El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos se expidió en la causa del amparo ambiental interpuesto por Fundación Cauce contra la firma Cristamine SA y el Gobierno de Entre Ríos por el bloque del arroyo “El Salto”, en el paso “Puente de Piedra”, que une las localidades de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo en el departamento Diamante. El máximo tribunal confirmó la responsabilidad del Estado para garantizar el libre fluir de curso de agua y, en este sentido, mandó examinar “la efectiva existencia de daños producidos al suelo, la fauna, y /o cualquier otro componente del ambiente”, precisa en el escrito al que accedió ERA Verde. Ordena esta diligencia para determinar una posible recomposición o, en caso de no ser posible, “fijar la indemnización correspondiente”. También dispone que se “otorgue y garantice la debida participación ciudadana en el proceso de evaluación”.
Con la firma de los vocales Daniel Omar Carubia, Laura Mariana Soage, Gisela Nerea Schumacher, Susana Medina y Germán Reynaldo F. Carlomagno, determinaron que el Estado provincial garantice la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental por la obstrucción de arroyo El Salto por parte de la empresa Cristamine SA. Esto lo determinó para que se realice antes de que se otorgue el certificado de aptitud ambiental para que opere en la zona donde la ONG Cauce denunció que alteró el curso de agua. “Esto cobra especial importancia sobre la parcela 24.856, explotada durante años sin autorización”, señaló la entidad al dar a conocer la noticia.
Como se recordará, en abril pasado, el juez Edgardo Cossy resolvió admitir la acción de amparo ambiental interpuesta contra la minera que explota una cantera de silicio en ese sector entre Aldea Brasilera y Aldea Salto, para lo cual construyó un terraplén que impide “conectividad” del curso de agua, “afectando así a la fauna que lo habita”. Apelada esta sentencia, el STJ se expidió este 2 de julio y determinó rechazar el recurso presentado por la Fiscalía de Estado,. Ratificando la condena que obliga al Estado provincial a realizar las obras necesarias para asegurar el curso natural del arroyo.
Ordenan a Cristamine SA a que libere el fluir del arroyo “El Salto” en Aldea Brasilera
TAREAS A 30 DÍAS
Para el cumplimiento de la sentencia, ordena a la Secretaría de Ambiente que “en el plazo de treinta (30) días presente un Plan de trabajo, indicando participantes (públicos o privados) que podrían colaborar en la investigación (organismos técnicos específicos, ONG, Colegios profesionales, Universidades de la región), detallando tiempos y medidas de acción a llevar a cabo a fin de determinar: (i) la efectiva existencia de daños producidos al suelo, la fauna, y /o cualquier otro componente del ambiente en la parcela 24.856; indicando, en caso de constatarlos, si estos resultan
posibles de recomponer; (ii) la existencia de daño en el ambiente en el Arroyo “El Salto” en lo que respecta a las zonas en las cuales se desvió su curso por la construcción del terraplén, hoy inexistente, indicando, en caso de constatarlo, si resulta posible recomponer; (iii) medidas a implementar, posible impacto y tiempo que demandará su realización”, se detalla en el fallo conocido por ERA Verde.
Asimismo,los magistrado mandan que en el informe defina “la posibilidad de recomposición y/o mitigación del daño ambiental que se considere acreditado”, para lo cual “deberá el juez mandar a ejecutar dichas medidas, a cargo de la empresa Cristamine SA”. Y “en caso de no ser posible, fijará la indemnización correspondiente y/o determinará los medios pertinentes para su fijación, pago y efectivo depósito”, apuntó.
Desde Cauce se puso en relieve que “el fallo no sólo le exige una respuesta técnica, sino también una articulación con diversos actores sociales y académicos para cumplir con su misión institucional y el principio de recomposición ambiental”. Destacó asimismo que “en la causa, Fundación Cauce logró la ratificación del derecho al libre fluir de los ríos, sino también la garantía del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre actividades que afectan al ambiente y la salud colectiva. Seguimos trabajando por ríos libres y comunidades activas en la defensa de sus territorios”, finalizó.
De la Redacción de ERA Verde