La Secretaría de Ambiente sancionó con una multa de $36.998.349 a un particular por el transporte y acopio irregular de envases vacíos de agrotóxicos, en incumpliendo de la normativa vigente. Se trata de la segunda sanción por el tráfico ilegal de este tipo de residuos peligrosos que pretendía trasladar a la ciudad de Rosario, una vez que los recolectaba en localidades entrerrianas, confirmaron oficialmente a ERA Verde. Por el primer hecho se lo castigó con el paso de $38.878.101. Se trata de “una práctica que pone en riesgo la salud de la población”, comentaron en el parte gubernamental.

El escarmiento monetario se originó tras dos operativos realizados por personal de la Policía de Entre Ríos en la intersección de las rutas provincial N° 11 y la ruta nacional N° 174, en la rotonda de ingreso hacia el puente Victoria-Rosario. En el primer hecho, en la noche del 1 de noviembre de 2024, se interceptó a dos ciudadanos oriundos de Granadero Baigorria en un camión con acoplado donde llevaban unos 4.000 recipientes utilizados para albergar fitosanitarios. Por este accionar fuera de la ley se los multó con los casi $39 millones.

Ahora, se conoció una nueva multa, con uno de los mismos involucrados y por el mismo intento de llevar de forma ilegal envases agroquímicos desde Entre Ríos hasta la vecina provincia de Santa Fe. En este segundo envío se detectaron más de 900 bidones ocultos en vehículo de transporte.

 

MODUS OPERANDI

 

De acuerdo a lo que trascendió a ERA Verde, el negocio ilegal consiste en la compra de los envases usados de agroquímicos en distintas fincas rurales entrerrianas que luego era revendidas “al mejor postor” en lugares del gran Rosario, donde se tritura el material plástico para luego acondicionarlo para ser reutilizado. Se comprobó que hace una “cosecha” de envases en campos de Alcaraz, Bovril, Hernandarias, Santa Elena, María Grande, Gualeguay y Villaguay. Luego, la carga pasa por un fraccionamiento grueso y se la lleva para ingresar al mercado de operadores rosarinos.

La autoridad ambiental destacó la gravedad del hecho, al constatarse que el infractor intentó ocultar la carga para evadir los controles policiales y que los materiales eran transportados hacia destinos no autorizados. Según las actuaciones, el transporte se realizaba con fines comerciales y de lucro, sin ningún tipo de habilitación ambiental, ni protocolo de seguridad.

 

Se apuntó que la resolución de la Secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, obliga al infractor a abonar el monto en un plazo de 10 días. De este modo, se dijo, “la provincia reafirma su compromiso con la fiscalización territorial y apela a la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroindustrial para utilizar exclusivamente los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados, asegurando así un ambiente sano para todos los entrerrianos”.

 

De la Redacción de ERA Verde