No hubo acuerdo en comisión de la Cámara Alta sobre el proyecto de forestación en rutas provinciales que preveía el cultivo productivo extensivo. La iniciativa con media sanción en Diputados fue objetada por las potestades extendidas a la Dirección de Vialidad y organizaciones socio ambientales criticaron la privatización y habilitación a la fumigación en un área que oficia de corredor biológico indispensable para la reproducción vegetal. En Senadores también pasó para tratarse en el recinto la capacitación ambiental a funcionarios públicos, aunque por el momento no se adhiere a la Ley Yolanda. Y por primera vez en la Legislatura se crea la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La Ley Báez de Animales Domésticos volvió a la Cámara Baja con múltiples modificaciones.

 

En la comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Entre Ríos que preside Nancy Susana Miranda (PJ-Federal) se dio un intenso debate este martes respecto al proyecto denominado de “Forestación de rutas provinciales en sus márgenes y zonas adyacentes”. La iniciativa legislativa es impulsada por el diputado Néstor Loggio (Frente Grande–Creer) ya cuenta con el aval de sus pares, y participó a través de video conferencia para defender la propuesta. Pero en la Cámara Alta fue observada y “todos estuvieron de acuerdo en seguir trabajando ese proyecto pero con reformas”, señaló una fuente legislativa a ERA Verde. Según trascendió, uno de los argumentos más fuertes lo esgrimió el representante por Gualeguaychú, Jorge Maradey (PJ-Creer) que planteó ampliar las incumbencias a la Secretaría de Ambiente para la aplicación de la normativa. En efecto, uno de los artículos más polémicos es el 11º, que tal como informó este sitio, otorga facultades extraordinarias a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para dar “permisos” de “uso de los márgenes y las zonas adyacentes de las rutas y caminos provinciales” con fines de “utilización productiva”.

 

El uso de las banquinas para la siembra desató además fuertes crítica por parte de las organizaciones socio ambientales nucleadas en la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos. “No fue dialogada”, dijo uno de sus referentes a ERA Verde. Asimismo, en la declaración pública, en el colectivo Basta es Basta planteo que  “rutas seguras son sin agrotóxicos” y rechazaron del proyecto “la privatización y fumigación en banquinas”.

 

En esa nota, los ambientalistas indicó que un “dato importantísimo es que esta práctica (siembra en banquinas) ha sido prohibida a nivel nacional; para caminos y rutas Nacionales; como asimismo muchas provincias, en forma paulatina la han profundizado; prohibiendo este tipo de práctica a los fines de garantizar la seguridad vial y fundamentalmente conservar los pocos corredores biológicos que cumplen la esencial función de ser fitodepuradores con los que contamos; sin dejar de mencionar la importancia fundamental como fuente de alimento para los polinizadores”.

 

Otra iniciativa que no contó con la anuencia de comisión Legislación General del Senado para su aprobación fue la iniciativa elaborada por el ex diputado, Pedro Ángel Báez (PJ). La idea del ex ministro de Cultura es “proteger  dentro  del  territorio  de  la Provincia  de  Entre  Ríos  a  los  animales  domésticos  o  domesticados,  con  especial  énfasis  a  los caninos  (perros),  felinos  (gatos)  y  equinos  (caballos)”. Pero para llevar a cabo estos objetivos, plantea una figura jurídica inexistente en el Código Civil de la Nación, esto es que los animales “sujetos de derechos no humanos”. Tal como se anticipó, el texto fue modificado en múltiples puntos y se devolvió a Diputados para su estudio.

 

SIN LEY YOLANDA

 

Por otro lado, “salió como vino” la propuesta del diputado Julio Solanas (PJ-Creer) que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Entre Ríos (donde expediente N° 24.309).

 

La iniciativa con media sanción de la Cámara Baja, pasó sin miramientos por comisión del Senado, aunque desde las entidades ambientales objetaron que en su espíritu y contenido sea igual a la Ley Nacional Yolanda Nº 27.592. Esta legislación prescribe la capacitación en materia ambiental y fue aprobada en diciembre de 2020. Entre Ríos es una de las pocas provincias que todavía no adhirió y una propuesta en tal sentido todavía aguarda tratamiento en Diputados.

 

COMISIÓN DE AMBIENTE

 

Por último, el Senado dio curso a una propuesta de modificación del artículo 45º del Reglamento de la Honorable Cámara y se creó en su ámbito la “Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya función será la de recepción, tratamiento y dictamen de iniciativas remitidas a la Cámara de Senadores relativas a la preservación del ambiente, la utilización de los bienes comunes y todo otro asunto relacionado con políticas de ordenamiento y desarrollo territorial”.

 

La propuesta ingresada por el senador Maradey fue celebrada por el legislador en sus redes sociales tras su sanción en la sesión del miércoles 15 de noviembre. “Es una enorme alegría que hoy podamos contar con un ámbito con competencias específicas para analizar los aspectos técnicos y políticos de aquellos asuntos o proyectos parlamentarios relacionados con la problemática ambiental”, apuntó.

 

“Este avance institucional facilitará que el 2022 nos encuentre trabajando en una agenda legislativa que adopte el cuidado y la preservación de nuestros bienes comunes como objetivos prioritarios y urgentes. Muchas gracias a los senadores y senadoras por acompañarme en esta iniciativa”.

De la Redacción de ERA Verde