El fiscal Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó al juez de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, que cite a prestar declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SA, y a ocho funcionarios de dos órganos de contralor de provincia de Buenos Aires, a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona. La causa iniciada en 2014 llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó a ERA Verde el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea), Fabián Maggi. El integrante de una de las dos organizaciones que representan a los vecinos afectados del barrio Química y Ponce de León, señaló que la recolección de pruebas aportadas sobre impacto de la contaminación en la salud de la población y las pericias sobre el vertido contaminante fueron fundamentales para sostener el pedido del fiscal.

 

El fiscal de San Nicolás pidió el llamado a declaración indagatoria de 14 personas por la contaminación del río Paraná. Se trata de seis directivos de la firma agroquímica Atanor SA, una firma de capitales norteamericanos, la tercera productora de agroquímicos más importante del mundo. La planta de la empresa se ubica en el radio urbano de San Nicolás, y hace que hace nueve años fue denunciada por la contaminación de tierra, aire y las aguas del río Paraná, con la afectación principal de la población de la zona en donde se detectaron más de 200 muertes por cáncer en el radio seis manzanas donde se ubica la fábrica.

 

Además de los responsables de Atanor, se pidió la comparecencia de ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales. Es así que el fiscal imputó a los directivos de la empresa química por la contaminación con residuos peligrosos del agua, el suelo y el aire mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río». Se recordó para esto que en la investigación se estableció la presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

 

En diálogo con ERA Verde, el litigante por los vecinos de Fomea, Fabián Maggi, repasó: “Efectivamente, es una causa que llevamos nosotros, que tienen muchos años de trabajo. Puntualmente esta se inició en el año 2014. Incluso por las grandes demoras que tuvo, hicimos una presentación ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos. Esto creo que fue un acierto porque logró que la causa retome su impulso y que el fiscal Federal decida investigar en profundidad”, reconoció.

 

El abogado ambientalista también resaltó que “en esta investigación se lograron recolectar numerosas pruebas, muy contundentes, muy importantes. Es una empresa que cuenta con un allanamiento de esta empresa y los análisis de laboratorio demostraron que volcaban agua con atrazina, ácido 2,4 D (diclorofenoxiacético) y otros productos. También logramos acreditar con los testimonios afectados en la salud, las numerosas muertes por cáncer y logramos también el testimonio de reconocidos médicos y científicos que le hicieron saber al fiscal y le demostraron cómo estas sustancias tóxicas afectan el ambiente y la salud. La verdad es que hemos dado un gran paso este día”.

 

DETALLES

 

En su presentación Di Lello, el fiscal les imputó a los seis responsables de la firma química, en sus calidades de directivos y encargados de la planta nicoleña, haber contaminado –por lo menos– hasta el 16 de julio de 2020 el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de la ciudad del noreste bonaerense, sostuvo.

 

De acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación, había presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

 

Respecto a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, el fiscal les imputó “haber incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”. Puntualmente, en lo atinente a la fiscalización, ejecución de la política ambiental y preservación de los recursos naturales y al desarrollo de acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental; y a la fiscalización de los organismos que tengan a su cargo aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo.

 

Finalmente, el representante del Ministerio Público requirió la declaración indagatoria de tres presidentes de un organismo de supervisión provincial por haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N° 12.257 (Código de Aguas), específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.

 

EL HECHO

 

La investigación se inició el 3 de junio de 2014 por una denuncia de vecinos de San Nicolás que solicitaron que se investigara a la firma química por infracción a la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, Ley N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre y por la comisión de delitos contra la salud pública previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación.

 

En aquella oportunidad las y los denunciantes manifestaron que, desde hacía varios años, la planta local de Atanor SA generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que se abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.

 

Por otra parte, las personas denunciantes expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.

 

Con información de Fiscales.org

 

De la Redacción de ERA Verde