El domingo se llevó a cabo en una constatación a campo en el área de islas de Victoria. El relevamiento fue ordenado por el juez Federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso para evaluar las condiciones ambientales. Y si bien el magistrado no constató secuelas recientes por incendios, sí pudo corroborar que la concesionaria del enlace vial que une con la ciudad de Rosario retiró todo apoyo para el control y resguardo de esa área protegida. Caminos del Río Uruguay SA “es responsable de la seguridad sobre la traza”, se indicó y “deberá hacerse cargo de las consecuencias del retiro de una colaboración de suma utilidad”, se indicó en el acta judicial a la que accedió ERA Verde.
A “los efectos de informarme in situ sobre las condiciones actuales en materia ambiental” en “las ubicaciones de Arroyo Barrancoso, Arroyo Los Toldos, Laguna Recalde y Riacho Paranacito, en uso de facultades propias” el titular del Juzgado Federal 2 de Paraná determinó apersonarse en la ciudad de Victoria este domingo por la mañana para desde allí partir hacia los lugares de la inspección. Tal como informó este sitio, le resolución del magistrado se determinó en el marco del amparo ambiental emitido por el propio magistrado donde se establecen una serie de medidas para el cuidado y recomposición de este sector de humedales.
Es así que de acuerdo a lo actuado, juez Alonso indicó que este 6 de junio, con la asistencia de Prefectura Naval Argentina que proveyó de una lancha, realizó una recorrida por las islas. Tomo por Riacho Victoria, luego arroyo Parancito y por Carriaga hasta el punto de llegada. En esta travesía mínima de la jurisdicción, “no se constató vestigio alguno de incendios recientes, construcción de terraplenes o diques, ni uso indebido de maquinaria”, se precisó en el acta. Tampoco la existencia de humaredas ni la acumulación de flora seca “con capacidad para actuar como combustible”. Sí se observó aledaños a los cursos de agua “la presencia de ganado vacuno sin que se advierta intervención humana de naturaleza alguna en la pastura existente”, se aclaró. También “asentamientos que corresponden a personas dedicadas a la pesca artesanal, embarcaciones aptas para tal actividad y otras destinadas al trasporte de ganado”.
En relación a las condiciones hídricas, Alonso y la comitiva advirtieron “una fuerte baja de las aguas con las consiguientes dificultades para la navegación, sobre todo para cruzar de un arroyo a otro y de Este al riacho. De todas formas, merced a la expertice del navegante y las condiciones de la embarcación utilizada se logró recorrer todos los puntos propuestos”.
Tirón de orejas
La recorrida por el Delta sirvió al juez para tomar contacto con funcionarios de la Delegación
Islas de La Municipalidad de Victoria, dependencia encargada del control del sector que fue declarado área natural protegida por ordenanza municipal (2.185/03) y ley provincial Nº 10.671. En este contacto, Alonso tomó conocimiento que “que los responsables de la concesión vial retiraron el apoyo –vehículo y combustible– que recibía (la Delegación) para el desplazamiento sobre la traza vial, careciendo a la fecha de movilidad a tal fin”, se reveló.
“Está decisión de la concesionaria Caminos del Río Uruguay provoca enorme alarma dado que entre otras actividades el personal de dicha delegación se encargaba de verificar la presencia de personas en infracción a la veda de acampar en la franja de 500 mts. de cada lado de la traza a fin de evitar cualquier tipo de incendio derivado de las actividades propias de estos acampes. La función que cumplía la referida delegación dejó de llevarse a cabo y es absolutamente previsible que, como producto de actividades vedadas, se verifiquen en el corto plazo incendios a la vera de la traza con el consiguiente peligro para el tránsito y, las consecuencias medioambientales que provocaría. En este sentido, la concesionaria -responsable de la seguridad sobre la traza- deberá hacerse cargo de las consecuencias del retiro de una colaboración de suma utilidad. Sobre este tema volveré posteriormente”, anticipó el magistrado.
Se manifestó asimismo “la necesidad de proponer a las autoridades competentes y a la Concesionaria Caminos del Río Uruguay la adopción de determinadas medidas tendentes a mantener la prevención y alerta temprana de cualquier tipo de incendios y garantizar la seguridad sobre la traza vial de la RN 174”.Por lo tanto, planteó que “se hace necesario recuperar la operatividad de la Delegación Islas de la Municipalidad de Victoria mediante el reintegro del medio de movilidad que suministraba Caminos del Río Uruguay, dado que esta actividad minimizaba el riesgo de incendios provocados por negligencia de acampantes y brindaba seguridad al tránsito. Por lo demás, el gasto en combustible que pueda generar tal actividad resulta insignificante frente a los cortes de ruta que interfieren en su recaudación y que se verificaran el año próximo pasado”, razonó el juez.
Por otro lado, Alonso puso de manifiesto “la necesidad de dotar al destacamento reforzado Victoria de la Prefectura Naval Argentina de al menos una embarcación de las características de la utilizada en la realización de la travesía”, ya que la fuerza de seguridad “solo cuenta con una de menor capacidad a fin de patrullar un amplio y complejo territorio”. Es así que a tales efectos se solicitud que se contemple librar un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación asignar un vehículo y combustible. Y “a los efectos de intentar prevenir adecuadamente la producción de incendios al menos en los 10 km. a cada lado de la traza de la RN 174”, se pidió contemplar “la posibilidad de establecer un ‘Sistema De Tranqueras
Abiertas’ de los establecimientos ubicados a la vera de la traza vial que permita a las fuerzas de seguridad y a las autoridades locales acceder sin demoras a dichos establecimientos, dado que,
si bien es cierto que ante una eventual reticencia puede ser requerida la intervención del Poder Judicial, tal respuesta vendrá normalmente luego de producidos los hechos que este sistema de pretende prevenir”, se completó.
De la Redacción de ERA Verde