A principios de abril, el Foro Ecologista Paraná presentó un escrito a la Justicia en donde reclamó por el incumplimiento de sentencia que, en 2009, ordenó el saneamiento del vertedero de la capital entrerriana. Esto es que cesen los focos ígneos en el basural, se implemente un plan de gestión integral de residuos y se traslade el predio donde se reciben los residuos domiciliarios. El pedido fue tomado por la titular del Juzgado N° 5, Yanina Yzet, quien intimó a que informen al respecto la Municipalidad y el Gobierno provincial. Por este último, la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Ambiente manifestaron que la competencia primaria de la “higiene urbana” es municipal. No obstante, señalan que se controla, acompaña técnicamente y participa de la Mesa de Diálogo que coordina la Defensoría del Pueblo para encontrar una solución a estos problemas. En el escrito al que accedió ERA Verde, el fiscal adjunto, Martín Rettore, y el director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, indican que el lugar donde se iba a trasladar el Volcadero se tornó inviable porque a escasos metros se implantó –en Juan Báez y Selva de Montiel– un plan de 500 viviendas, por lo cual el plan “se vio neutralizado por una colisión de políticas públicas de incompatible coexistencia”. La Provincia apuesta a la “regionalización del tratamiento de RSU como la única vía técnica viable para el cierre definitivo de vertederos a cielo abierto”.

 

A 19 años de haberse iniciado la demanda por las quemas y estado del vertedero a cielo abierto de la capital entrerriana, el Foro Ecologista Paraná volvió a recurrir a la Justicia a principios de abril del corriente. Esta vez fue para que se ejecute la sentencia que, en 2009, ordena el saneamiento del basural de la capital entrerriana. La manda judicial establece que se ejecuten medidas para el cese de los focos ígneos, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y el traslado del actual predio donde se reciben los residuos urbanos. En la presentación realizada por el titular de la ONG Daniel Versenassi y su representante legal Aldana Sasia, hace referencia a que la solicitud fue ratificada en distintas instancias en 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017. En estas resoluciones judiciales, se ha intimado a las distintas administraciones municipales a fijar plazos y llevar adelante las medidas correspondientes. Y en este orden, la organización socio ambiental pide que se apliquen multas por estas faltas y se identifique a los funcionarios responsables que sucesivamente no aplicar lo resuelto por la Justicia, señala el escrito.

Volcadero en Parana Foto:Gustavo Cabral

Ante esta solicitud, la titular del Juzgado N° 5 con competencia residual del ex Juzgado Civil y Comercial N° 8, Yanina Yzet, intimó a que la Municipalidad de Paraná y el Gobierno provincial en la representación de la Secretaría de Ambiente y la Fiscalía de Estado informen al respecto.

 

INVIABILIDAD

 

Tras el aviso de Yzet, la Provincia respondió en un escrito con fecha 30 de abril con la firma del fiscal Adjunto, Martín Alejandro Rettore Elena, y el director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez. “Respecto de la intimación judicial cursada”, así como “los fundamentos vertidos por el Foro Ecologista de Paraná en el marco de la ejecución de sentencia” dijeron que “desde una perspectiva estrictamente jurisdiccional, resulta imperativo delimitar las esferas de competencia concurrentes”. En este orden, Rettore y Gómez precisan que la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 10.311, de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), “ejerce facultades de control, fiscalización y asistencia técnica”. Pero que “no obstante, dicha concurrencia no debe confundirse con una traslación de la competencia operativa primaria, la cual, en virtud del régimen municipal y la normativa específica de gestión de residuos, recae exclusivamente sobre la Municipalidad de Paraná en lo que respecta a la higiene urbana y la disposición final de sus RSU”.

