“La historia no los absolverá” dice el comunicado de la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos Basta es Basta, en un fuerte reproche a los poderes del Estado entrerriano que no lograron resolver el conflicto abierto por el envenenamiento de las comunidades educativas rurales producto de las fumigaciones. No lo pudo resolver la Legislatura tras dos años de trabajo de una Comisión Bicameral que se empantanó en 2018 con proyecto de ley en las puertas de Diputados. Tampoco pudo el Ejecutivo con dos decretos; el primero declarado nulo en 2019 e impugnado en sucesivas oportunidades el segundo. Y la Justicia también se le escapó la oportunidad de zanjar la cuestión luego de que el Superior Tribunal contradijera una resolución que antes había dejado firme para establecer ciertos parámetros y condiciones que permitieran asegurar la salud de niños, niñas, familias y docentes rurales. Primera estableció límites de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y 3.000 para las aéreas, y luego dio el visto bueno para que el Ejecutivo las acorte a 100 y 500 metros.

 

Así las cosas, este miércoles 19 de febrero, el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente frente a la última decisión del STJ que les negó el recurso extraordinario federal dejando como única vía la queja ante los supremos. “Es el último escalón para solicitar que la Corte trate el expediente de escuelas rurales fumigadas de Entre Ríos”, admitieron en su declaración las demandantes. “La última sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de nuestra provincia (28 de octubre de 2019) es arbitraria y sin fundamentos porque omite el tratamiento y consideración de la abundante prueba científica aportada por las organizaciones; omite de manera grosera la evidencia presentada por el daño genético que registran nuestros niños y niñas rurales en investigaciones del Conicet.; un asunto previamente avalado ya en cinco oportunidades por el Supremo Tribunal, con otra composición de jueces. Esto contradice un principio fundamental del derecho que es ‘la cosa Juzgada’”, se indicó.

 

En la exposición de argumentos, la Coordinadora Basta es Basta reitera que “hoy las pulverizaciones con agroquímicos y la distancia de exposición directa adquiere relevancia nacional y es una oportunidad para que exista un debate democrático sobre los tóxicos a los que estamos sobreexpuestos todas y todos los argentinos ya que se utilizan alrededor de 500 millones de litros/kilos anuales para la agricultura industrial. Nuestra causa permite democratizar el debate sobre el sistema productivo que queremos para nuestro país. ¿Continuamos con un modelo agrícola agotado, concentrado y que nos contamina, o transitamos un cambio hacia un sistema agroecológico que incluye, regenera y alimenta?”, se pregunta.

 

“Este caso no apunta contra el Estado entrerriano o un sector de la agroindustria; sino que es una causa a favor de todas y todos los entrerrianos y una oportunidad para construir el país y una vida en paz que nos merecemos”, subrayan las organizacionesa ambientales y sociales que piden “¡Que sea justicia!”.

Finalmente, el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto provincial que acorta las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos en inmediaciones de los establecimientos educativos será dirimido en el máximo tribunal de la Nación.

De la Redacción de ERA Verde