La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nación en reclamo por los incendios en los humedales de las islas del sur entrerriano. La entidad solicitó ser incorporada a la causa en la que se investigan las responsabilidades por esto episodios. Aclararon que Entre Ríos carece de ombudsman, figura creada en 2008 por la Constitución provincial, ni tampoco cuenta defensor en la ciudad de Paraná a raíz de haberse caído su elección en la pasada gestión del HCD.

 

Defensorías del Pueblo del país fueron al máximo tribunal de Justica por los incendios en el Delta del Paraná. La iniciativa estuvo a cargo del presidente de Adpra y defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y sus pares de las provincias de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto. Puntualmente, Adpra, se postuló como amicus curiae ante al Corte y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema.

Desde el organismo, se planteó que “ante la ausencia de la defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde Adpra tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”, aseguró Amor y agregó: “El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas. Pero la decisión de intervenir es unánime. Los devastadores incendios en el Delta del Paraná son inaceptables, por eso ponemos a disposición de la justicia todas las herramientas de nuestros organismos de Derechos Humanos para la defensa de nuestra casa común”, afirmó el titular de Adpra en un comunicado de prensa.

 

Por su parte, Lorenzino indicó: “No sólo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”.

 

En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”. Y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.

 

Ausencias

 

En el caso de Entre Ríos no participa de la presentación porque, se recordó, la figura del ombudsman está instituida en la Constitución provincial desde 2008, pero la institución no se constituyó todavía. En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, si bien forma parte de Adpra,  se encuentra acéfala desde noviembre pasado a raíz de un desmanejo político que hizo caer el proceso de elección cuando Josefina Etienot (PRO) se encontraba al frente del cuerpo deliberativo del cual depende este instituto. En la actualidad, con la nueva gestión, se retomó el proceso trunco de convocatoria y elección de representantes y esta semana se tenía previsto llevar adelanta las entrevistas a los postulantes.

 

Fundamentos

 

Entre los argumentos de las Defensorías, se marca la experiencia en materia medioambiental que tienen estos organismos y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación.

 

Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente, se expresa en el parte.

 

En el Congreso

 

Por otra parte, las Defensorías del país se sumaron ‪este miércoles al pedido de tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales que se tratan en Diputados y Senadores de la Nación, al considerarlo “de extrema importancia para garantizar los servicios ambientales a todos los habitantes de nuestra nación”.

 

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, se dijo que viene bregando por una norma que proteja estos ambientes, y se expresó satisfacción por el pronunciamiento realizado por la entidad que nuclea a las Defensorías del Pueblo del país. “Según los expertos internacionales de la Convención Ramsar, estos ecosistemas –de los más biodiversos del planeta y de cuantioso valor ambiental– están desapareciendo a un ritmo tres veces mayor que los bosques. Un ritmo que se aceleró aún más luego del año 2000”, sostiene el documento elaborado por Adpra, en el que se insta a los legisladores nacionales a sancionar una norma que proteja los humedales.

 

Las Defensorías del Pueblo de Argentina sostuvieron que “los numerosos argumentos que sostienen la necesidad de un urgente tratamiento son significativos y se relacionan a las garantías que estos ecosistemas brindan en el sostenimiento de la vida, y todos aquellos servicios que otorgan y permiten el desarrollo de las relaciones ecológicas tales y como las conocemos”. En su documento, agregaron: “No podemos dejar de mencionar, además, que Argentina hace propia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta para el diseño y la implementación de políticas públicas y que esta temática es transversal a muchos de esos objetivos”.

“Preservar y proteger los humedales es imperativo, y no puede demorarse como viene aconteciendo con el correr de los años, en el que los diferentes proyectos de ley se han sucedido y, a pesar de los diversos tratamientos parlamentarios, a la fecha no han logrado convertirse en ley. Desde las instituciones que representamos y estamos comprometidos con los objetivos de cuidado y preservación de la naturaleza, recomendamos encontrar caminos tendientes a lograr los consensos necesarios para su sanción definitiva. Además, consideramos imprescindible propender a generar campañas de difusión, conocimiento y protección de estos sistemas ecológicos desde los diferentes niveles del Estado”, concluyeron  en su pronunciamiento.

 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo santafesina expresó su satisfacción por “la decisión de la institución que nuclea a los defensores de todo el país de pedir por la sanción de una ley que preserve los humedales de nuestro país, entre los cuales se encuentran el humedal del Alto Delta que involucra a nuestra provincia y que debemos preservar en toda su biodiversidad”.

 

Fuentes: Adpra y Red de Comunicadores de la FIO-Red COMFIO

Foto: Pía Maiocco

De la Redacción de ERA Verde