 

Planteada esta cuestión, donde la Fiscalía de Estado y Cambio Climático señalan que “el demandado en la acción en curso es la Municipalidad de Paraná, corresponde informar, a los efectos de dar un marco histórico e institucional a este asunto, que la pretensión de la actora (el Foro Ecologista) de configurar un ‘incumplimiento estatal prolongado y sistemático’ incurre en un reduccionismo que omite las transformaciones territoriales de carácter irreversible ocurridas en la última década. El Plan Provincial GIRSU, que el Foro señala como un recurso disponible pero no ejecutado, se vio neutralizado por una colisión de políticas públicas de incompatible coexistencia. La implantación de un núcleo habitacional de 500 viviendas sociales a escasos 800 metros del predio originalmente previsto para el Relleno Sanitario de la ciudad de Paraná y su área metropolitana (zona de calles Selva de Montiel y Juan Báez de la ciudad de Paraná) anuló la factibilidad ambiental del sitio”, señala la respuesta conocida por ERA Verde.

 

El encuadre histórico al que refieren Rettore y Gómez lleva a en una línea de tiempo a abril de 2018 cuando el entonces intendente, Sergio Varisco, suscribió con quien fuera el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, un acuerdo para la construcción de un nuevo relleno sanitario para la ciudad. El proyecto preveía un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y establecía un llamado a licitación para llevar adelante la obra en el sur de la capital entrerriana, y así concluir “con más de 80 años de volcadero a cielo abierto”.

 

A esta idea que no prospero se le superpuso, en marzo de 2019, el anuncio de un complejo de 500 unidades habitacionales a ubicarse en calles Juan Báez, Selva de Montiel y calle Pública N° 751 de Paraná. Con plazo de ejecución de 21 meses corridos para las viviendas y de 17 meses para las obras de infraestructura, la novedad la dio a conocer el ex vicegobernador, Adán Bahl, y el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) de entonces, Marcelo Casaretto.

 

“Desde una perspectiva técnica, la consolidación urbana lindante anuló las distancias mínimas de amortiguamiento e impacto que exigen los estándares de seguridad para centros de disposición final y, por ende, la posibilidad de acceder y utilizar el financiamiento internacional disponible en ese momento, el cual formaba parte del Presupuesto Nacional”, explicó el fiscal Adjunto y el director de Cambio Climático de Entre Ríos.

POSIBLE SALIDA

 

Rettore y Gómez rechazan “la tesis de la inacción sugerida en el informe” del Foro Ecologista e indican que la actual gestión de gobierno comenzó “una transición hacia una solución de escala regional que garantice la sostenibilidad del sistema en el marco de la articulación público privada. Prueba de ello es la reciente reunión del Gobernador con los intendentes del área metropolitana (Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, entre otros) para avanzar en el proyecto del Parque Ambiental del Gran Paraná, como ha quedado documentado públicamente. El Estado provincial se encuentra coordinando con el Consorcio Interjurisdiccional la identificación de nuevos predios —evaluando alternativas como terrenos del Ejército que carecen de urbanización cercana— que cumplan con las condiciones de seguridad y distancia que el sitio anterior perdió”.

 

En este sentido, desde el Ejecutivo entrerriano –explica la respuesta conocida por ERA Verde a la jueza Yzet–, entienden que la “gestión interjurisdiccional demuestra que la Provincia cumple con su rol de asistencia técnica y fiscalización bajo la Ley 10.311, fomentando la regionalización del tratamiento de RSU como la única vía técnica viable para el cierre definitivo de vertederos a cielo abierto. Finalmente, respecto a la intimación por falta de informes que motivara el proveído judicial, es dable aclarar que la Defensoría del Pueblo de Paraná ejerce la Secretaría Técnica y la coordinación administrativa de la Mesa de Diálogo”, señala Rettore para desligarse de este punto donde la “Secretaría de Ambiente ha mantenido una participación constante y proactiva en dicho espacio —incluyendo mi intervención personal en las últimas audiencias—, aportando los criterios técnicos necesarios”.

 

Fotos: Archivo Gustavo Roger Cabral

Silvio Méndez

De la Redacción de ERA Verde