La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inauguró un “aulario de usos múltiples”. Lo hizo sobre la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. Pero lo que podría haber sido una celebración fue un momento para que una vez más se expresaran las protesta por haber realizado ese complejo edilicio en un lugar “que formaba parte de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria y del humedal”, señalaron desde el colectivo Comunidad por la Naturaleza. “Sin dudas, la escuela podría haberse construido en otro terreno, sin destruir el ecosistema”, expresaron en un comunicado a ERA Verde, en donde apuntaron al desmonte que hubo que realizar para la obra. Desde la organización advirtieron que “en ese espacio natural y cultural en disputa, se pretende seguir expandiendo el desmonte 30 metros más hacia el este, con una superficie que podría rondar los 1.200 m2”, apuntaron.
La controversia por la construcción del complejo aúlico se remonta a noviembre de 2020, cuando todo era un proyecto y la UNL inició el proceso de licitación para lo que se inauguró finalmente este miércoles 25 de octubre. Lo que en ese momento se dio a conocer, que sería un coqueto edificio, “una obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, señala la prensa reproduciendo una gacetilla oficial. En junio de 2021 se dio a conocer que hubo 17 oferentes, y que Coemyc SA resultó la empresa ganadora para llevar “la primera etapa” del “edificio polifuncional y versátil de 4.860 m2 cubiertos y semicubiertos –en una segunda sería de 1.492 m2 en el marco de un pretencioso “Masterplan de Ciudad Universitaria”, con una inversión de $239.778.129,60 aportados por el Programa Federal de Inversión en Infraestructura Universitaria.
Ese año, en 2021, hubo presentaciones al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que, en los hechos, no tuvieron eco. “La construcción de este edificio implicó desmonte de bosque nativo –protegido por la Ley de Bosques–, destrucción de senderos y miradores ecológicos, y constituye una gran pérdida en la calidad del hábitat para la fauna”, recordaron desde Comunidad por la Naturaleza.
Desde el movimiento señalaron que “el funcionamiento de una escuela secundaria en ese sector afectará sin dudas, la posibilidad de disfrutar de los sonidos de la naturaleza y del paisaje natural que buscaban lxs visitantes de la Reserva. A diferencia de lo que sucederá en ese edificio, las visitas que antes recorrían esos senderos encontraban allí ‘una escuela a cielo abierto’, accesible y gratuita, para la educación ambiental de todxs lxs ciudadanxs. Hoy, ese edificio moderno que dice ser ‘sustentable’, beneficiará solo a un grupo selecto de estudiantes, aumentará la contaminación lumínica, visual y sonora, y sus enormes ventanas vidriadas serán un blanco fácil para las aves del lugar, entre otros impactos”, describieron.
SIN LICENCIA SOCIAL
Se recordó que “el proceso de autorización ambiental para la construcción de este edificio estuvo ceñido de múltiples irregularidades institucionales que incluyen a la UNL, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, al Ministerio de Ambiente de Nación, a la Municipalidad, a la Fundación Hábitat y Desarrollo y al CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los autores de esta obra dicen tener todos los permisos ambientales en regla, pero sabemos que esto es una absoluta falacia. La UNL fue eximida de presentar un estudio de impacto ambiental, y no fue habilitada una instancia de participación ciudadana; siendo evidente los múltiples impactos que esta obra genera sobre el ecosistema y la comunidad”.
Desde “Comunidad por la Naturaleza” hicieron un repaso de los antecedentes del polémico proyecto, donde se realizaron “numerosas denuncias con el fin de que se cumpliera con la normativa vigente y se reevalúe la autorización otorgada. La denuncia contó con el apoyo de cientos de personas que participación en las diversas manifestaciones realizadas y con el aval de más de 11.000 firmas. Pero una vez más, la ciudadanía no fue escuchada. Esta manera de hacer sin escuchar que demostró la UNL y las instituciones cómplices, parece responder a una lógica de propietario, en la que el título de propiedad y certificados obtenidos fraudulentamente, y todo lo que se hace ahí dentro, parece no ser de carácter público. La UNL siempre fue clara cuándo se expresa sobre Su proyecto; Su Masterplan, Su lote, Su reserva; cuando entendemos que se trata de Nuestra Universidad, de Nuestro monte nativo, de Nuestra biodiversidad, que el financiamiento de este proyecto es Nuestra deuda externa, que se realiza en Nuestro territorio y Sin Licencia Social”, hicieron saber. Subrayaron asimismo que la “visión que expresan quienes conducen la UNL, no deja permear otras opiniones y otras decisiones posibles en relación al ordenamiento de nuestro territorio: ¿para que se usa el suelo? ¿quiénes acceden? ¿cómo se usa? ¿cómo se cuida? ¿quiénes lo cuidan? ¿quiénes viven ahí?”, se preguntaron.
Por último se apuntó: “Estamos atravesando un proceso de crisis, que no es solo climática; sino también económica, productiva, educativa y de representación política. Requerimos un cambio disruptivo en la historia para construir condiciones de habitabilidad que se encuentran gravemente en riesgo y cada vez son más nocivas. Este arduo trabajo requiere de la generación de espacios participativos que incluya (con valor) el trabajo y el conocimiento que las organizaciones y movimientos sociales vienen desarrollado, y que normalmente, son las que sostienen los cuidados siempre invisibles. Entendemos que las convivencias y construcciones sociales tienen que ser comunitarias y en armonía con la naturaleza”.
De la Redacción de ERA Verde