La legisladora por Paraná en la Cámara de Diputados provincial, Stefania Cora (UP-PJ), ingresó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer las condiciones y cómo se efectúan los controles de la actividad cinegética en Entre Ríos. En el escrito al que accedió a ERA Verde, pide precisiones respecto a “cuántos son los cotos de caza” están habilitados, “los registros de poblaciones de especies habilitadas” para dispararles y “cuál es el criterio para establecer zonas habilitadas para el ejercicio de la actividad”.
Habilitan la caza de autóctonas en Entre Ríos con aumento en variedad y cantidad
En la Cámara Baja provincial ingresó un pedido de informes de la diputada Stefania Cora (UP-PJ) que plantea conocer “las medidas adoptadas para el control y cumplimiento efectivo de los artículos 4º, 5º, 6º de la Resolución 997/2024 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización”. La mencionada normativa habilita y establece los criterios para la temporada de caza menor en Entre Ríos.
En este sentido, la legisladora por Paraná precisa conocer datos sobre “cuántos son los cotos de caza particulares autorizados y habilitados en la provincia de Entre Ríos, indicando ubicación y extensión de la superficie afectada a la caza”; la información con la que cuenta la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización sobre “los registros de poblaciones de especies habilitadas para la caza”, en cuanto “su situación actual y distribución territorial”, así como puedan darse detalles sobre la cantidad de “permisos de caza existen en la actualidad y cuál es el criterio para establecer zonas habilitadas para el ejercicio de la actividad”.
Entre los fundamentos, en el escrito conocido por ERA Verde, Cora señala que “la base de una gestión pública que busque armonizar el desarrollo económico con el desarrollo humano y social debe incluir estudios de impacto ambiental serios e independientes, acceso a la información pública, consulta a especialistas y la creación de espacios participativos donde las comunidades puedan expresar sus inquietudes y proponer soluciones. Todos estos elementos están claramente detallados en el cuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe”.
Con críticas a la resolución 997/2024, al considera este marco normativo como una “amenaza directa a la biodiversidad, atacando la población de aves nativas que deberían estar protegidas”, la diputada expresa que “es imperativo que la gestión de los cotos de caza sea sostenible, asegurando la conservación de la biodiversidad y el manejo responsable de las poblaciones de fauna silvestre. Además, se debe fomentar el desarrollo económico de las comunidades locales de manera ética y respetuosa con el medio ambiente”.
De la Redacción de ERA Verde