Repudio a la Justicia y advertencia al poder político se dejó sentado en el pronunciamiento de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta! que salió en respaldo de la iniciativa de producción agroecológica que comenzó a llevarse a cabo en Estancia Nueva, en el departamento La Paz. El lugar fue entregado por Dolores Etchevehere al denominado Proyecto Artigas dentro de un litigio sucesorio con su familia, entre los que se encuentra el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Para hoy se convocó una movilización ruralista en protesta de la ocupación. “No es usurpación,  es cesión”, se planteó desde la Coordinadora.

 

En un comunicado dado a conocer en una jornada en la que se anticipó se realizará un acto de embestida por parte de movimientos ruralistas contra la propuesta de colonia agroecológica Proyecto Artigas –con un camionetazo–, la organización que nuclea en la provincia a distintos movimientos sociales y ambientales en lucha contra el uso de agrotóxicos, emitió un comunicado de apoyo al grupo que se instaló en Estancia Nueva, en La Paz. “Es nada más y nada menos que la idea de la función ambiental de la propiedad que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación nos narra, es la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, es nada menos que lo que la tierra ancestral acostumbró a semillar”, sostuvieron desde la Coordinadora Basta es Basta en relación a la acción tomada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rural.

 

Como se recordará, el pasado 15 de octubre, en un anuncio público Dolores Etchevehere -hija de Luis Félix, Zahorí, quien fuera el patriarca del grupo empresarial familiar-, donó un 40% de estas tierras de Estancia Nueva al Proyecto Artigas para la producción agroecológica. Tomó así para sí por su cuenta lo que entiende le corresponde de herencia en una disputada sucesión su padre que la enfrenta a sus hermanos Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego y su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

 

Dolores Echevehere apuntó una serie de denuncias contras sus hermanos y madre, en donde aludió a violencia de género, fraudes, falsificación de documentos públicos, corrupción, explotación, evasión y trabajo esclavo en los campos de su familia, así como el vaciamiento del El Diario, la empresa emblemática del grupo económico y por cuyo desmanejo dejó en la calle a 80 trabajadores hace dos años sin abonarle su correspondiente indemnización y sueldos atrasados.

 

Es así que con la representación del dirigente social Juan Grabois, Dolores Echevehere, en un acto de “reparación histórica de los Etchevehere corruptos” para “tomar el control de una situación de abuso de poder que me interpela”, dijo, cedió a unos 45 productores del MTE un lote para trabajar la tierra. El una salida pública justamente el letrado y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se refirió en duros términos a las prácticas productivas llevadas adelante en la provincia.

 

Cuestionada Justicia

 

En el comunicado de Basta es Basta, se indicó asimismo que “la idea del proyecto Artigas tiene sustento en una concepción coherente sobre el Derecho de propiedad, un sustento de progreso inminentemente relacionado a la idea de subsistencia de la actual Humanidad. La posesión de la tierra que actualmente ejercen  individuos del denominado proyecto Artigas,  obedece a un proceso voluntario de cesión de derechos hereditarios perpetuados por la titular de los mismos, Dolores Etchevehere, que de ningún modo pueden intentar ser calificados de usurpación, ya que en la llegada a esas tierras no hubo violencia de ningún tipo. Por el contrario, circuló un video en cual se observa el tranquilo ingreso a la chacra Las Margaritas, incluyendo a Dolores Etchevehere en el grupo”, describió.

En este sentido, desde la Coordinadora contra los Agrotóxicos repudiaron “las declaraciones vertidas por el fiscal provincial Oscar Alberto Sobko, que perfilan la idea de una afrenta política reaccionaria hacia una clase trabajadora con conocimientos de producción que no obedecen a la lógica de la agroindustria y que significan un avance en la Soberanía Alimentaria de nuestros suelos. Un avance que implica la consolidación de derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de todos los entrerrianos, que en la actualidad hemos sido condenados a convivir con moléculas de venenos y enfermedad con el solo fin de sostener un modelo de propiedad privada basado en la sobreexplotación de la tierra y la utilización de un modelo productivo que únicamente tiene sustento en la acumulación de bienes, sin contabilizar los costos ambientales y residuales que devastan a nuestros territorios”.

 

“Sin lugar a dudas –continúa el documento– debemos acudir al nuestro Código Civil y Comercial y destacar la constitucionalización del derecho privado, sin embargo lo que sucede hoy en las tierras del clan Echevehere  es la versión más cruenta  de la creencia de derecho absoluto que ostenta el propietario. En vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación estamos en un nuevo estadio de comprensión de la propiedad, antes ya había estado la Ley 17711 dotando a la propiedad de función social, es el estadio de la función socioambiental de la propiedad. Su titular puede disponer del bien individual libremente, pero siempre en los límites del derecho (art. 1941 CCC), pero no puede disponer libremente del bien ambiente, sobre el cual tienen el derecho de uso de un depositario, con el consecuente deber de custodiarlo. Esta función tiene como objetivo, y es lo que se denomina  evitar ‘la tragedia de los comunes ‘. Es hoy el momento de empezar a discutir en términos de los significados de ‘prosperidad’ y ‘utilidad de los suelos’ de nuestra provincia, y es aquí donde se ve la reacción de un sector no dispuesto a hacerlo; con el escudo de un fiscal de turno, claro exponente de una cultura  orientada a vivir en la autogratificación, el consumismo y la depredación que se hallan en el fondo del individualismo posesivo, que enlaza toda la lógica del  proceso de acumulación capitalista”, planteó.

 

Y en un mensaje directo a las autoridades políticas, la Coordinadora advirtió “a la Ministra Rosario Romero que circulan libremente amenazas graves sobre los sucesos de hoy, mensajes de odio y evidencia de contratación de maquinaria pesada y personas violentas para concurrir al lugar. Hacemos responsable a los Poderes Judicial y Ejecutivo de la  Provincia por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar en torno a las declaraciones del fiscal Sobko, quién estando en conocimiento del delito de incitación a la violencia (como se evidencia en sus declaraciones radiales del día de ayer) debería tomar medidas más contundentes que ‘pedir por favor en la radio que haya paz’ así como de cualquier afectación que podrían sufrir en su integridad física los trabajadores residentes de las tierras del Proyecto Artigas, incluyendo a la propietaria de las mismas Dolores Etchevehere que es parte y se encuentra en el lugar”, concluye.

 

De la Redacción de ERA Verde