En su 13° sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de la Paraná pasó para su estudio la idea de realizar una presentación judicial para solicitar un amparo ambiental del sector que da al río en el ingreso a la Toma Vieja. Del mismo modo será analizado el pedido para que de forma urgente se confiscación ese sector que pertenece a un empresario privado.

 

En el plenario que la legislatura de la capital entrerriana celebró el jueves 13 de septiembre, el cuerpo decidió enviar a comisión los dos proyectos presentados por la edil Cristina Sosa (FpV–PJ). En uno se promueve la presentación ante la justicia de un pedido de amparo ambiental del monte y paisaje natural existente en el sector de barrancas comprendido entre la torre de energía de alta tensión hasta el ingreso al complejo turístico. El otro es que se tramite de manera urgente la expropiación de dichos terrenos emplazados sobre avenida Blas Parera al 4.328, cuya propiedad es del empresario de boliches bailables Nélson Laffaucci.

 

Antecedentes

 

En la exposición de los motivos, la concejal expresó que “la expropiación de esos terrenos se plasmó a través de la ley provincial Nº 10.288, sancionada por la legislatura entrerriana el 11 de diciembre de 2014, luego que una ordenanza (Nº 9.191/13),  impulsada por la exintendenta, Blanca Osuna (FpV–PJ), autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a la adquisición de ese predio con destino al proyecto de Recuperación del Borde Costero de la ciudad de Paraná”, recordó.

 

La legisladora por la oposición sostuvo que durante esa administración que ella integró como jefa de la bancada oficialista en el HCD, “se planteó y llevó adelante todo el proceso legal exigido para la recuperación del referido inmueble”, dijo. “La medida se fundamentó en la necesidad de recuperar ese lugar de indudable atracción turística para beneficio de todos los paranaenses”, explicó.

 

Sosa advirtió que “culminado ese proceso legal terminó la gestión municipal 2011 – 2015, habiéndose previsto en el Presupuesto los recursos necesarios para efectivizar el pago de la expropiación”, y manifestó desconocer si en la actual gestión del intendente Sergio Varisco “hubo acuerdo con el dueño de la propiedad, y se cerró el proceso de la expropiación”.

 

Al respecto, reflexionó: “Indudablemente algo ha pasado, o no se llegó a un acuerdo, o no se ha pagado lo que se debía por parte del estado municipal”, para acotar a renglón seguido: “No tenemos información fehaciente de cómo culminó el proceso, que evidentemente no terminó, porque Laffaucci aparece nuevamente como el propietario de esos terrenos, avasallando un derecho con un vallado”.

 

“Conclusión, no se puede ingresar a la zona, está cortado su acceso y se involucra, además, en una cuestión primordial que tiene que ver con el derecho ambiental y la protección del monte nativo”, puntualizó.

 

Abordaje

 

Durante el debate, la viceintendenta y presidenta del cuerpo, Josefina Etienot (Cambiemos–PRO) tomó la palabra y precisó que “ya está ordenado y dispuesto por el Concejo Deliberante (a través de la ordenanza Nº 9.191, del año 2013) la autorización al intendente para la compra de los referidos inmuebles”. Es por esto que “el interés de esta presidencia es que no haya más demoras que impidan el abordaje de esta situación”, sostuvo.

 

Más adelante en su alocución, la presidenta del Concejo remarcó: “Este tema es un claro ejemplo de la división de poderes, ya que ahora es el intendente quien debe resolver esta cuestión”.

 

En este marco, Etienot pidió que el proyecto sea tratado durante la sesión: “Se puede resolver hoy, antes de que se amure y luego tengamos que pagar todo lo que se está construyendo”, argumentó.

 

“Los paranaenses tenemos derecho a saber si vamos a poder acceder o no a ese lugar”, concluyó la viceintendenta de Paraná.

 

Muy caro

 

Al hacer uso de la palabra sobre la cuestión, la presidenta de la bancada oficialista, Karina Llanes (Cambiemos–UCR), manifestó: “Con el bloque estamos de acuerdo que hagamos un estudio en profundidad en comisión”, planteó. “Así como hubo dificultades en la gestión (municipal) pasada, e inclusive en la actual, un informe de Fiscalía de la administración anterior llamaba a realizar diferentes acciones por el precio, ya que todos sabemos que la expropiación no es una cuestión gratuita y que por tal concepto se debe abonar una indemnización”, agregó.

 

Llanes aclaró  que “el valor de estos terrenos ascendía a una suma muy elevada, en torno de la cual no se llegó a un acuerdo con el propietario por parte del estado municipal”.

 

Tras exponer su postura, se propuso la remisión a comisión de las iniciativas ingresadas, “para ver si se puede en esta gestión encontrar una solución al problema económico (de la expropiación), en virtud que todos sabemos que actualmente no estamos en una situación muy positiva que digamos”, advirtiendo que “esto necesita un estudio en profundidad, con el propósito de ver la viabilidad de encontrar una solución, ya que esta fue una cuestión que en gran parte correspondió a la gestión pasada”.

 

Finalmente la concejal ratificó el compromiso de su bloque en relación a esta temática: “Aguardo que en comisión se trate con la seriedad que amerita, para que no se vuelvan a repetir los errores anteriores”.

 

Sorprendido

 

El legislador Juan Enrique Ríos (FpV–PJ) recordó que la ordenanza N° 9.191, promulgada el 7 de enero de 2014 “fue muy clara al fijar en su artículo 1º la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez dictada la ley provincial, para que proceda a la adquisición del referido inmueble”, y manifestó su sorpresa por las afirmaciones vertidas por Llanes “cuando habla de cuestiones económicas”.

 

Al respecto, le recordó: “También asistimos a la compra de aquel inmueble de la exfábrica de Cemento Portland (durante la presente administración), que fue pagada en dólares (por el valor de 1 millón 250 mil de la divisa estadounidense) y cuando uno se pone a pensar en el orden de prioridades sobre lo que tiene que ver en beneficio para la comunidad o la preservación del medio ambiente y del monte nativo, y de un balcón de la naturaleza como lo es la zona de barrancas en el acceso a la Toma Vieja, es una cuestión que amerita una sincera y profunda discusión sobre los proyectos estratégicos del municipio sobre los espacios públicos”, afirmó.

 

“La adquisición de este inmueble de ninguna manera hubiera desfinanciado la situación económica municipal”, consideró Ríos.

 

Vencido

 

Por su parte, la edil María Marta Zuiani (Cambiemos–UCR) planteó una cuestión de orden jurídico, donde dijo que el proceso de expropiación en su “plazo (para ejecutar la misma, tomando como referencia la fecha de sanción de la ley 10.288 del año 2014) está vencido y el expediente archivado”, en razón de lo cual “el propietario de los citados terrenos tiene derecho a la reversión”, es decir que el derecho de propiedad vuelve a su dueño primitivo”, aclaró.

 

Es así que el debate sobre la situación de los terrenos lindantes al acceso a la Toma Vieja, será discutido en comisión.

 

 

FOTO: Prensa HCD