Con alusiones a la falta de control estatal y la ausencia en la Legislatura de un acuerdo sobre la regulación en la materia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó firme la sentencia de Cámara que prohíbe las aspersiones terrestres con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia y en forma aérea en 3.000 metros alrededor de este tipo de establecimientos educativos.

 

Con el voto de Miguel Ángel Giorgio, al que se le sumó el de Daniel Carubia, y la oposición de  Claudia Mizawak, la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ admitió el amparo ambiental interpuesto por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista Paraná para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia. Se trata de una sentencia trascendental.

 

El pasado 1 de octubre, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, había hecho lugar parcialmente al pedido de Agmer y el Foro Ecologista para que cesen las fumigaciones con agrotóxicos a las escuelas rurales. Además de las restricciones, el magistrado había ordenado exhortar al Estado Provincial para que estudie la problemática y diseñe “pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”. También impuso una condena al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en 2 años implante barreras vegetales a una distancia de 150 metros de todas las escuelas rurales. Del mismo modo, ordenó suspender “de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.

 

Esta sentencia de Benedetto fue oportunamente apelada por la Fiscalía de Estado provincial, alegando que era muy vasta la superficie que sería afectada por las limitaciones, y calificando el fallo del magistrado de “arbitrario e infundado”.

 

Sobre esta controversia, este lunes 29 de octubre el  STJ emitió finalmente su decisión. Confirmó la restricción a las fumigaciones, admitió las barreras vegetales con la salvedad que lo deberá hacer la Secretaría de la Producción y no el CGE, y desestimó que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, que era también otro de los pedidos de las demandantes.

 

Los niños y la salud, primeros

 

En sus argumentos Giorgio aludió a los antecedentes remitidos por el defensor General, Maximiliano Francisco Benitez, quien “destacó la normativa vigente en materia ambiental, aludió a reconocida doctrina y jurisprudencia y señaló los derechos del niño afectados por esta problemática”. En este sentido, planteó que el funcionario judicial “concluyó indicando que no puede admitirse que en una cuestión de vital importancia para la salud de la población en general y de los niños en particular, se carezca de regulación o se tenga una antigua en relación a los avances tecnológicos y que no permita ejercer al Estado el poder de policía que es inherente al mismo, propiciando finalmente se confirme el fallo cuestionado”.

 

Para sostener su decisión el vocal del STJ también dijo que “hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños -y docentes- que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están. Desde ésta óptica, se hace evidente la ausencia normativa relacionada con la salud de los alumnos rurales, por lo que encuentro absolutamente razonable la imperiosa necesidad de suplir dicha laguna, y aunque sea transitoriamente, establecer de manera urgente una protección a un bien jurídico tan importante y esencial como es la salud de los niños y los docentes de las escuelas rurales sin invadir con ello las restantes esferas de poderes sobre quienes pesa el deber de reglamentar y/o normativizar la debida protección de quienes asisten regularmente a dichos establecimientos educativos rurales, frente a una práctica claramente lícita, pero cuya nocividad para la salud se ubica hoy como centro de debate científico de los distintos foros, sin que pueda sostenerse un consenso respecto de la inocuosidad para la salud humana en su ejercicio”.

 

Con respecto a las responsabilidades del Estado, Giorgio expuso que comparte los razonamientos del juez de Cámara “respecto de las restricciones espaciales para la actividad fumigatoria, poniendo el acento en la omisión estatal en la consecución de los fines que la Ley de Plaguicidas y la Ley General del Ambiente contemplan, destacándose que ante la actividad lícita en el ejercicio de la actividad agropecuaria debe haber un límite de tolerancia, y ese límite lo establece el derecho a la salud y a un ambiente sano, especialmente cuando se trata de la salud de los niños”.

 

Problema de la Legislatura

 

Por su parte, Claudia Mizawak fundamentó su voto en contra, de rechazo al amparo ambiental, sosteniendo que la Justicia no es el ámbito para resolver la cuestión. “Estamos ante un tema sensible y complejo, que genera debates mundiales, diversas opiniones y posturas antagónicas, hay muchos intereses involucrados de la más diversa naturaleza; por lo que todas estas cuestiones deben ser evaluadas, debatidas y decididas, previa participación de todos los afectados y oídas las opiniones de expertos en la materia en el ámbito adecuado; que no es otro que el Poder Legislativo, a través de una ley, o aún a cargo del Poder Ejecutivo, por medio de un decreto, pero no de un fallo en el ámbito de un proceso sumarísimo, que de por sí tiene un marco probatorio reducido”, dijo la vocal.

 

La ex fiscal de Estado también señaló que: “Tiene ahora el Poder Legislativo una segunda oportunidad para abordar esta cuestión, mediante el tratamiento de la ley de presupuesto, en la que podrían prever mayores partidas, para dotar de mejores recursos técnicos y humanos a la autoridad de aplicación, porque en estas cuestiones es de fundamental importancia que el régimen de control funcione, para prevenir el posible daño y sancionar al que lo comete. Quiero dejar claramente sentado que si en los espacios correspondientes, después de meses de trabajos y busca de anuencias, con la participación de expertos, no se pudo legislar sobre la materia traída a debate, resulta lógico colegir que no pueda efectuarse en el ámbito de este proceso extraordinario y excepcional”.

 

A su turno, Daniel Carubia, adhirió “íntegramente a la solución de fondo” que se planteó con el voto de Giorgio.

 

El fallo completo: fumigaciones fallo stj

 

De la Redacción de ERA Verde