCR-Juntos por el Cambio) llevaron la propuesta para ser sancionada “entre gallos y medianoche”, “sin ninguna consulta previa a los principales actores e involucrados, que, en definitiva, serán los afectados por dicho proyecto”, sostuvieron.

 

Los productores aseguraron que son “los primeros interesados en proteger y preservar el arroyo Doll. De hecho, lo hacemos, y lo hemos venido haciendo durante sucesivas generaciones”, y reafirmaron “total compromiso en tal sentido”.

 

Sobre lo desinformado del proyecto indican que se “por ser un arroyo en partes con barrancas elevadas, y además, cruzar por campos privados con cultivos agrícolas y ganadería que abreva en su curso”, apuntaron, como uno de las principales preocupaciones.  Y entre las inconsistencias de la letra de Gieco y Bagnat dicen que “pretender realizar pesca deportiva con devolución constituye una utopía desde lo ambiental y cultural, ya que no existen ejemplares de tamaño permitido y la hipotética devolución, es imposible de controlar”, coligen.

 

Justamente la falta de control sobre el lugar no ha impedido que este curso de agua se vea depredado, tal como ha informado ERA Verde y que fue el motor que los pobladores de la cuenca se organizaran para su defensa, sin bien con otro tipo de propuesta.

 

Los ruralistas ven la posibilidad de que el lugar sea un espacio para la recreación y ecoturismo como actividades “que implica permitir el tránsito de personas por las propiedades privadas que no podrán ser controladas, generando todo tipo de posibles conflictos, desde la contaminación con basura, botellas y bolsas plásticas, residuos de comida, la depredación de la fauna, la caza de especies en extinción, entre otras. A ello deben sumarse los seguros incendios accidentales o provocados, delitos que, según la nueva Ley Nacional de Manejo del Fuego, serán atribuidos al propietario del campo, sin investigar el origen de los mismos, el cual será sancionado con la inutilización de su campo por 30 a 60 años, según sea el caso”, afirman atajándose en los argumentos. “Además –agregan–, no podemos desconocer el crecimiento de los delitos de abigeato y robos, y el aumento de la Inseguridad en la zona rural, que implicaría la vigencia de una ley de esa naturaleza”.

 

De acuerdo a la crónica de la reunión, los legisladores y responsables ejecutivos escucharon los planteos, y según pudo averiguar ERA Verde, los legisladores salieron con una postura de no acompañar el proyecto en Diputados, tal y cual salió a fines de 2020 del Senado.

 

Fotos: Informe Litoral

De la Redacción de ERA Verde