Luego de una denuncia presentada por dos organizaciones ambientales ante el Juzgado Federal de Paraná por la obstrucción exprofeso de dos arroyos en el corazón de las islas de Victoria, la Justicia ordenó un peritaje de Prefectura Naval, que constató los cortes. Pero la autoridad náutica consideró que no representaba un problema porque los cauces estaban secos. Ante esto, el fiscal Federal Interino, Leandro A. Ardoy, entendió que la situación no ponía “en riesgo el ecosistema de humedales”, según afirmó en el escrito al que accedió ERA Verde. Las entidades demandantes rechazaron el peritaje por “falaz” y consecuentemente los “razonamientos inadmisibles” por lo cual solicitaron la remoción de los tabiques que ponen en peligro el natural curso de las aguas y que tendrá consecuencias cuando se dé la creciente.

El fiscal Federal Interino Leandro A. Ardoy considera que no hay delito en tapiar con restos de cubiertas y silobolsas cursos de agua en el Delta del Paraná porque los arroyos donde se constataron estos endicamientos están secos. Su apreciación surge de un informe de campo que realizó personal de Prefectura Naval Argentina (PNA), a partir de una denuncia por cortes artificiales en las bocas de «La Arrastrada» y «Los Chanchos», en las islas de Victoria. En efecto, por la sequía extrema que se vive en esta zona de los humedales, lo que hasta hace poco más de año y medio eran corrientes de agua, hoy es lodo seco. Es por esto que Ardoy entiende que tampoco se ha violado la medida cautelar vigente que restringe ciertas intervenciones de la mano del hombre en el Delta para amparar este ecosistema de posibles incendios.

Arroyo La Arrastrada

Frente a estas deducciones, las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental expresaron sus desacuerdos. Ambas entidades en diciembre pasado promovieron una denuncia penal ante el Juzgado Federal 2 de Paraná para que se investigue los cortes en las bocas de los arroyos «La Arrastrada» y «Los Chanchos» en la jurisdicción de las islas de Victoria. Los terraplenes, señalaron en su momento, fueron construidos con “con restos de silo bolsas y cubiertas viejas de máquinas agrícolas”. Y este accionar, apuntaron puntualmente en el escrito, violaba el amparo dictada por este juzgado para proteger estos humedales. Asimismo, criticaba la “la falta de control  adecuado por parte de la Municipalidad de Victoria”.

ARROYOS TAPONADOS

 

Es así que con esta denuncia, una comisión del destacamento Victoria de la Prefectura, al mando del subprefecto Marcos Maldonado Pérez, fue hasta el lugar para informar al juez Federal Subrogante, Leandro Damián Ríos. El informe girado el 23 de diciembre pasado, plante que la solicitud de constituirse para realizar “un relevamiento topográfico del terreno y de los cursos de agua”, constaron la condición de bajante de las aguas del río Paraná. Señalan que el terreno se presenta “fangoso/pantanoso” y el curso “prácticamente seco” por la “referida bajante extraordinaria”. No obstante, “a escasos metros de la boca del sector denominada ‘La Arrastrada’, se observa la colocación de bolsas con arena en su interior, con cubiertas a los costados, que no cumplen otra función más que delimitar el paso”, entiende  Maldonado Pérez.

Arroyo Los Chanchos

Lo mismo sucede en Los Chanchos. En la boca de este arroyo, apunta el uniformado, “se observan dos tipos de contenciones. La primera de escasa envergadura, ya que posee sobre el suelo la colocación de Silo Bolsa para consolidar el suelo para el paso de animales”, deduce el subprefecto en el informe al que accedió ERA Verde. El jefe de Prefectura continúa diciendo que la segunda intervención en el terreno es de “mayores dimensiones, siendo éstas realizada mediante la implementación de troncos de sauces en sus laterales, con el fin de contener la tierra mediante la utilización de silo bolsa (…) presuntamente para el paso de animales”. Esto, entiende Maldonado Pérez, “dicha contención, no cumple ninguna función, en virtud de presentar un suelo firme y seco” a la fecha de la observación a campo, esto es el 29 de diciembre de 2021.

Con este informe en la mano, el fiscal Federal Interino Leandro A. Ardoy, concibe que a su criterio “no surgen elementos que permitan tener por verificados los hechos denunciados, esto es, que las bocas de los cursos de agua señalados en la denuncia se encuentren tapiadas, interrumpidos sus cursos y/o que se hayan realizado en los arroyos ‘La arrastrada’ y boca del arroyo ‘Los Chanchos’, acciones humanas que pongan en riesgo el ecosistema de humedales del Departamento Victoria y en tal sentido se haya violado la medida cautelar vigente”.

 

PEDIDO DE REMOCIÓN

 

Ante este parecer, el viernes pasado, los representantes legales de Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental presentaron un escrito al juez Ríos, rechazando los términos del peritaje de Prefectura y lo de qué deduce del mismo Ardoy.

 

“Una vez más la PNA realiza un informe que desvirtúa la realidad del territorio y que además carece de sustento técnico legal y exhibe razonamientos inadmisibles y contrarios a derecho. El informe de la PNA pretende justificar con argumentos inadmisibles la existencia de cortes en los arroyos fiscalizados y el Sr. Fiscal comete el error de atender esos inadmisibles argumentos”, apuntó el escrito firmado por Melisa Martiñena, Agostina B. Castillo, Fabián Andrés Maggi, y María Gimena Viviani.

 

Argumentan centralmente que, en efecto, se constató “la existencia de cortes en los arroyos fiscalizados” y que su estado de aguas bajas o arroyo seco no inhibe que la constatación de los diques de contención estén prohibidos. Además advirtieron que la “construcción ilegal impide el ingreso del agua en los niveles medios del río e impide la libre navegación cuando el río está en su altura promedio. El dique constatado en el Arroyo Los Chancos, que corta por completo el cauce de ese curso causa un grave daño al futuro ingreso de agua, fundamentalmente a La Laguna Grande, importante reservorio de cría de la especie sábalo, base de la pirámide alimenticia de la gran mayoría de especies ictícolas”, alertaron.

 

Es por esto que en respuesta al dictamen Fiscal y el acta de constatación de Prefectura, las entidades solicitan al magistrado actuante “tenga a bien disponer la pronta remoción de los terraplenes detectados”, en “estricta protección del ecosistema de humedales, su fauna y flora asociada, en adecuado cumplimiento del deber de preservar un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones”. Quedó así expuesto el pedido a que se “tenga a bien ordenar a la Municipalidad de Victoria que en ejercicio de sus funciones proceda a la pronta remoción de los terraplenes denunciados con el objeto de permitir el adecuado ingreso de agua para cuando el Río Paraná comience a recuperar su nivel normal”.

 

 

De la Redacción de ERA Verde