La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina solicitó observar las actuaciones que investiga la Justicia Federal de Paraná en el caso de la posible violación de una medida cautelar dictada para proteger los humedales de las islas. El hallazgo de obras prohibidas de indicamiento con fines productivos en el Delta abrieron una causa que ahora llamó la atención ante la eventualidad que producto de este delito ambiental se intente ingresar dinero sucio al circuito financiero.

Este martes se conoció el ingresó un pedido de la UIF al juez federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, en el cual pide la “vista de las actuaciones”, así como “solicita copias digitalizadas de las actuaciones” del expediente iniciado a raíz de determinar si se cumple con la medida cautelar por este mismo magistrado dictada para proteger los humedales de las islas. Alonso abrió esta indagación a partir de una denuncia presentada por las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental que piden que se averigüe “la probable comisión de los delitos de desobediencia judicial y/o incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, por las obras de construcción de una muralla al margen de la traza que une la provincia con Rosario, entre el kilómetro 43 y 44. La Unidad de Información Financiera pretende presentarse como querellante para investigar si en este trasfondo hay lavado de dinero.

Como se recordará el 1 de julio pasado el juez Alonso dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado”. Fue a instancia de una acción de amparo interpuesta por las mencionadas organizaciones ambientales para recomposición del daño ambiental producido por las quemas de pastizales que azotan el Delta desde principio de año. Es por esto que al registrarse el quebrantó de la medida, el magistrado envió el 26 de agosto una serie de oficios para “determinar las condiciones de cumplimiento de la cautelar oportunamente decretada”. Envió escritos a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Jefatura de la Departamental Victoria de la Policía de la Provincia de Entre Ríos y al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, para informar sobre el “cumplimiento de la manda cautelar”.

Justamente este movimiento llamó la atención de la UIF, quien solicita “autorización para examinar las referidas actuaciones”, dice la nota a la cual accedió ERA Verde. El organismo que investiga el movimiento ilegal de activos cita jurisprudencia para fundar su solicitud y plantea que al investigarse “la comisión de incendios intencionales generados a partir de quema de pastizales, provocando un grave daño ambiental a la vida silvestre y a los recursos estratégicos como los humedales, con un gran impacto social, política, económica, ecológico y de desarrollo”. Por tanto, el carácter e importancia internacional de estos hábitats y su reconocimiento por legislación y tratados internacionales “establece la obligación de limitar las actividades que amenazan la extinción de especies o la degradación de los ecosistemas dentro de sus territorios”.

Asimismo, la UIF señala que del plenario de junio de 2020 de la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) surge “la intención de profundizar las investigaciones del lavado de activos proveniente de delitos ambientales”. Y que “de los hechos investigados surge la posibilidad de la comisión de estos delitos, con el fin de un aprovechamiento económico indebido, generando a partir de este ilícito tierras aprovechables para actividades económicas que no tenían antes de la comisión de los mismos, y en consecuencia, la posibilidad de que la Unidad de Información Financiera se presente como parte querellante en ejercicio de las facultades otorgadas”. Así, “por lo expuesto, es que se solicita tomar vista de las actuaciones a los efectos de evaluar la posibilidad de presentarse como parte querellante”.

Sobre este planteo, ahora deberá expedirse el juez Alonso.

De la Redacción de ERA Verde