Por Luisina Gareis (*). Las organizaciones ambientalistas de la ciudad de Paraná convocaron abiertamente a una concentración frente a la legislatura para la mañana en la cual la Cámara de Diputados votaría la ley de “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos”. Las “multitudes” indignadas que esperaba encontrarme en la puerta de la Casa de Gobierno se reducían a unas escasas ocho personas sentadas a un lado de Plaza Mansilla. Luego se sumaron algunos más, mientras que se sucedían negociaciones con el personal de seguridad sobre cuántas personas podían ingresar al recinto para presenciar la sesión. “¿Sin mate?”, preguntamos. “Sin; pero los pueden dejar en la cabina de policía de la entrada” “¿Podemos entrar las banderas?” “Sí, pero sin palos”. Así ingresamos entre 15 y 18 personas al recinto; afortunadas quienes pudimos llevar nuestro cuerpo hasta allí. Habrá habido muchos y muchas con el corazón estrujado del futuro ecocidio que se votaría sin poder hacerse presentes. Muchos más serán los que no se habrían enterado. No debe ser una sorpresa lo que parezca contradictorio: Las posverdades fueron las protagonistas de esta jornada.
Una vez adentro, subimos al segundo piso donde, en cada “palco”, como les llamó un policía, debíamos ubicarnos sólo 5 personas. No había sillas. Nos distribuimos en la mitad izquierda del hemiciclo, mirando hacía la mesa alta donde se sienta el presidente de la Cámara, Gustavo Rene Hein, junto a dos mujeres. De la baranda se colgó una bandera pintada de verde y otros colores que se pronuncia en contra de los agrotóxicos y a favor de la vida.
Los palcos del primer piso estaban colmados de personas, sentadas, que vestían de manera formal y elegante. Parecían conversar alegremente y se saludaban con algunos/as diputadas a medida que ingresaban al recinto. Se encontraban allí quienes serían beneficiarios directa o indirectamente de aquella ley. Por ejemplo, estaba la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) que, además de haber llevado su bandera, lo hizo público en su perfil de Instagram. También estaba sentado en primera fila y muy sonriente Pablo Guelperín, ingeniero agrónomo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos. Esta última nuclea a 31 instituciones entre público y privado y, según declaran en su página, su misión es: “Nuestros esfuerzos están enfocados en contribuir al desarrollo productivo sostenible, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias para garantizar el cuidado del medio ambiente y de las personas que trabajan en el sector”. Según trascendió en los pasillos de la Legislatura, es uno de los arquitectos de apoyo al proyecto de ley.
Fueron aproximadamente cuarenta minutos de espera a medida que los y las diputadas ingresaban, saludaban, se sacan fotos posando como si fueran modelos, pedían café. Desde arriba, entre quienes observábamos la escena de aquellos trabajadores estatales bien remunerados, se comentaba que ninguno/a parecía preocupado/a por lo que decían las leyes y proyectos que se iban a dirimir a continuación.
Todo el acto fue muy protocolar de inicio a fin. El primer orador fue el diputado provincial de Juntos por Entre Ríos (JxER), Juan Manuel Rossi, quien preside el Partido Socialista (PS) de Entre Ríos. Se perfila desde los nombres de los partidos (que se aúnan en una sola persona) lo ficcional que fue toda aquella escena: aquellas siglas deberían contener significados antagónicos, al menos ideológicamente, en términos de los valores que persiguen (o deberían): la derecha encabezada por Juntos por el Cambio y el socialismo que en algún momento proclamó luchar por la justicia social, para la cual el uso que hagamos del ambiente es fundamental. En la actualidad argentina, a lo largo de las trayectorias de los dirigentes políticos conviven, se solapan o son consecutivos discursos divergentes. Práctica conocida como “cambiarse de camiseta o de bando”. Este hábito político facilitó la naturalidad con la cual se desenvolvió la jornada.
