Sin respuestas al pedido de audiencia con el gobernador de Entre Ríos y con el rumor creciente de un nuevo decreto reglamentario sobre las pulverizaciones con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales, organizaciones ambientales y sociales se aprestan a concurrir nuevamente a tribunales. De confirmarse que el Ejecutivo emita otra reglamentación con distancias sin el respaldo científico tal como lo han reclamados los fallos judiciales, desde la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta” adelantaron que pedirán una nueva nulidad.

 

El 28 de mayo pasado, el colectivo de entidades que impulsa la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos en torno a los establecimientos educativos subrurales en la provincia reiteró el pedido de audiencia con el gobernador Gustavo Bordet. La solicitud del encuentro es para presentarle nueva prueba científica del nocivo impacto de las aplicaciones con pesticidas en cercanía de las escuelas y centros poblados. Pero sabiendo que a menos de una semana de celebrarse las elecciones generales en Entre Ríos difícilmente el mandatario provincial se exponga a un tema por demás urticante.

 

El 30 de mayo pasado, la Mesa de Enlace de entidades rurales emplazó a Bordet que en 10 días emita un nuevo decreto que dé marco legal a las fumigaciones alrededor de las escuelas. Fue luego la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmara la nulidad del decreto 4.407/18, con el cual el Ejecutivo provincial imponía límites de 100 y 500 metros de restricción a la práctica agrícola alrededor de los establecimientos educativos según sea realizada de forma terrestre o aérea. Este instrumento fue declarado nulo porque en los fundamentos, se resaltó, no se evidenciaba argumentos científicos o técnicos que justificaron el dictado de tal reglamentación. De este modo, quedó firme el fallo original del camarista Oscar Benedetto, que haciendo lugar al amparo ambiental del Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, impuso el 1 de octubre de 2018 límites de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas.

 

Escenario

 

La posibilidad de un nuevo decreto fue cobrando fuerza en el Ejecutivo e incluso fue expresada por el mandatario entrerriano luego del pique de ruralistas que se llevó adelante frente al Palacio de Tribunales el 23 de mayo.

 

Ante este panorama, en que se ven cerradas las instancias de diálogo con el Ejecutivo, desde Basta es Basta se ven pocas chances de un encuentro con las autoridades provinciales. Y en este sentido, al tomar fuerza la posibilidad de un decreto, una de las abogadas litigantes, María Fernández Benetti, dijo a ERA Verde que de mantenerse los criterios de reiterar los 100 y 500 metros del decreto declarado nulo, volverán a judicializar la decisión, “si sale en los términos que ya estaba”, indicó. Es decir que la nueva fundamentación debería “contar con rigor científico de un ente independiente o sea equiparable a lo que nosotros presentamos”, apuntó.

 

La abogada ambientalista aclaró que la idea no es “judicializar porque sí”, aunque planteó las dudas que “si hace un par de meses (el Ejecutivo) no pudo fundamentarse, difícilmente en 60 días pueden haber generado estudios de rigor científico como lo exige el falló de Benedetto”. La letrada aseguró la premisa de atenerse “a la manda del falló de Benedetto”, que dictaminó una serie de tareas al gobierno para trabajar en uno tiempo de aproximadamente dos años.

 

Benetti afirmó que “está la evidencia que (los agrotóxicos) hacen daño; y no que no hacen. Si no, en Estado Unidos (Bayer–Monsanto) no estarían perdiendo juicios por cifras millonarias”, planteó.

 

De la Redacción de ERA Verde