Más de un año lleva empantanado en la Justicia el caso en el cual una vecina del barrio Bajada Grande de Paraná, junto con la asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer), demanda “cumplir las normas mínimas ambientales” por la construcción de un edificio en torre sobre avenida Estrada. El expediente se encuentra frenado porque luego de iniciado el caso todavía no se corrió traslado a la Municipalidad de Paraná, quien es la responsable de habilitar este tipo de construcciones. En la presentación se pide una “medida cautelar de prohibición de innovar” contra el municipio, el fideicomiso Signature y la empresa constructora CDS Desarrolladora, quien llevan adelante la construcción de un coqueto edificio en altura de 15 pisos frente al río Paraná. Asimismo, se denunció que a través de las facultades otorgadas al área de Planeamiento de la comuna a través del decreto Nº 2.028/20, se ha otorgado “tratamientos exprés” a al menos 10 emprendimientos del mismo tipo “sin una consulta con los vecinos del lugar”.
El 8 de marzo de 2022, una vecina de Bajada Grande y Proconsumer iniciaron una demanda judicial donde se buscaba prevenir los daños que podían surgir del negocio de la construcción en altura en la tradicional barriada sobre la costa de la capital provincial. El litigio surgió a partir de la polémica construcción de una torre de 15 pisos –de 64 departamentos y dos cocheras subterráneas por unidad habitacional–, sobre la calle que da al río Paraná, que se habría autorizado con un permiso gestado en obscuras circunstancias.
La herramienta elegida por los litigantes busca evitar daños posibles ante la advertencia de irregularidades que han hecho los demandantes. “No es un amparo, pero es una herramienta que requiere de una acción urgente por el Poder Judicial”, explicaron desde el equipo legal a Análisis Digital. Sin embargo, a más de un año de la demanda, la Justicia ni siquiera ha hecho proveer el expediente a la Municipalidad de Paraná, se apuntó. “Hasta ahora sólo se limitaron a discutir si correspondía que se discuta en el fuero Civil y Comercial o si debía ocurrir todo bajo la órbita del Contencioso Administrativo”.
Es por esta situación que la demanda plantea que esta demora judicial ha generado que “el negocio avance y la preocupación de los vecinos se incremente”. Se recordó en este orden que el municipio paranaense comenzó a “adaptar” normas con el objetivo de que se lleven a cabo construcciones en altura en una zona de barrancas, costera y donde no se podía edificar por encima de lo que establece el propio Código Urbano. Y que incluso que el cuestionado edificio cuyos cimientos se ubican en Estrada N° 3.267 casi calle Eslovenia, se autorizó con una intervención poco clara de la comisión de código urbano. En este orden se apunta a las facultades otorgadas al área de Planeamiento del Municipio de Paraná y con el otorgamiento de “factibilidades exprés” que establece el denominado “decreto secreto” Nº 2.028/20 elaborado en plena pandemia, cuya publicación quedó pendiente y por el cual “los empresarios del sector han logrado avanzar sin que haya mediado una consulta con los vecinos del lugar”, se acusó.
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LA PUNTA DEL ICEBERG
Desde la demanda se señaló que detrás del proyecto Signature Estrada, que impulsa la construcción de dos edificios, de 15 y 10 pisos, espera un aluvión de edificios en altura en la zona Bajada Grande, y advirtieron que “al momento hay al menos 10 proyectos aprobados en las mismas circunstancias para construir en Bajada Grande.
La abogada María Emma Bargagna, apoderada Proconsumer, que acompañan a la vecina de Bajada Grande en la demanda judicial apuntó a la Justicia y aseguró que «comparte la estrategia de los hechos consumados» con la Municipalidad, sostuvo en declaraciones a FM Universidad.
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«No sólo no ha habido respuestas -de la Justicia- sino que no hubo inicio de trámite porque los señores jueces se lo han pasado la causa compartiendo la estrategia de los hechos consumados. Permiten con su falta de resolución en el sentido de prevenir el daño, todos los meses hay un piso nuevo y cuando vamos a terminar con el procedimiento judicial resulta que no podemos hacer nada porque el edificio está construido», lamentó la ex legisladora provincial.
Bargagna advirtió que «se están dando las factibilidades a contra mano de lo que se debería hacer para garantizar la seguridad de los vecinos y un desarrollo inmobiliario sustentable y razonable. Son construcciones que no tiene asegurada su posibilidad de existencia, porque están hechas sin estudios de impacto ambiental serios, eludiendo la consulta pública. Se hace un trámite abreviado para obtener factibilidades en 15 días, para empezar a construir sin cumplir las normativas sustanciales que exigen las leyes relacionadas con la responsabilidad, la información pública y la participación ciudadana».
La letrada detalló asimismo que «en Bajada Grande parece que tienen como 10 autorizaciones más para desarrollar en los espacios verdes de nuestra ciudad, apropiándose de los mejores paisajes que deberían ser abiertos para que todo el ciudadano lo pueda disfrutar. Hay una gran irresponsabilidad de los funcionarios, sobre todo los de la Municipalidad que son acompañados por los jueces, no sé si deliberadamente o no, pero esta demora de las causas judiciales que tratan de prevenir los daños están compartiendo la estrategia de los hechos consumados», fustigó.
Al finalizar apuntó –sin nombrarlos– al grupo «selecto» de empresarios que son los que se dedican a las construcciones en altura: «Benefician a un puñado de personas que están el tema de construcciones en altura, no son muchos, no está involucrada la pyme o el pequeño comercio, son grandes empresas y gran comercio y en beneficio de este selecto núcleo. El Departamento Ejecutivo Municipal acompañado por la secretaría de Planeamiento responden a esos intereses sectoriales posibilitándoles que construyan en cualquier lugar de Paraná sin tener estudios de impacto ambiental», aseveró.
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Con información de Análisis Digital.
De la Redacción de ERA Verde