Dirigentes de la entidad gremial agropecuaria de Entre Ríos emitió un duro documento donde cargan contra las limitaciones al uso de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. Advierten de los perjuicios a los que se ven expuestos y que llevarían a un abandono de sus tareas productivas en el campo. Achacan al Estado provincial de “incapacidad e incompetencia para solucionar los problemas”.

 

Productores y autoridades de la Federación Agraria Argentina de los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá, tuvieron un encuentro el pasado 29 de abril donde “decidieron emitir este comunicado” que fue titulado “La prohibición de producir y las consecuencias impensadas en el medio rural”. En el escrito emitieron duras críticas al amparo ambiental que impone una restricción a las aspersiones con agroquímicos alrededor de las escuelas rurales, de 1.000 metros en caso de las terrestres y 3.000 en las áreas. El fallo del vocal Oscar Daniel Benedetto del 1 de octubre de 2018 fue confirmado por el 30 de octubre por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal (STJ). Y el decreto Nº 4.407/18  del Ejecutivo provincial que impuso menores distancias, quedó nulo por un dictamen del camarista Andrés Manuel Marfil con fecha 29 de marzo de 2019. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía de Estado y está pendiente de resolución por la Sala Penal del STJ.

 

Así, los ruralistas en su declaración apuntan a que “la prohibición de aplicar fitosanitarios que ha establecido un fallo de la Justicia entrerriana, ignorando la información científica técnica disponible, significa para nuestras empresas agropecuarias la irracional obligación de someternos a la negativa de producir. Para el actual proceso productivo tenemos como herramienta fundamental la aplicación de fitosanitarios que nos permite proteger a los cultivos, agrícolas y forrajeros, contra las malezas, insectos y hongos. De no poder aplicarlos es igual a tener muy poca producción o no tenerla. Por otra parte, la prohibición de aplicarlos en un radio de mil metros respecto a una escuela rural, representa mínimamente unas 300 hectáreas sin producción alrededor de esa escuela. Para los productores vecinos a la escuela pueden significar que toda su empresa quede fuera de la producción”, alertan.

 

Daño psicológico

 

El gremio agropecuario insisten en que son los productores quienes se encuentran “fuertemente perjudicados por la justicia ya están considerando diversas salidas frente a este problema inverosímil, como la de abandonar la producción y migrar a las ciudades en busca de empleo. También, retirar sus hijos de estas escuelas rurales; muchas de ellas construidas en terrenos donados por sus abuelos y que funcionan actualmente porque tienen cooperadoras sostenidas por esos mismos productores vecinos y padres de los niños que asisten a esas escuelas. La asistencia de los gurises y de los maestros a esas escuelas rurales se ve impedida muchos días al año debido al mal estado de los caminos rurales, otro problema permanente e insoluble para los productores que no logran que sus reclamos sean atendidos por la Provincia y por Vialidad”.

 

El documento de la Federación Agraria también plantea que lo que denominan “prohibición de producir por estar cerca de una escuela rural” se constituye en “un factor que hará forzar en muchos casos la decisión de mandar los gurises a una escuela en la ciudad, produciendo un éxodo rural y por ende un desarraigo del lugar donde se está viviendo. Es impensado para una familia que de la noche a la mañana no puede disponer de sus tierras para producir, ese es su modo de vida, de sustento. Se están observando ya las consecuencias psicológicas que esto acarrea y que destruye sueños de familias de campo”.

 

Finalmente, en una fuerte crítica a la Justicia, aputan que “el fallo judicial del Estado entrerriano no ha tenido en cuenta que para cuidar la salud de los gurises del campo, no es necesario sacar de la producción más de 300 mil hectáreas en la provincia, si no requerir otras medidas cuyo incumplimiento son responsabilidad del mismo Estado.  Antes de prohibirnos producir deberían haber tenido para el sistema productivo que requiere este fallo todas las herramientas viables y sostenidas en el tiempo para poder cambiar el actual modelo de producción. Con Buenas Prácticas Agrícolas  (BPA) la producción entrerriana muestra una de la forma de trabajar las tierras. Es una gran paradoja que un poder del Estado provincial falle contra de otro poder, afectando la economía de un gran territorio y sus habitantes, demostrando así su incapacidad e incompetencia para solucionar los problemas de la gente y en consecuencia generando más perjuicios que beneficios”.

 

De la Redacción de ERA Verde