En una carta pública firmada por diversas organizaciones sociales, políticas y ambientales, se expresó el rechazo a la designación de Antonio Aracre como jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Aracre, ex jefe Ejecutivo (CEO) en la Argentina de la compañía de semillas transgénicas y proveedora de agroquímicos  Syngenta, se mostró proclive a implementar la flexibilización laboral y promotor de los agronegocios con productos genéticamente modificados con base en el uso de agrotóxicos. Denuncia la violación de la Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública.

 

El nuevo funcionario se hará cargo el 1 de febrero, luego de estar 36 años vinculado a la multinacional de capitales chinos Syngenta, y en los últimos 12 como máximo responsable. A raíz de la noticia, comenzó a circular un posicionamiento púbico donde entidades y particulares rechazan este nombramiento.

 

En el documento se recuerda que “Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países. Con su casa matriz en Suiza, Syngenta Group tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China. En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”.

 

Se reprochó que la empresa que deja Aracre sea “la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas. El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente más bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidación de la sojización transgénica de América del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el año 2003 como ‘La República Unida de la Soja’, pasando así por encima de las fronteras y los intereses nacionales”.

 

TÓXICO

 

Las organizaciones que impugnan a Aracre como asesor en jefe de Alberto Fernández refieren concretamente a sus antecedentes en Syngenta en Argentina, cuyas ganancias “provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato”, señalan al tiempo que describen el poder de estos venenos:

 

Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea.

 

Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros.

 

Glifosato: Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico.

 

SOJA Y PAUTA PUBLICITARIA

 

En la carta abierta aluden a que Antonio Aracre “tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la ‘grieta’–, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales”, señalan, al mismo tiempo que recuerdan a Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería de la presidencia de Maurcio Macri, quien antes había sido CEO de la petrolera Shell, desde el 2003 al 2015.

 

“Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias’: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito. La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el año 2006, establece la obligación de ‘prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas’. En nuestra legislación  interna la problemática se encuentra prevista por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado”.

 

De acuerdo a esta normativa “las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más. Si bien el cargo de jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex CEO de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país”, apuntaron.

 

Pero además, se cuestiona, y se plantea como necesario, preguntarse “cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”.

 

Por último en un escenario regional, comparan que “mientras el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, en Colombia, promueve la protección de la Amazonía, la defensa del campesinado y la salida de los combustibles fósiles; y el flamante gobierno de Lula da Silva, en Brasil, crea el Ministerio de Pueblos Originarios a cargo de la lideresa indígena Sônia Guajajara y nombra nuevamente como Ministra de Ambiente y Cambio Climático a la reconocida ecologista Marina Silva; en Argentina el retroceso no puede ser mayor, tal como lo muestra el nombramiento en un influyente cargo, cercano al Presidente, de una persona que fue los últimos doce años el más alto gerente en la región de una multinacional con el prontuario de Syngenta”.

 

Y así “por todo ello, solicitamos se revea la decisión de nombrar al ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación”, cierra la misiva.

 

 

De la Redacción de ERA Verde