Frente a un Estado que se reconfigura en sus tareas, la agenda ambiental parece estar sostenida cada vez más por la sociedad civil; ONG, asambleas y la ciudadanía movilizada. En el Poder Legislativo, la visión de la diputada Lorena Arrozogaray (MxER–PJ) debe focalizarse en poder estar atentos y acompañar estas iniciativas. En el debate y balance propuesto por ERA Verde, la representante oriunda de Gualeguaychú destacó que en el período pasado impulsó el proyecto para la creación de Fiscalías Ambientales, “convencida de que no hay derecho a un ambiente sano sin un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar los delitos ambientales con especialización y rapidez”. En cuando a los desafíos, Arrozogaray planteó el fortalecimiento de “la participación comunitaria en las decisiones que afectan al ambiente y al territorio” con “instancias de consulta efectiva y mecanismos de control social que permitan a las comunidades incidir en las políticas que impactan en su vida cotidiana”.

 

1- ¿Qué se debería destacar del período que pasó?
–El período que pasó estuvo marcado por un contexto social, económico e institucional complejo, atravesado por un corrimiento del Estado en áreas estratégicas y por un escenario que, en muchos casos, tendió a relegar la agenda ambiental frente a otras prioridades. En ese marco, considero fundamental destacar que la agenda socioambiental logró sostenerse, resistir y seguir interpelando al debate público gracias al trabajo persistente de organizaciones, colectivos territoriales, comunidades educativas y ciudadanos comprometidos con la defensa de los bienes comunes.

En Entre Ríos, los conflictos vinculados al uso del suelo, la contaminación, los incendios, la protección de los cursos de agua y el ordenamiento territorial siguieron siendo parte de la agenda pública porque hay comunidades organizadas que no aceptan que estos temas queden invisibilizados. Ese trabajo territorial es el que permitió que la agenda socioambiental sea una discusión profundamente política, ligada a la salud, al desarrollo y a los derechos.

 

Desde el ámbito legislativo, durante 2025 impulsé iniciativas propias y acompañé diferentes iniciativas como pedidos de informes y proyectos vinculados a situaciones de posible contaminación ambiental, controles realizados por los organismos competentes, evaluaciones de impacto ambiental y acciones de remediación, especialmente en relación con cursos de agua y zonas urbanas, entendiendo que el rol del Poder Legislativo no puede ser pasivo frente a estos conflictos. Acompañar pedidos de informes es exigir información pública, es interpelar al Ejecutivo y es poner en discusión aquello que muchas veces se intenta resolver sin transparencia ni participación social.

 

En ese sentido, presenté el proyecto para la creación de Fiscalías Ambientales, convencida de que no hay derecho a un ambiente sano sin un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar los delitos ambientales con especialización y rapidez. Este proyecto propone la creación de Unidades Fiscales específicas para la investigación de delitos ambientales, con el objetivo de dotar al sistema judicial de herramientas técnicas y jurídicas adecuadas para intervenir frente a hechos de contaminación, incendios y otros daños ambientales que afectan directamente a las comunidades. La impunidad frente a los daños ambientales es el resultado de estructuras débiles y de decisiones políticas que postergan el cuidado del ambiente.

 

También acompañé diferentes iniciativas como proyectos que buscan incorporar la perspectiva ambiental en la planificación presupuestaria, porque las políticas ambientales además de las declaraciones de principios, necesitan recursos concretos y decisiones claras. El proyecto de Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas tuvo debate y avance legislativo durante este 2025 y busca establecer un marco normativo integral que ordene las actividades económicas desde una perspectiva ambiental, garantizando la preservación de los bienes naturales y el derecho a un ambiente sano, y fijando responsabilidades claras para el Estado y los actores privados.

El proyecto de Presupuesto con Perspectiva Ambiental, en el que participé como coautora plantea la incorporación de criterios ambientales en la planificación presupuestaria provincial, entendiendo que la protección del ambiente requiere asignación de recursos concretos y no puede quedar limitada a declaraciones de intención.

 

2- ¿Qué se encuentra en proceso, está germinando y hay que ayudar a que crezca?

–Uno de los procesos más importantes que se encuentra en marcha es el fortalecimiento de una mirada que entiende que lo ambiental y lo social son dimensiones inseparables. Cada vez resulta más evidente que los impactos ambientales afectan de manera directa y desigual a las comunidades, profundizando brechas existentes y vulnerando derechos básicos como el acceso al agua, a la salud y a un hábitat digno.

 

Hay una conciencia más amplia respecto de que muchos de los conflictos socioambientales tienen su origen en modelos productivos que priorizan la rentabilidad a corto plazo por sobre el cuidado del territorio y la vida de las comunidades. Ayudar a que esta mirada crezca implica disputar sentidos, cuestionar el concepto tradicional de desarrollo y abrir el debate sobre qué tipo de provincia queremos construir. En este proceso también se fortalece un entramado de experiencias de la economía social que proponen formas alternativas de producción y consumo, más responsables, con arraigo territorial y menor impacto ambiental. Estas experiencias son respuestas concretas frente a un modelo que genera exclusión y deterioro ambiental. Desde mi rol legislativo, acompañé diferentes iniciativas orientadas a fortalecer estos procesos, entendiendo que el Estado debe crear condiciones para que crezcan, se consoliden y sean reconocidos como parte de una estrategia de desarrollo integral.

 

Ayudar a que estos procesos se desarrollen implica también garantizar marcos normativos adecuados, financiamiento y políticas públicas que no reproduzcan desigualdades ni concentren beneficios en pocos sectores.

3- ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que deberíamos encarar de forma comunitaria?

–Uno de los desafíos inmediatos más importantes es fortalecer la participación comunitaria en las decisiones que afectan al ambiente y al territorio. No alcanza con leyes si no hay acceso real a la información pública, instancias de consulta efectiva y mecanismos de control social que permitan a las comunidades incidir en las políticas que impactan en su vida cotidiana.

 

Otro desafío central es asumir que la crisis socioambiental no es un problema técnico, sino profundamente político. Implica discutir modelos productivos, prioridades presupuestarias y el rol del Estado como garante de derechos. El ambiente no puede seguir siendo una variable de ajuste ni quedar subordinado a intereses económicos concentrados.

 

También es clave consolidar una agenda socioambiental con perspectiva local y federal, que reconozca las particularidades de cada territorio de Entre Ríos y dialogue con los debates globales sobre cambio climático y sostenibilidad, sin imponer soluciones uniformes que desconozcan las realidades locales.

 

Considero que el mayor desafío es sostener la organización colectiva frente a un contexto que tiende a fragmentar y despolitizar los conflictos ambientales. No hay salidas individuales a una crisis que es estructural. La respuesta debe ser articulada, con un Estado presente que asuma su responsabilidad y con una ciudadanía organizada que defienda el ambiente como bien común y como derecho.

 

De la Redacción de ERA Verde