Abogados proteccionistas solicitaron al presidente municipal de Villaguay, Adrián Fuertes, entregue los expedientes y toda documentación por la cual se haya fundamentado el remate de cinco caballos en el predio Sociedad Rural local el pasado el 22 de octubre. Los letrados requieren información sobre la identificación y el estado sanitario de los animales –si se respetaron los protocolos de bienestar–, las notificaciones a sus posibles propietarios, los precios obtenidos y el destino de los fondos obtenidos. También piden conocer qué garantías de bienestar animal se aplicaron, según se lee en el texto al que accedió ERA Verde.

Los letrados presentaron un pedido de acceso a la información pública ante el intendente de Villaguay, Adrián Federico Fuertes, para conocer los fundamentos administrativos y legales de la subasta de cinco caballos realizada el pasado 22 de octubre en esa ciudad. La solicitud comprende la totalidad de los expedientes, informes técnicos, actuaciones y antecedentes que dieron lugar a la venta de los animales.

 

SOSPECHAS

 

La presentación fue realizada por los abogados ambientalistas y proteccionistas Cecilia Inés Domínguez y Alejandro Páez Carrizo, quienes invocaron la legislación provincial sobre acceso a la información pública, las normas de protección animal y el derecho a un ambiente sano. Entre otros puntos, solicitaron copias de las actuaciones vinculadas con la captura, retención, alojamiento y posterior disposición de los equinos, ya que se desconoce a qué manos fueron a parar.

 

Según consta en el escrito conocido por ERA Verde, la subasta se llevó adelante en la mañana del 22 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Villaguay, ubicado en la intersección de las calles Julio Luján y Galichio, a cargo del martillero público Mario Eduardo Altuna. Entre los argumentos, los letrados apuntaron a que se enteraron del hecho a partir de una publicación de la Municipalidad en su perfil de la red Facebook, donde se daba cuenta del procedimiento en el marco del decreto municipal Nº 2.143/2026 y la Ordenanza Nº 1.660.

 

Uno de los ejes centrales del requerimiento es conocer los antecedentes administrativos que justificaron la decisión de subastar los animales. Para ello, los letrados pidieron los expedientes municipales y del Juzgado de Faltas, las actas de infracción y retención, los dictámenes jurídicos y técnicos, y el acto administrativo que dispuso el remate.

 

También solicitaron las constancias de las notificaciones, citaciones y publicaciones destinadas a localizar a los propietarios o responsables de los caballos, así como los reclamos o pedidos de restitución que pudieran haberse presentado.

 

Otro aspecto sobre el que requieren precisiones es la liquidación individualizada de las multas y los gastos de captura, traslado, alojamiento, alimentación y atención veterinaria. En ese marco, pidieron conocer los comprobantes de esos costos y los criterios utilizados para calcularlos.

 

ESTADO SANITARIO Y CUIDADO

 

El pedido incluye un apartado específico sobre las condiciones en las que permanecieron los equinos antes de la subasta. Los abogados solicitaron certificados sanitarios, registros de vacunación, desparasitación y tratamientos veterinarios, además de informes sobre eventuales lesiones, enfermedades, desnutrición, deshidratación u otras incidencias.

 

También requirieron identificar a los profesionales veterinarios intervinientes y conocer las medidas adoptadas para garantizar la alimentación, el acceso al agua, el resguardo frente a las condiciones climáticas, la higiene, el espacio disponible y la atención sanitaria durante el período de custodia municipal o de terceros.

 

En la misma línea, reclamaron los protocolos de bienestar animal aplicados y los informes de inspección del establecimiento donde estuvieron alojados los caballos.

 

FONDOS

 

La presentación también apunta a reconstruir el desarrollo de la subasta y sus resultados económicos. Para ello, solicita las bases y condiciones del remate, las constancias de publicación, el acta de subasta, las planillas de ofertas y adjudicaciones, los precios obtenidos y los comprobantes de pago.

 

Los abogados requirieron, además, que se informe cuánto dinero se recaudó, qué gastos fueron descontados, qué sumas se imputaron a multas y manutención y cuál fue el destino contable de los fondos.

 

Otro de los puntos comprende la identificación individual de los animales vendidos, aquellos que no hubieran sido adjudicados y los que recibieron otro destino. Para cada equino, se piden las actas de entrega, la documentación sanitaria y de traslado, la identificación de los responsables y las condiciones de cuidado exigidas a los adjudicatarios.

 

El requerimiento incluye también el convenio de colaboración entre la Municipalidad de Villaguay y la Policía de Entre Ríos, a través de la Brigada de Abigeato, junto con las actas y comunicaciones que documenten la intervención de las distintas dependencias públicas.

 

Por último, lo abogados dejaron planteada la posibilidad de recurrir a la Justicia ante una eventual falta de respuesta o una contestación parcial. Asimismo, señalaron que, si la documentación recibida revelara posibles incumplimientos de las normas de protección ambiental y animal, se reservan el derecho de promover las acciones judiciales correspondientes.

 

 

De la Redacción de ERA Verde