Con expresión tensa, Rossi comenzó su discurso explicando que se viene a derogar una ley que estaba en vigencia desde la última dictadura militar, aunque fue ratificada en 1983. Desde entonces, según informó, hay una maraña de resoluciones ministeriales, amparos ambientales, entre otras, que se pretenden ordenar. ¿Orden y progreso, de nuevo? Además, el diputado recalcó que dicha ley proviene de un proyecto presentado en el 2022 por el ex gobernador Gustavo Bordet, ¿peronista?
Algunas posverdades mencionadas:
- Se dijo que la ley tiene una perspectiva ambiental ya que viene a sortear el desafío de resguardar nuestros ríos, arroyos, cuencas, humedales, áreas naturales protegidas. Además, declaró el diputado que es una ley de avanzada en términos productivos, ambientales, en salud y en la protección de los trabajadores rurales. Además, pronunció que se habían guiado con los lineamientos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y otros organismos internacionales. Así dicho, no dice nada.
- En más de una ocasión, Rossi en su discurso mencionó que se había llegado a un consenso con gran diversidad de actores para aprobar esta ley. Se explicitó que conversaron con gente de la ciencia, médicos, pequeños y medianos productores (¿a los grandes no se les preguntó?), organizaciones ambientalistas, directores de escuelas rurales y personas del Consejo General de Educación, gremios, entre otros. Sin embargo, no se detalla cómo ni entre quienes se alcanzó el consenso. ¿Será que todos estos actores están de acuerdo con lo que dice esta ley? La presencia de quienes estaban en el segundo piso evidencia desacuerdos. Además, se puede revisar el documento con fecha 11 de abril de 2024 de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente sobre el expediente de dicha ley donde se enumera que muchos de estos diálogos impugnaban el proyecto.
- Se mencionó como parte de los acuerdos, las distancias permitidas de fumigación. El capítulo 3° del proyecto que trata sobre “escuelas rurales y salud”, dice:
Artículo 68º.- Escuelas rurales. Si bien las escuelas rurales son consideradas áreas sensibles con asentamiento de personas, sin embargo, en estos establecimientos educativos se determinan los límites siguientes. a) En la zonas de exclusión, en los términos del artículo 63º, corresponde un sector que abarca, para aplicaciones con equipos de accionamiento manual o con vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde el perímetro del establecimiento educativo hasta un radio de 15 metros inclusive; para aplicaciones terrestres, desde el perímetro del establecimiento educativo hasta un radio de 150 metros inclusive y; para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde el perímetro del establecimiento educativo hasta un radio de 500 metros inclusive.
Si bien a nivel internacional como nacional no hay regulación que estipule estas distancias, en el 2019 un fallo judicial provincial limitaba (nuevamente) las fumigaciones terrestres a 1.000 metros y a 3.000 metros las aéreas del casco de las escuelas. Además, se preveían barreras de árboles necesarias (¿alguien quiere calcular cuánto demora en crecer una barrera de árboles y quién las pondrá regar, cuidar y mantener?) y se vetó las pulverizaciones en horario escolar. El fallo está respaldado por informes científicos que muestran los riesgos a la salud que puede traer la disminución de dichas distancias. Esta resolución judicial comenzó como una demanda del Foro Ecologista de Paraná y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, lo que evidencia la falta de acuerdos entre los actores.
A medida que Juan Manuel Rossi dirigía palabras como verdades, se escuchaban frases que buscan impugnarlas. Aunque escasas, aquellas intervenciones hacían sentir la rabia e impotencia que bajaba desde el segundo piso. Al terminar este discurso, la diputada María Laura Stratta pidió la palabra para decir tímidamente que ella junto a otras diputadas de su bloque no acompañarían este proyecto. Sin argumento alguno, se llamó a votación. Se aprobó bajo el silencio de un velorio. Ganaron con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza y con algunos del bloque peronista. Esta es una crónica de una muerte que ya estaba anunciada, por eso los verdugos hoy fueron convocados al recinto. Ahora tienen mucha más libertad para envenenarnos.
(*) Antropóloga.