Por Juliana Robledo (*). Hemos presenciado el fuego cruzado entre altos funcionarios dando cuentas, y también deslindando responsabilidades, sobre las acciones realizadas por cada jurisdicción para controlar los incendios en el Delta. Y sin duda muchas de esas medidas han sido las necesarias con una inversión económica importante para el fortalecimiento del sistema de manejo del fuego, y los aportes a las causas judiciales en curso. Pero el humedal ha sufrido un impacto ambiental significativo y las medidas para la recuperación no están tan claras aún y también la disputa, ha traído un costo político que poco importa a quienes no trabajan en y por la gestión pública pero que sabemos, quienes hemos participado alguna vez, que es una piedra en el zapato para las iniciativas propositivas de abordaje de la situación.
Ahora bien, el Delta del Paraná en tanto mosaico de humedales de 23.000 km2 proveedor de servicios ecosistémicos irremplazables, que incluye los polos de desarrollo industrial y la región agrícola-ganadera más rica del país, necesita que tomemos el toro por las astas. La mayor parte del territorio se encuentra en la provincia de Entre Ríos con un 72%, en la provincia de Buenos Aires con 16% y en Santa Fe con 8%. Solo Entre Ríos tiene aproximadamente 1.065.000 ha de áreas protegidas de distintas categorías en el territorio definido en esta nota, incluyendo aquí al Parque Nacional Pre Delta, la Reserva de Usos Múltiples de Victoria y la Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, entre otras. La región, también contiene los Parques Nacionales Islas de Santa Fe con 4.096 ha., Ciervo de los Pantanos con 5.200 ha. y el Sitio Ramsar Delta del Paraná con 243.000 ha., cubriendo de esta manera una parte importante del territorio del Delta con una continuidad natural que es necesario defender y profundizar hacia el sur de la provincia.
Para tomar el “toro por las astas” en el Delta hay que comprender la complejidad del territorio, las distintas presiones a las que está expuesto y las dimensiones para la gestión. Los dos primeros puntos han sido altamente descriptos en muchos artículos de opinión. Entonces propongo revisar algunos puntos sobre las condiciones para la gestión.
En ese sentido, en la inversión para el control de incendios es donde se observan los avances más importantes, aunque nunca parezca suficientemente completo, incluso el proyecto actual de presupuesto 2023 prevé partidas en ese sentido. Por otro lado está la necesidad de lograr una Ley de Protección de Humedales, proyecto que encarna una lucha que actualmente tiene mucho de simbólico y para quien escribe, eso es relevante. Sin embargo, la modificación que ha sufrido el actual proyecto de ley propuesto por Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha reducido a un mínimo indispensable al proyecto que fuera consensuado por las organizaciones. Se han quitado al menos los siguientes puntos: los criterios para la habilitación de actividades, la regulación sobre regiones de humedales compartidos entre jurisdicciones, las prohibiciones sobre intervenciones en humedales y los plazos para la ejecución del inventario de humedales y su actualización. Todos puntos que a las claras, son claves para la gestión de los humedales. Los instrumentos de gestión ambiental que incorpora el proyecto de ley en curso, son el Ordenamiento Ambiental del Territorio y las Evaluaciones Ambientales que no aportan ningún diferencial atento a que la Ley General del Ambiente de 2002 ya los contempla y con poco éxito hasta momento lamentablemente.
¿Qué hay de propositivo para la gestión pública de los humedales del Delta? Las acusaciones y solidaridades por redes sociales definitivamente son una carcasa vacía que llena de frustración a quienes trabajamos por lograr la planificación y ejecución de un ordenamiento ambiental participativo. ¿Acaso legisladores de estas provincias han propuesto algún proyecto particular para el Delta del Paraná que específicamente promueva o asegure fondos para implementar las acciones que los planes de conservación o de ordenamiento, incompletos aun, han delineado? Hay muchos emprendimientos públicos y privados asentados en esta región que podrían (y deberían) contribuir a la sustentabilidad.
En este contexto, algunas organizaciones no gubernamentales y universidades e institutos técnicos, con tiempos diferentes a los que atraviesan las gestiones de gobierno y también con financiamiento han podido sostener agendas interesantes de trabajo sectorial a nivel territorial. De hecho hay importantes estudios de campo y equipos que han obtenidos productos concretos que es indispensable sinergizar. Pero ese compromiso de mirar y actuar integralmente, de transformar prácticas productivas a escala, de cuidado, de control, de registro, de articulación, desde mi perspectiva, es inherentes a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional.
El hecho de que el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), cuyas recomendaciones fueran consensuadas hace ya ocho años entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el gobierno nacional; el Plan del Delta Sustentable de Entre Ríos propuesto hace más de un lustro; y el reciente Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático nunca hayan logrado financiamiento para continuar, profundizar y/o actualizar los lineamientos que estos instrumentos de planificación propusieron, habla a las claras del poco interés por lograr previsiones y soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo a las amenazas que tiene este particular territorio. A pesar de los intentos bien intencionados de funcionarios medios nacionales y provinciales por reimpulsar estos planes, no han logrado torcer la dinámica reactiva de las decisiones de quienes pueden concretarlos. De esta manera, tenemos una consistente demanda social, y también judicial, por revisar y regular el uso del suelo en el delta. Tenemos también mucho material para hacerlo, institucional y técnico.
Es un deseo que puedan retomarse con convicción y con los recursos necesarios los procesos de trabajo y las políticas de planificación iniciadas en el Delta, no solo porque es el camino indispensable para la conservación y uso sostenible de los humedales, para la vida de la comunidades, para dar respuesta a los grupos involucrados tanto productivos como socioambientales, sino también para la credibilidad en la gestión pública gubernamental como responsable de la política y como promotora de la coordinación interinstitucional.
(*) Abogada, especialista en Derecho Ambiental y en Procesos Participativos. Participó como funcionaria en las áreas ambientales de la Municipalidad de Paraná, del Gobierno de Entre Ríos y como asesora del Ministerio de Ambiente de la Nación. Integró equipos de organizaciones ambientales de la región.