El Senado tratará esta semana el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Distintas organizaciones sociales, ambientales y políticas, convocaron a adherir con la firma n pedido a los senadores y las senadoras para que “rechacen este régimen de privilegios, que compromete los derechos humanos y el ambiente por los próximos 30 años”.

 

Los argumentos de la carta abierta a la cual se convoca para la firma dice:

 

“El proyecto plantea que los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI tengan prioridad por sobre el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Los proyectos de inversión no podrán ser afectados por regulaciones sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos que puedan afectar el proceso productivo. De esta manera, en caso de escasez de agua o de energía, por ejemplo, la prioridad en el acceso a ambos recursos la tendrán las empresas beneficiadas por el RIGI, por sobre las personas. Tampoco habrá controles para las obras de infraestructura que realicen las empresas. Ninguna ley podrá afectar esas obras, incluso si se trata de leyes de protección de derechos o del ambiente. Además, si bien el dictamen incorporó requisitos vinculados a la protección del empleo y a la industria local, no incluyó ningún requisito referido a la evaluación de impacto y a la protección ambiental por parte de las empresas que se ampararon en RIGI.

 

“El RIGI también contradice el derecho de las comunidades indígenas a tener información adecuada y suficiente y a participar en los procesos de toma de decisiones que van a afectar a los territorios donde viven desde siempre. Los cortísimos plazos que se establecen para la aprobación de proyectos -30 días con posibilidad de ampliarlo 15 días más- son incompatibles con los procedimientos necesarios para garantizar este derecho.

 

“Por último, el proyecto establece que cualquier ley, provincial o nacional, que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” el RIGI será declarada “nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. Esto supone un avasallamiento no sólo a las autonomías provinciales sino también a uno de los principios más básicos de la democracia: la posibilidad de definir mediante mecanismos de deliberación democrática las leyes bajo las cuales nos regimos como comunidad.

 

“Por todas estas razones, les solicitamos a senadores y senadoras:

 

“que defiendan sus territorios, sus recursos naturales y el derecho al ambiente sano de todas y todos los habitantes de este país,

 

“que protejan los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que viven en sus territorios desde hace generaciones,

 

“que defiendan el derecho de todos y todas a definir nuestras leyes, sin quedar sujetos a las condiciones establecidas por el RIGI por los próximos 30 años,

 

“que respeten el principio de equidad intergeneracional y eviten comprometer a las generaciones futuras con arquitecturas legales sin mirada social ni ambiental”.