Legisladores nacionales por la oposición lograron “torcer el brazo” al Gobierno y, en comisión, consiguieron que el oficialismo convoque a audiencias públicas para tratar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Aunque libertarios y aliados contarían con los votos para aprobar las modificaciones que retrotraen los resguardos para estos acuíferos, con esta instancia se posterga el tratamiento en el recinto, algo que pretendía ser de forma exprés el Poder Ejecutivo.

 

“El oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”, expresaron desde la oficina del diputado Maximiliano Ferraro (Colación Cívica ARI–CABA) a ERA Verde. La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, “ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas”, señalaron. “Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales. Resulta cuanto menos llamativo –por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental– que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron. Debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”, afirmó el legislador que encabezó el petitorio.

TIEMPO

 

En lo político, se entiende que la oposición de la Cámara de Diputados logró un “pequeño” triunfo este miércoles 4 de marzo y consiguió ganar tiempo: el oficialismo cedió al pedido de convocar a audiencias públicas para debatir el proyecto que propone la modificación de la ley que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciales.

 

Hasta el martes, el bloque violeta pretendía firmar dictamen el 11 de marzo, sin embargo, se definió “darle una máxima discusión” al tema y postergar el despacho para la semana del 7 de abril. Y es que, si bien el oficialismo tiene los votos “justos”, se calculan unos 130 a favor, también prefieren apegarse a la ley.

 

“Queremos respetar y queremos que se cumpla. No vamos a dejar a nadie sin participación”, aseguró el libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el marco de un plenario con Ambiente.

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Y es que La Libertad Avanza tomó nota del reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública. Uno de los principales impulsores de la propuesta, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) expresó: “La audiencia pública tiene que realizarse en distintos días, debe tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en la cual puedan ser escuchadas también las provincias donde están comprometidas las cuencas hídricas”.

 

“No se trata solamente de la cuestión vinculada al desarrollo de la producción minera, sino también, de que vamos a tener un debate interjurisdiccional, constitucional, en virtud del 41 de la Constitución, en virtud del 124, y en virtud del 75, inciso 19, nueva cláusula del progreso incorporada en la reforma constitucional del 94”, explicó. De esta manera se resolvió desdoblar la jornada de expositores: una se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y la otra el jueves 26 vía remota. “La idea es garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente al encuentro”, redondeó.

 

Las convocatorias serán públicas, abiertas, inclusivas y federales, en el horario de 10 a 19 horas con la “flexibilidad de extender el horario, pero se evaluará”. Se estableció que los expositores tendrán 5 minutos, para poder expresar su palabra. Además, se podrán hacer presentaciones por escrito hasta el mismo día de la audiencia por mail: crnaturales@ hcdn.gob.ar.

 

DESCONFÍO

 

En cuanto a la reunión, desde el bloque de Unión por la Patria la diputada Lucía Cámpora disparó: “Desconfiamos de que haya voluntad del gobierno de escuchar a la ciudadanía, porque el gobierno ya escuchó a los únicos que les interesa escuchar”.

 

“La opinión que le interesa, y por eso llevan adelante esta reforma, es la de algunas mineras, y también la de Donald Trump, la de Peter Lamelas, la de Scott Besen y la del Fondo Monetario Internacional”, agregó. Y afirmó: “Y esa ya sabemos que ya las escucharon, porque lejos de ser una opinión, es una instrucción. Una instrucción que recibe el gobierno de Javier Milei y que no tiene forma de no obedecer, porque para sobrevivir depende del FMI y del gobierno de Estados Unidos”.

 

En el medio de los cambios en el ministerio de Justicia con la salida de Mariano Cuneo Libarona y el ingreso de Juan Bautista Mahiques como flamante titular de la cartera, la diputada indicó: “Desconfiamos también porque básicamente acaban de poner de ministro de Justicia al tipo que se fue de vacaciones con jueces a Lago Escondido, donde tienen secuestrada una reserva hídrica. No finjamos más, no les importa la participación”.

 

Por su parte, Juan Grabois propuso garantizar la participación de las comunidades originarias porque son las principales “afectadas” en esta situación. “Forman parte del 7% que Nicolás Mayoraz mencionó con anterioridad al decir que la gran mayoría de los argentinos sí tienen internet”.

 

En ese punto, pidió que participen de la audiencia pública todas las que estén registradas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que vivan en zonas de glaciares.

 

En tanto, Eduardo Valdés expresó: “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los periglaciares. Glaciar es agua y agua es vida”. En ese punto, advirtió que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan las empresas la modificación de la ley de Glaciares”.

 

“Cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias”, precisó.

 

Ferraro, en un texto al que accedió ERA Verde, agregó: “Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, explicó.

 

“Cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión. Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina”.

 

Con información de Tiempo Argentino / Verónica Benaim

De la Redacción de ERA Verde