Por “arbitrario y sin fundamentos técnicos”, a la vez que contrario a imponer medidas de protección de los humedales, vecinos de Victoria y la entidad El Paraná No Se Toca interpusieron un pedido de revocatoria al decreto de emergencia ambiental dictada por el municipio. Con esta norma, el 3 de septiembre pasado la comuna estableció restricciones y permisos en el acceso al sector de islas bajo su jurisdicción. Lo hizo para atender el desastre por los incendios que se dan desde principio de año, pero se le reprocha que en los hechos es contraria a los intereses de protección.

 

En una nota dirigida al presidente municipal de Victoria, Domingo Maiocco, este jueves ingresó un pedido para que se anule la medida por la cual se declaró “la emergencia en la zona insular” hasta el 15 de octubre. En sus efectos, el decreto Nº 920 restringe el acceso a las islas dentro del ejido de la ciudad y que están protegidas dentro del Sistema de Áreas Naturales. Maiocco dispuso de la medida “a los efectos de disponer acciones destinadas a prevenir y/o controlar y/o mitigar los incendios de ese humedal”, pero los demandantes apuntan se impusieron “prohibiciones a las actividades  turísticas y recreativas, pero establece excepciones contrarias a la tutela del ambiente y los humedales”.

 

Respecto al problema de fondo, en el escrito al que accedió ERA Verde se plantea que “los incendios acaecidos son intencionales, específicamente por los intereses comerciales que se tienen sobre dicho humedal” y justamente el “decreto permita realizar actividades” que “ponen en riesgo la recuperación de dicho ecosistema”.

 

Dentro de los antecedentes de impacto en el lugar también se refiere a condiciones de “bajante extraordinaria del Paraná”, la presencia de “terraplenes ilegales, cazadores furtivos, feed lots” e “intereses inmobiliarios” pero que “lejos de preservar el valor de los humedales, las autoridades han dejado esta zona en el abandono absoluto desde hace años”, fustigaron. “El abandono e incumplimiento de toda la normativa nacional, las leyes provinciales y disposiciones locales, sumado a la extrema bajante del río Paraná (poner algún dato del INA), dan lugar al ecocidio al que venimos asistiendo desde el mes de febrero de este año, ya que se han quemado más de 300.000 hectáreas de islas y se siguen quemando”. Y continúa: “Durante estos ocho meses, esta Municipalidad de Victoria permitió deliberadamente las quemas en manos de los productores ganaderos, sin declarar la emergencia, ni controlar su territorio para evitar estas quemas, ni dotar a sus bomberos del equipamiento necesario para poder combatir el fuego”.

 

Y específicamente en la letra, se apuntó que “el decreto impugnado no hace más que habilitar actividades de extractivismo” ya que justamente se exceptúa en la prohibición de las actividades en las islas a “pescadores comerciales” y los dueños de la “hacienda en las islas y principales sospechosos de realizar las actividades de quema”.

 

Foto: Télam.

De la Redacción de ERA Verde