Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “profunda preocupación” ante el proyecto de ley que incorpora la figura del denominado «ecocidio» al Código Penal Argentino. La iniciativa es de la senadora por Chubut, Edith Elizabeth Terenzi (UCR) y ya cuenta con dictamen favorable para ser tratado por el pleno. Los ganaderos señalan que la tipificación que las multas y penas por daños ambientales graves “pone en riesgo la seguridad jurídica y el estado de derecho”, dijeron.
En su declaración oficial, el CRA sostuvo que “que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional. El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales. Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental”, entendieron.
Como se recordará, en junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado la propuesta de la senadora Terenzi obtuvo dictamen favorable, lo cual habilitó a ser tratado en sesión de la Cámara Alta nacional.
DE QUÉ SE TRATA
En la iniciativa, se prone definir la figura de ecocidio como el “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, comprometiendo los derechos de las generaciones presentes y futuras”. También redefine una responsabilidad ampliada en cuando el “el delito no solo penaliza a los ejecutores materiales, sino que extiende la responsabilidad penal a empresas (personas jurídicas), directivos, técnicos y funcionarios públicos que autoricen o participen en las decisiones que causen el daño”. También impone sanciones corporativas para las empresas sobre las cuales se contemplan multas económicas severas, suspensión de subsidios o beneficios estatales, suspensión de operaciones hasta por 10 años y la quita de contratos públicos.
Estas definiciones no son del agrado de CRA, que dice que ya hay un abultado cuerpo legal para atender estos daños y dice que hay “conceptos vagos e indeterminados como ‘daño ambiental irreversible’, ‘equidad intergeneracional’ o ‘afectación multiecosistémica’, sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito”.
A los ruralistas también le inquieta las penas previstas “y la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas. La amenaza de sanciones desproporcionadas puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica”.
CRA también advierte “que este proyecto no sólo afecta al sector agropecuario. Su alcance podría extenderse a la industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y a cualquier actividad que utilice recursos naturales o intervenga sobre el territorio. La falta de precisión normativa abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y decisiones judiciales contradictorias”.
Es así que la dirigen rural de esta confederación pide a los legisladores no acompañar esta propuesta ya que considera un proyecto de “ley de ecocidio, tal como fue dictaminado, debe ser revisado integralmente y no avanzar hasta garantizar que cualquier modificación del Código Penal respete estrictamente los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley”.
De la Redacción de ERA Verde