La Bolsa de Cereales, el Colegio de Profesionales de la Agronomía y la Cooperativa Ganadera General Ramírez se presentaron en la Justicia para respaldar la medida tomada por el Ejecutivo provincial por la cual establece ciertos límites a las pulverizaciones con agrotóxicos alrededor de las escuelas. Se trata de restricciones menores a las impuestas anteriormente por el Superior Tribunal de Justicia. Justamente Agmer y el Foro Ecologista presentaron un recurso de la nulidad de la normativa gubernamental. Ahora, a instancias de la Fiscalía de Estado, organizaciones vinculadas al negocio agrícola salen a responder por la disposición más benigna para sus intereses.

 

Un nuevo capítulo de la controversia por la restricción de las fumigaciones en torno a los establecimientos educativos rurales se desarrolla por esto días en los Tribunales. Todo se remonta a su vez a este mismo ámbito, cuando el 29 de octubre de 2018 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó un fallo de Cámara en la que se prohibieron las aspersiones terrestres con agrotóxicos a una distancia menor a 1.000 metros de las escuelas y a 3.000 metros en caso de realizarse fumigaciones de forma aérea. El Gobierno provincial pidió una revisión de este fallo y el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia. En esta instancia también pidió que se ejecuten los efectos suspensivos de la decisión del Superior hasta tanto el máximo tribunal de la Nación resuelva la cuestión. Pero tal cosa no ocurrió, y el 21 de noviembre el alto cuerpo aclaró que no se había expedido al respecto, por lo cual se deduce su decisión quedaba firme.

 

Para salir del brete, el gobernador Gustavo Bordet firmó entonces un decreto, el Nº 4.407/2018, que fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero del corriente. El decreto impone otros límites a las fumigaciones cerca de las escuelas, de 100 y 500 metros según sea una aspersión terrestre o aérea.

 

Judicialización

 

Frente a esta disposición, el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio –actores que promovieron originalmente el amparo ambiental para que no fumiguen en las escuelas–, volvieron a la Justicia. Con fecha 25 de febrero de 2019 solicitaron la declaración de nulidad y revocatoria del decreto Nº 4.407/2018. El expediente recayó en la Cámara Civil y Comercial, Sala III, a cargo del vocal Andrés Manuel Marfil.

 

Para resolver la cuestión, con fecha 8 de marzo, el magistrado ordenó abrir la causa a prueba por el término de 10 días. Marfil lo entiende así en “vista la complejidad del caso planteado, donde se cuestiona la legalidad de un decreto en función de su adecuación a una sentencia previa”. Cree necesario en este sentido muñirse “de algunos elementos probatorios necesarios para resolver la cuestión”. El juez también plantea que en el decreto cuestionado por el Foro y Agmer se alude al aval dado por las secretarías de la Producción y la de Medio Ambiente, así como un área del Ministerio de Salud. Estos organismos respaldarían la “existencia de ‘estudios científicos y académicos que avalan las distancias fijadas…’”, por lo que le “resulta necesario al menos contar con este expediente para su examen a pesar de que no fue ofrecido como prueba”, apuntó.

 

Así, en este período de pruebas, el camarista solicita que la Fiscalía de Estado al Gobierno de Entre Ríos le entregue el aludido expediente administrativo que da sustento al decreto. Por otro lado pide a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ que le informe si la sentencia que dictó “se encuentra firme”, tal como argumentan el Foro y Agmer.

 

Mesa de tareas

 

Por lo que ha trascendido hasta ahora Fiscalía no ha dado a conocer el expediente técnico que fundamenta los términos del decreto. Pero sí desde esta oficina entienden que al ser un proceso de interés colectivo pueden intervenir “quienes se consideren afectados ante la decisión que pueda tomar la Justicia” e invitó así a que otros actores presenten argumentos “en virtud del interés general del tema que se trata”. El umbral para intervenir fue establecido por un lapso de 10 días a partir del 12 de marzo de 2019.

 

En esta fecha, justamente, la Fiscalía de Estado comenzó a desplegar su poder de seducción, y convocó a una reunión en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. En este cónclave participaron el secretario de Producción, Álvaro Gabas; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el Adjunto Sebastián Trinadori, así como representantes de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, y las entidades que componen la Mesa de Enlace rural: Federación Agraria, Fedeco, Farer y Sociedad Rural Argentina.

 

En la reunión los miembros de la Fiscalía de Estado informaron sobre el amparo ambiental impulsado por el Foro y Agmer, y los alcances que tendría de acogerse favorablemente la nulidad y revocación del decreto Nº 4407/18. Allí mismo se pusieron a disposición para acompañar y facilitar de elementos a las entidades que decidieran presentarse ante el juzgado de Marfil. En ese momento de sinceridad los fiscales de Estado admitieron el vicio que entrañaba el decreto, ya que omite los estudios científicos que fundamentan las razones por las cuales la disminución de las distancias no sería nociva para las comunidades educativas rurales.

 

De este convite oficial accedieron efectivamente al juzgado la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Copaer y la Cooperativa Ganadera General Ramírez Limitada, firma estrechamente ligada a la Federación Entrerriana de Cooperativas. Las tres plantearon que se desestime el pedido de nulidad del decreto del gobernador, según confirmaron voceros del Colegio, aunque por el momento no se darían a conocer los argumentos.

 

Si bien trascendió que la Mesa de Enlace iba a adherir al pedido, diferencias internas habrían llevado a desistir de una presentación conjunta.

 

Para este miércoles 20 se esperaba que trascendieran públicamente los explicaciones del porqué las entidades rurales apoyaban la medida gubernamental. También el Foro y Agmer iban a presentar por su parte los resultados de una campaña de acompañamiento al pedido de nulidad y revocatoria del decreto del Ejecutivo al que se sumaron distintas organizaciones.

 

De la Redacción de ERA Verde